La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado, presidida por el diputado del PRI, Jorge Estefan Chidiac, frenó las solicitudes de tres municipios para incluir el Derecho al Alumbrado Público (DAP) en sus Leyes de Ingresos, mientras no se resuelva la controversia que existe por su cobro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En marzo de este año, la SCJN admitió las acciones de inconstitucionalidad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso en contra del “impuesto”, el cual fue autorizado por el Congreso local.
En entrevista, Estefan Chidiac defendió que la propuesta, la cual fue aprobada el pasado 24 de diciembre, estaba “bien hecha” y lamentó el retraso en la resolución, misma que podría extenderse un par de meses más, evitando la oportunidad de los ayuntamientos de obtener recursos.
“Lo que la CNDH impugna es la proporcionalidad y la equidad en el derecho, pero a nuestro punto de vista nosotros lo hicimos bien”.
Jorge Estefan Chidiac
Diputado del PRI
Al igual que en ocasiones anteriores, defendió que el pago del DAP no es un impuesto, sino un derecho, de acuerdo con su redacción y la generación de una fórmula que homologara el pago.
Horas antes, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal pidieron a los alcaldes de Ixcaquixtla, Hueytamalco y Domingo Arenas esperar la resolución de la corte para incluir este cobro en sus leyes de ingresos, por lo que resta del Ejercicio Fiscal 2022.
¿Cómo inició la polémica?
El DAP es un impuesto que cobran los municipios por el servicio de alumbrado público que habilitan en calles, plazas, jardines, vialidades y todas las áreas de uso común de la población. Esta recaudación debe ser usada para pagar el suministro de energía ante la CFE, pero también para darle mantenimiento y garantizar la funcionalidad.
Hasta el 2020, el DAP se cobraba a los ciudadanos a través de su recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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La madrugada del 24 de diciembre, los diputados aprobaron por mayoría de votos el cobro del DAP en 114 municipios, tras modificaciones a la Ley Hacendaria y mediante una fórmula única.
Sin embargo, la CNDH argumentó que el DAP violaba los derechos de seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad; así mismo se interpretaba como un impuesto, por lo que solicitó la revisión de su formulación y aplicación.
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La institución aceptó los expedientes 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022, con fecha del 28 de enero, 2 y 3 de febrero de 2022, con los que se buscaba anular el cobro de este impuesto.
Foto: Agencia Enfoque
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