Unicef cuestiona arresto de menores durante redadas en El Salvador

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió al gobierno de El Salvador que revise los cambios en la ley penal juvenil que permiten el arresto y condena de menores de edad.

El ente internacional manifestó su preocupación ante el aumento de la violencia entre pandillas en el país centroamericano y exhortó revisar las medidas que facilitan la captura de niños en los operativos de seguridad.

«En este momento decisivo, instamos encarecidamente al Gobierno de El Salvador a que revise los cambios en la ley penal juvenil. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes se aplican en todo momento, incluso en los estados de excepción», enfatizó Unicef en un comunicado publicado en su página web.

Enfatizó que se tratan de medidas que «no se ajustan a las disposiciones vinculantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual El Salvador forma parte».

El Fondo recordó que, de acuerdo con la legislación salvadoreña, los menores de entre 12 y 15 años podrían enfrentarse a penas de hasta diez años de prisión, mientras que para los mayores de 16 estas condenas pueden alcanzar los 20 años de cárcel.

Unicef recalcó que la detención de los menores solo se debe emplear «como medida de último recurso y durante el menor tiempo posible», pues el «encarcelamiento de niños y adolescentes no proporciona un entorno que mejore su desarrollo».

«Las medidas no privativas de libertad son mucho más rentables que la detención y generan mejores resultados para los propios niños, niñas, adolescentes y la sociedad en general. Todo niño, niña y adolescente debe estar protegido frente a la detención», añadió.

Según Unicef, las medidas punitivas «por sí solas no resolverán la violencia de las pandillas».

«Los niños, niñas y adolescentes pueden ser víctimas de violencia tanto por parte de las pandillas como siendo miembros de estas. Pueden ser reclutados y pueden ser utilizados», explicó.

Las redadas en El Salvador se realizan en el marco del régimen de excepción aprobado por el Congreso, a solicitud del presidente Nayib Bukele, quien ha amenazado a las pandillas con cortar el suministro de alimentos a los delincuentes que están en las cárceles.

Según Bukele, esta medida permitiría frenar la ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas.

En el marco de las redadas y operativos policiales, organizaciones de DDHH y ONG’s como Cristosal han denunciado más de 34 denuncias por abuso de la autoridad y detenciones arbitrarias.

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