La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el martes la ratificación del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que pretende garantizar el acceso a diversos derechos medioambientales y proteger la biodiversidad en tiempos de emergencia climática.
La aprobación se realizó con 12 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.
Se prevé que este miércoles sea debatido el proyecto por las Comisiones de Medio Ambiente y de Ciencia, antes de que sea ratificado en la sala de la Cámara Baja.
Tras la votación, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, recalcó que – con esta decisión – se «da cuenta de la importancia de las materias que trata el Acuerdo de Escazú, que son transversales».
En este sentido, destacó que este acuerdo «trata sobre acceso a la información ambiental, acceso a la justicia ambiental y sobre la necesidad de generar espacios para la protección de los defensores y defensoras ambientales».
De igual forma, aseveró que lo que se busca, es una adhesión definitiva del Acuerdo, más allá del gobierno de turno, no obstante; puntualizó que para las autoridades de turno «la adhesión es una manera de volver al foro internacional».
Luego de las discusiones en las Comisiones, el proyecto deberá tener una tramitación similar en el Senado antes que también sea votado en sala en el Senado, refiere El Desconcierto.
En caso que también sea aprobado en la Cámara Alta, se dará por despachado el Mensaje Presidencial y el presidente Gabriel Boric podrá firmar la adhesión definitiva al Acuerdo de Escazú.
Cabe recordar que, el pasado 18 de marzo, el presidente Gabriel Boric firmó la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, que ha sido ratificado por 12 países de América Latina y el Caribe.
La adhesión de Chile a este tratado, impulsado tras la Conferencia de Naciones Unidas sobre el desarrollo Sostenible celebrada en 2012, fue planteada por el primer Gobierno de Sebastián Piñera, pero fue desechada durante su segundo periodo para defender los intereses de la industria y la minería, alehgando que era «inconveniente» a las pretensiones nacionales.
Entre los Estados que conforman el acuerdo esta, Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.
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