Bienes públicos comunes: El esencial debate que la Comisión de Medio Ambiente llevará al Pleno de la Convención Constitucional

Por Patricio Segura

El rechazo en general del 2˚ Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico (Comisión 5) por el Pleno de la Convención Constitucional generó una amplia discusión en el ambiente político. No sólo porque ese 21 de abril la propuesta fue devuelta a la comisión para su modificación, sino porque a la decisión del rechazo total del texto concurrieron 9 de los 14 votos del Colectivo Socialista: Maximiliano Hurtado, Carlos Calvo, César Valenzuela, Matías Orellana, Adriana Cancino, Ricardo Montero, Pedro Muñoz, Ramona Reyes y Tomás Laibe. Con sólo 5 de esos respaldos, llegando así a los 103, el informe habría sido aprobado en general y se habría seguido con la discusión artículo por artículo.

La crítica de los movimientos sociales al Colectivo Socialista acusando incumplimiento de un acuerdo previo, que fuera calificada por ciertos sectores como “funa”, generó una airada respuesta de los interpelados. Tomás Laibe Sáez, convencional de Aysén, fue el encargado de hacer una vocería en la que afirmó que el informe fue rechazado por contener “errores técnicos” y sustentar una postura “maximalista”.

La señal política de ese día no fue positiva. Con su votación, pero principalmente con su fundamentación, el Colectivo Socialista se sumó en los hechos a las voces del bloque de derecha que han torpedeado desde el inicio el trabajo de la Convención Constitucional acusando “desprolijidad”. 

Lo concreto es que las diferencias de los 9 socialistas con el 2˚ Informe de la Comisión de Medio Ambiente, apoyado por 98 convencionales, son políticas más que técnicas. El grupo no estuvo disponible para aprobar normas como la protección de humedales, del suelo, el espacio, la atmósfera y la limitación de los contaminantes, entre otro articulado que iba en la misma línea. Calificaron de “sobrerregulación” resguardos que para el resto de los convencionales progresistas sí son necesarios de incluir en la Carta Fundamental, por su importancia estructural. Porque en la práctica no existen temas más o menos “constitucionables”, tal es una materia que define la propia Convención como expresión legítima de la soberanía popular. 

Ejemplo de ello es que los propios socialistas argumentaron que en el caso del agua se requeriría incorporar la “gestión integrada de cuencas”, algo que otros podrían señalar que es materia de leyes sectoriales más que de la Constitución. Y sobre minería, expresaron su desacuerdo con que no se definiera quién explotaría los recursos, “si el Estado solamente o también los privados, y cuáles van a ser las reglas para esa explotación”, señaló Laibe en su oportunidad.

Los bienes comunes públicos

La forma en que se ha dado el debate ha dejado de lado la discusión sobre la importancia de lo público y los bienes comunes, que son aquellos a los cuales todas las personas deben tener acceso y derecho, por su importancia fundamental. El aire es un buen ejemplo de aquello, toda vez que es esencial para la vida de los seres humanos y de las demás formas de vida que constituyen la naturaleza.  

En la discusión sobre los aspectos económicos y operativos ha quedado en el camino su estricto componente ético y no comercial. Así lo piensan varios representantes del movimiento socioambiental, por el vínculo de los bienes comunes y públicos con el acceso a la naturaleza y al patrimonio ambiental del país.

Para la directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín Ruiz-Tagle, el tema no es menor. “Nos preocupa que el informe de la Comisión 5 haya sido rechazado en general por el plenario, con argumentos casi idénticos a aquéllos utilizados durante décadas para mantener la privatización de bienes comunes como el agua, la biodiversidad, las especies marinas y los minerales, los que bajo ese prisma no podrían tener un estatus de bienes públicos y ser protegidos en la Constitución sino en las leyes generales”.

En este sentido, explicó que “estamos hablando de los bienes públicos, que son propiedad común de los habitantes de la nación y que son reconocidos como tales incluso en el Código Civil vigente, que tiene más de 100 años”.

El principio fundamental que se debe garantizar es “el acceso equitativo a aquellos bienes del patrimonio ambiental del territorio nacional que son públicos y la distribución equitativa de los beneficios que éstos proveen. También se debe incorporar la participación de los ciudadanos en su administración”, indicó Sara Larraín, añadiendo que esto último “existe en prácticamente todas las constituciones a nivel internacional, donde no sólo decide el Estado sino también los ciudadanos, en forma descentralizada”.  

La dirigenta concluyó señalando que “es impresentable que se tilde de ‘maximalismos’ la consagración constitucional de los derechos de los chilenos y chilenas a acceder y recibir los beneficios relacionados con los bienes comunes y públicos. Retrocederíamos varios siglos de no ser así”, recordando que se incluyen entre éstos no sólo los de la naturaleza como el agua, los glaciares, la atmósfera, el aire, los minerales, sino la energía, la educación, la salud, donde lo público no debe limitarse a lo estatal, sino que incorporar la participación de la ciudadanía.

Ezio Costa Cordella, director ejecutivo de la ONG FIMA, indicó sobre el informe rechazado que “hay temas que es extremadamente relevante que se aprueben, como la regulación del agua como bien común natural y que la gobernanza de esa agua quede radicada principalmente en las cuencas y en la Agencia Nacional del Agua”. También la protección de ecosistemas como los glaciares o el ordenamiento territorial, en el marco de un texto constitucional robusto en materia del derecho a un medioambiente sano.

“Creemos que hay espacio para consensos y mejoras en torno a las normas, y esperamos que ese espacio sea utilizado de la mejor manera por las y los convencionales, para que así podamos terminar con una de las mejores constituciones ecológicas posibles” puntualizó Cordella.

Para el presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), Erwin Sandoval Gallardo, el debate es fundamental y se espera que los convencionales de la región estén a la altura: “Por Aysén están Geoconda Navarrete, Yarela Gómez y Tomás Laibe, por tanto esperamos que al votar piensen en la región y su gente, dado que la apropiación de lo que debiera ser común es una práctica que ya se ha visto en otras zonas del país” indicó. 

“La Comisión de Medio Ambiente ha hecho un trabajo relevante para congeniar el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y las actividades productivas.  En el fondo, una transición justa hacia una economía realmente sustentable, que entregue bienestar para hoy y para el futuro, y que no genere inequidad como la actual. Y eso se logra con una Constitución responsable en materia ecológica y social, que incluya la figura de los bienes públicos inapropiables”, cerró Sandoval