El Juzgado de Garantía de Viña del Mar dictó este viernes el sobreseimiento definitivo del expresidente Sebastián Piñera y las exautoridades Enrique Paris y Arturo Zúñiga, en el marco de la investigación por posible fraude en el arriendo de residencias sanitarias en la zona.
A mediados de mes, el Ministerio Público había solicitado la medida y el cierre de la investigación por los eventuales delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias, refiere BioBío.
A finales de 2020, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) solicitó a la Fiscalía tomar las declaraciones del entonces presidente Sebastián Piñera, así como del Enrique Paris y al exsubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zuñiga; presuntamente involucrados en delitos de corrupción en el marco de las estrategias sanitarias para el manejo de la pandemia COVID-19 en el país.
Los cuestionamientos, sostenidos y fundamentados a partir de información entregada por la Contraloría General de la República, abarcan aspectos como la habilitación de la infraestructura de salud de emergencia (Residencias sanitarias). Y también incluyen otros aspectos, como el de Fraude al Fisco, en el marco de contrataciones irregulares y pagos injustificados por servicios no otorgados, como es el caso de Hotel Alto del Sol de la comuna de Mejillones por $513 millones o el caso del Hotel Clínico de Santiago por $205 millones, por atenciones a “pacientes fantasmas”, implicando importantes pérdidas.
Otro aspecto que se involucra en la querella es la búsqueda de responsabilidad penal por los delitos de Negociaciones Incompatibles y Tráfico de Influencias, que habrían derivado en beneficios económicos, como es el caso de la “doble contratación” del denominado Hospital de Emergencia Huechuraba (Espacio Riesco), por $2.900 millones o el pago de $53 millones por costos operativos fijos y preparación de alimentos para pacientes inexistentes en el Hotel O´Higgins de Viña del Mar, hechos que vulneran la capacidad del Estado para generar las prestaciones de Salud debidas.
Al respecto, Gabriel Campos, abogado que actuó en representación del ex Presidente Sebastián Piñera, valoró la determinación del tribunal.
Argumentó que “esto da cuenta de que la querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos no tenía fundamento jurídico con relación a estas imputaciones específicas”, refiere BioBío.
“Se descartó la existencia de negociación incompatible y tráfico de influencias, habiendo un pronunciamiento de la Contraloría en este sentido. También se descartó la existencia de fraude al fisco, la cláusula cuestionada sobre los ‘costos operativos fijos diarios’ en la contratación de determinadas residencias sanitarias estaba amparada por la normativa vigente en la época y tenía relación con el contexto de la pandemia”, añadió.
La CCHDH era querellante de la causa, no obstante, fue excluida de la tramitación de esta causa en noviembre de 2021, al no registrar residencia en la ciudad jardín, y por ende legitimidad activa, para los delitos supuestamente cometidos en este territorio jurisdiccional.
En la audiencia de este viernes no hubo oposición a la solicitud del Ministerio Público, a la que sí adhirieron las defensas
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