Acuerdo de Escazú: Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja votará proyecto que integra a Chile oficialmente al tratado

Uno de los actos más importantes en materia medioambiental y de derechos humanos del Presidente Gabriel Boric, a lo poco de haber asumido el mandato, fue firmar la adhesión al Acuerdo de Escazú. Sin embargo, esta fue solo la primera acción, ya que para su verdadera ratificación se necesita el acuerdo del Congreso, proceso que hoy vive una jornada clave en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja.

Acuerdo de Escazú: Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja votará proyecto que integra a Chile oficialmente al tratado

Autor: Francisca Valencia

Hoy a las 15.30 horas, en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, está prevista la votación del proyecto que busca finalmente ratificar el Acuerdo de Escazú en Chile.

El proyecto tiene una artículo único, cuya finalidad es aprobar el «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe» y su Anexo 1, adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.

El Acuerdo de Escazú es el resultado de una iniciativa de Chile como Estado, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), donde lideró el proceso de preparación y posteriormente sus etapas de negociaciones. Sin embargo, durante el segundo gobierno de Piñera (2018-2022) y debido a presiones de la gran industria extractivista, el entonces presidente se negó a firmar, echando por tierra el importante papel que jugó en sus inicios el Estado chileno para este acuerdo.

Uno de los actos más importantes en materia medioambiental y de derechos humanos del Presidente Gabriel Boric, a lo poco de haber asumido el mandato, fue firmar la adhesión al Acuerdo de Escazú. Sin embargo, esta fue solo la primera acción, ya que para su verdadera ratificación se necesita el acuerdo del Congreso.

El Acuerdo de Escazú consta de una extensión de poco más de 40 páginas. De manera general, el tratado busca garantizar la implementación “plena y efectiva” de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia, contribuyendo a la protección del derecho a vivir en un ambiente sano.

El tratado consagra el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales, particularmente respecto de proyectos o actividades de impacto significativo sobre el medio ambiente. Además incluye aquellos que afecten la salud y asuntos ambientales de interés público.

La jornada de hoy será clave para dilucidar si el acuerdo avanzará o retrocederá en el Congreso chileno. La trasmisión puede ser seguida a través del canal oficial de la Cámara de Diputadas y Diputados, desde las 15.30 horas.


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