Francisco José Romero Serrano pasará a la historia por terminar su cargo sin cumplir los 6 años que tenía propuesto como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), después de que la mayoría calificada del Congreso de Puebla aprobó su destitución este jueves, en medio de señalamientos por corrupción.
El simpatizante de Morena fue nombrado como titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) el 29 de noviembre de 2019 hasta el 2026, pero no se cumplió. A dos años y cuatro meses después fue removido de su cargo, tras ser detenido y vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ambos procesos estuvieron envueltos en acusaciones de ineficiencia, conflictos de interés, así como especulaciones por parte del bloque panista, que se resumen en la cercanía que guardó con Morena previo a su designación y posterior a ella.
La tarde del jueves, con 36 votos a favor y 3 abstenciones de diputados panistas, el pleno del Congreso aprobó su remoción, ya que al estar preso, quedó imposibilitado física y jurídicamente para mantenerse al frente del órgano fiscalizador.
A partir de ahora, tendrá que nombrarse un encargado de despacho para que continúe con las labores de la dependencia, aunque hasta el momento no se ha precisado cómo o cuándo se realizará dicha designación.
De acuerdo con la diputada Olga Lucia Romero Garci Crespo, titular de la Comisión Control, Vigilancia y Evaluación, la responsabilidad recaería en Rubén de la Fuente Vélez, quien hasta el momento se ha desempeñado como auditor interino.
Oposición pide nuevo proceso de fiscalización
Durante la sesión extraordinaria, el diputado panista Oswaldo Jiménez López aseguró que no existen garantías sobre el trabajo que realizó Romero Serrano desde que asumió la titularidad de la ASE en 2019.
Resaltó que debido a las acusaciones en su contra por corrupción será necesario revisar de nuevo los dictámenes de los 347 sujetos obligados del estado de Puebla, para darles certeza jurídica, porque las tareas de fiscalización no pueden detenerse.
“En Puebla hay 347 sujetos obligados cuyas cuentas públicas son revisadas por la Auditoría Superior del Estado. Las que fueron revisadas y sancionadas por esta auditoría en muchos casos tendrán que ser nuevamente revisadas y sancionadas por la sospecha fundada de los malos manejos del auditor”
El panista aclaró que la destitución del auditor era necesaria, ya que el juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, Javier Vázquez Fernández, informó que la denuncia por violencia familiar que se le imputa al ex auditor podría tardar hasta dos años en resolverse.
También recordó que hace dos años, la bancada panista votó en contra de su nombramiento debido a su trayectoria laboral y e inclinación política.
Aquí no se está juzgando a nadie: Céspedes Peregrina
El presidente de Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina aseguró que este procesamiento no tiene razones ocultas y se trata únicamente del cumplimento de la ley.
“Aquí no estamos juzgando a nadie, que quede muy claro. Aquí estamos dando paso a un procedimiento administrativo ante la imposibilidad de poder cumplir con las obligaciones de quien en su momento funge como auditor y auditora. También es muy atrevido señalar el alineamiento de los diferentes poderes para poderlo hacer”, explicó.
Pidió priorizar el diálogo, las acciones, y cabildeo en lugar de caer en el juego de las acusaciones, sospechosísimos y el uso de juicios de valor para tomar decisiones, “porque eso no abona a la ciudadanía”.
El timing de la remoción
El pasado 21 de diciembre 2021, la jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Karla Patricia Ambrosio Vargas, giró una orden de aprehensión en contra de Francisco José Romero Serrano, por el conflicto suscitado en octubre.
De acuerdo con las autoridades, su esposa lo habría denunciado por violencia familiar, pero días después el entonces auditor acusó una persecución política en su contra y se amparó para evitar su detención.
En los primero días de enero de 2022, le concedieron al entonces auditor, de manera provisional, la suspensión de la orden de aprehensión en su contra.
Un mes después, Francisco Romero denunció que al menos 70 sujetos obligados evadieron su responsabilidad de entregar información necesaria para su fiscalización.
Explicó que Amanda López Nava, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), retrasó la entrega de documentos a la ASE, incurriendo con ello en el delito de obstrucción de la fiscalización.
El 14 de febrero, el Congreso del Estado de Puebla dio cuenta de la petición para suspenderlo temporalmente de su cargo, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar en contra de un menor de edad.
En el documento, con fecha de 13 de febrero de 2022, se explicó que tras la audiencia oral y pública, se decretó como medida cautelar la separación temporal del puesto, mientras se desahogaba la investigación.
Cuatro días después, la ASE actualizó su portal institucional y borró su nombre como el titular, poniendo a Rubén de la Fuente Vélez como auditor interino.
El pasado jueves 24 de febrero, la Mesa Directiva recibió la solicitud de remoción en contra del auditor, presentada por los diputados morenistas Azucena Rosas Tapia y Eduardo Castillo López. Un día después, el diputado Roberto Solís Valles presentó un segundo oficio con la misma petición.
El auditor fue detenido el 25 de febrero, durante un cateo domiciliario en el fraccionamiento La Vista Country Club, en San Andrés Cholula. La detención fue realizada por policías ministeriales.
El jueves 3 de marzo, el Congreso del Estado de Puebla presentó nuevas solicitudes y oficios para lograr su destitución, y al día siguiente, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) vinculó a proceso a Francisco Romero Serrano, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ilustración: Iván Rojas
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