El martes 26 de abril recién pasado, este medio publicó un reportaje sobre el caso de tres activistas comunitarios en la provincia de San Antonio, quienes arriesgaban 6 años de cárcel por imputárseles un intento de robo en lugar habitado.
El reportaje publicado dos días antes de que se llevara a cabo el juicio, relata una serie de inconsistencias en la investigación contra dos mujeres y un hombre de la comuna de San Antonio que realizan trabajo comunitario en el sector.
El y las jóvenes habían entrado en 2020 a una propiedad abandonada con el fin de levantar un centro social y comunitario para realizar atenciones médicas familiares, talleres de oficio y más. Sin embargo, aquella excursión que estaba destinada a ser solo un primer reconocimiento del espacio, terminó por atarlos a un proceso judicial que se extendió por casi 2 años.
Tras la denuncia de una vecina que los vio entrar al perímetro de la propiedad, Carabineros fue al lugar y al encontrar a los activistas en el jardín se les culpabilizó por intento de robo en lugar habitado, pese a que toda la evidencia demostraba que la propiedad estaba deshabitada y servía como bodega; además de que las especies que supuestamente habían intentado robar los activistas mostraban importantes signos de avería.
Pese a todos los indicios, la Fiscalía de San Antonio, de manos del fiscal Ramón Espinosa, fue intransigente y se negó a escuchar la versión de los acusados, perseverando en llevar el caso a juicio y pidiendo la pena efectiva de cárcel.
Sin embargo, el proceso llegó a su fin el viernes 29 de abril con el fallo del tribunal sanantonino a favor de los imputados, absolviéndolos del cargo penal. La Sala 2 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio hizo eco de los argumentos de la defensa y deliberó que «no se ha podido establecer los hechos penalmente relevantes de la acusación fiscal.»
La conclusión del tribunal se basó en la inconsistencia del supuesto testimonio de una vecina, quien en la carpeta de investigación de Carabineros había señalado supuestamente haber visto a las tres personas sacar cajas desde el interior de la propiedad. Testimonio que se contradijo con lo expresado por la misma testigo en el tribunal. «Esta testigo dijo en estrado que no supo qué estaban haciendo las personas que ingresaron al inmueble de su vecino», señala el fallo, oponiéndose a la versión de Carabineros.
«Esta contradicción, aunado a la prueba rendida por la defensa, sirve para estimar plausible la versión de las acusadas y acusado, en orden a que la referida caja ya se encontraba fuera de la puerta tapando un orifico, ya que entraron solo para conseguir información del propietario para poder ubicarlo y efectuar las tratativas en torno a un comodato que sirviese para habilitar el inmueble para ser utilizado como centro social y comunitario que entregase ayuda a pobladores de las tomas aledañas a esta vivienda», señala el fallo.
Lo anterior, sumado a una serie de evidencias presentadas por la defensa para comprobar el estado de abandono del inmueble y la falta de intención de robo en el mismo permitieron al tribunal dar una sentencia absolutoria.
Jonathan Ramírez, abogado de los activistas señaló que se encuentran satisfechos y sobre todo aliviados con el veredicto, porque «la presión de tener una amenaza de pena de cárcel no es cualquier cosa».
«El juicio se dio más o menos como lo teníamos planificado, y logramos convencer a los jueces que los chicos lo que estaban haciendo era algo que ya habían hecho en otras oportunidades, ya habían trabajado en la instalación de dos centros comunitarios a partir de espacios abandonados por sus dueños. Pudimos convencerlos de que la versión del Ministerio Público no tenía mucho sustento y que se basaba en malos entendidos y manipulación de la información por parte de la policía», señaló Ramírez a este medio.
Por su parte, Fernanda, una de las activistas involucradas en el caso, en conversación con este medio celebra la absolución. «El tribunal desestimó todas o casi todas las pruebas presentadas por el fiscal, debido a que nada se pudo probar, dejo en claro que Carabineros hizo un mal procedimiento ya que siempre quisimos dialogar y al declarar ellos reconocieron no haber escuchado. Los jueces reconocieron en este hecho una intención de entrar al lugar para buscar información y conseguir comodato o alguna figura similar, para la gestión de centros comunitarios», señala, agregando que seguirán articulando espacios para el bien común y por la dignidad.
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