Por mayoría calificada, el Congreso del Estado aprobó remover a Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), por encontrarse imposibilitado física y jurídicamente para ejercer el cargo, debido a su ausencia indefinida que deriva de su detención.
En sesión extraordinaria, con 36 votos a favor y tres abstenciones de los panistas Mónica Rodríguez, Nancy Jiménez, y Rafael Micalco, fue aprobado el dictamen de los integrantes de la Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado que solicitó su destitución.
A pesar de que fue señalado por presuntos actos de corrupción y retraso en la revisión de las cuentas públicas de sujetos obligados, el dictamen sólo actualizó como causa grave su ausencia definitiva del cargo.
Condiciones de legalidad, imparcialidad y honradez
En su intervención, la presidenta de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoria Superior del Estado, Olga Lucia Romero Garci Crespo, aseguró que con esta decisión se garantizarán las condiciones de legalidad, imparcialidad y honradez en las labores de fiscalización.
Recordó que con las reformas que se hicieron a la ley, se actualizaron las causas graves por las cuales se podía proceder con la destitución del titular de la ASE, de acuerdo con el Artículo 113 de la Constitución.
El pasado 3 de marzo de 2022 se inició formalmente el proceso especial de remoción, así como la metodología para realizarlo, “que permitió regular las etapas y que el titular de la dependencia se pudiera defender en todo momento”.
Aseguró que debido a su ausencia, Francisco Romero se encuentra imposibilitado física, material y jurídicamente para ejercer el cargo, lo que afecta la fiscalización de los sujetos obligados.
Juan Enrique Rivera Pérez, integrante de la Comisión, sostuvo que debido a la detención en contra del auditor, ajena al Poder Legislativo, no será posible que comparezca ante el pleno, por lo que la remoción es necesaria para devolverle sus facultades a la ASE. Añadió que la bancada priista votaría a favor del proyecto.
Por su parte, el diputado morenista Roberto Solís Valles llamó a sus compañeros a no caer en el juego de las acusaciones, sospechosismos y el uso de juicios de valor para analizar el tema, postura que fue respaldada por el presidente del Congreso, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Además, el diputado Iván Herrera Villagómez aseguró que la celeridad en la remoción del cargo habla de la responsabilidad del Poder Legislativo para garantizar el funcionamiento de las instituciones y confió que los perfiles que se
Oposición, con voto diferenciado
La diputada panista Mónica Rodríguez Della Vecchia aseguró que “el tiempo les dio la razón”, debido a que el auditor fue nombrado de manera ilegal, sin los 28 votos correspondientes de las y los integrantes de la legislatura pasada.
Aseguró que aquellos que lo designaron son los que quieren removerlos del cargo, y que el proceso al que calificó como simulado de la destitución se hubiera ahorrado “si hubieran desconocido al auditor, que al final nunca fue electo de forma oficial”.
Confió en que en esta segunda etapa, la persona que encabece el ente fiscalizador sea una persona capacitada, honesta y sin formación partidista, y adelantó un voto en abstención.
Oswaldo Jiménez López, coincidió con su compañera de bancada y recordó que en sesiones anteriores había advertido sobre las modificaciones a la Constitución para destituirlo; además, que el timing con el que realizan estas acciones lo hace pasar como “algo necesario y urgente”.
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Comentó que su voto sería a favor, por el bien mayor de la ciudadanía y en congruencia con su negativa que mantuvo desde la designación de Francisco Romero Serrano, realizada el pasado 27 de noviembre de 2019.
En tanto, Rafael Micalco Méndez acusó que la sesión estuvo fuera de la normatividad, por lo que su voto fue en reserva. “Hay que actuar en congruencia y en consecuencia”, comentó.
Previo a la votación, se solicitó que los diputados Roberto Solís Valle, Azucena Tapia, Eduardo Castillo López y Jorge Estefan Chidiac se abstuvieran de votar el dictamen, por posibles conflictos de interés al ser quienes presentaron solicitudes de remoción; sin embargo, la petición fue desechada por mayoría de votos.
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Foto: Agencia Enfoque