Un tribunal peruano ordenó el martes 36 meses de prisión preventiva contra Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, sobrinos del presidente de Perú, Pedro Castillo, en el marco de una causa en la que se les acusa de colusión agravada, tráfico de influencias y organización criminal, delitos que ellos niegan y que adjudican a una «persecución política».
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial emitió el mismo fallo en contra de Bruno Pacheco, el exsecretario general de la Presidencia que duró solo cuatro meses en el cargo, ya que en noviembre pasado fue obligado a renunciar debido a un escándalo de corrupción que incluyó el hallazgo de 20.000 dólares en efectivo en el baño de su despacho oficial.
La lista de imputados se completa con los empresarios Zamir Villaverde y Luis Pasapera Adrianzén; y Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Más, exdirector y exfuncionario de Provías Descentralizado, una compañía que depende del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú.
Todos ellos están acusados de presunta complicidad para otorgar al Consorcio Puente Tarata un contrato de obra pública por un monto de 232,5 millones de soles (unos 62,8 millones de dólares), a cambio de sobornos, reseña RT.
La pena impuesta por el juez Manuel Antonio Chuyo no puede hacerse efectiva por ahora debido a que tanto los sobrinos del presidente como su exsecretario están prófugos y sin intenciones de entregarse a la Justicia.
Un escándalo más en Perú
Así lo dejó en claro Vázquez Castillo, uno de los sobrinos del presidente, que declaró el pasado lunes vía remota desde un lugar no identificado.
«Somos parte de una persecución política y mediática, me he puesto a buen recaudo porque las intenciones de la señora fiscal en este tema son lastimar no a mí, sino al Gobierno de turno», afirmó al negar todas las imputaciones en su contra, y que no solo se refieren a esta causa.
Desde que Castillo comenzó a gobernar en julio del año pasado, los primos empezaron a tener una asidua presencia en el Palacio de Gobierno e incluso se les vinculó con las reuniones clandestinas de gestión que llevó a cabo el presidente.
También se les relacionó con la empresaria Karelim López, quien, después de entrevistarse con el mandatario, logró contratos de obra pública para las empresas que representaba, lo que ha derivado en otra investigación por supuesto tráfico de influencias.
Vázquez Castillo aseguró que ni él ni su primo han recibido sobornos, ya sea dinero, regalos o viajes, para influir en las adjudicaciones, y que solo ha acudido a la sede gubernamental por asuntos familiares.
Pero la fiscalía no le cree. Por eso han pasado a encabezar la lista de prófugos más buscados del país. Por cada uno se ofrece una recompensa de 4.000 dólares, lo que, a su vez, se ha convertido en un escándalo para Castillo, un presidente que ha estado en crisis política permanente desde que asumió.
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