La extradición del exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, no solo trajo como consecuencia directa el traslado del líder de esa organización criminal de Colombia a EE. UU. Desde el 5 de mayo, ese grupo de origen paramilitar declaró un ‘paro armado’ y sitió más de cien municipios de 11 departamentos del país, en una acción violenta sin precedentes que provocó serios cuestionamientos contra los cuerpos de seguridad del Estado.
Los medios y las redes sociales han divulgado imágenes de comunidades enteras confinadas, civiles armados en las calles que mantienen un toque de queda, negocios cerrados y vías bloqueadas por vehículos de carga que fueron tomados e incendiados. Hasta este lunes 9 de mayo, seis personas han sido asesinadas, según el reporte del Ministerio de Defensa.
Los primeros días de la ofensiva del Clan del Golfo, una de las principales organizaciones narcocriminales en Colombia, las autoridades locales clamaban por la presencia inmediata de la Fuerza Pública en sus regiones ante la contundencia de las acciones violentas y la poca respuesta efectiva que podía darse desde las localidades.
Luego de tres días de reuniones de consejos de seguridad regionales con las autoridades estatales, fue el pasado sábado cuando el mandatario colombiano, Iván Duque, desde la Dirección de la Policía, se refirió a lo ocurrido, restándole importancia en un primer momento.
Duque aseguró que las también conocidas como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) estaban tratando de «generar intimidación a través de actos aislados y cobardes», con la finalidad de «tener maximización a través de redes sociales y medios de comunicación para mostrar desesperadamente una fortaleza que no tienen».
A pesar de que los gobernadores y alcaldes desde que comenzó el «paro armado» pidieron por varias vías la actuación del Gobierno central, el presidente del país sudamericano los invitó en su alocución a no prestarse para el «juego intimidatorio de los reductos del Clan del Golfo» que, según él, pretendían «generar una sensación de zozobra en el país».
Aunque el mandatario colombiano tildó lo ocurrido de «actos aislados» y de una acción con un perfil más mediático que real, sus resoluciones apuntaron en otra dirección. Ese mismo sábado informó que «más de 52.000 hombres de Ejército y Policía» se movilizarían a los «puntos críticos para devolver la confianza en el comercio y demás actividades afectadas».
La actuación del Gobierno frente al ‘paro armado’ que culmina este martes 10 de mayo, según lo anunció el propio Clan del Golfo, ha sido duramente criticada en la prensa y en las redes sociales. Los distintos análisis consideran que la actuación estatal ha sido tardía e ineficiente.
En el editorial de El Espectador se habla de la «materialización de la ausencia del Estado colombiano en todo el territorio», como ya ha sido señalado constantemente por grupos de defensa de los derechos humanos, colectivos y autoridades locales, frente a la violencia que impera en las zonas rurales donde grupos armados ilegales se disputan el control.
En el texto también se señala la «incapacidad» estatal para «ejercer el monopolio de la fuerza«. «El golpe de autoridad fue evidente, sembró terror en varios departamentos y evidenció que la política de seguridad del presidente Iván Duque, heredada de sus antecesores, se quedó cortísima», dice el escrito de opinión del diario.
Sobre este asunto también se pronunció Juliette de Rivero, representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), quien ha instado al Estado «a tomar medidas oportunas de protección y garantía de los derechos de las comunidades afectadas, especialmente en zonas rurales».
En las redes sociales la situación no ha sido distinta. Desde varios sectores de la vida nacional se muestra inconformidad con las acciones para contener el paro y la violencia de los últimos días, a menos de un mes para las elecciones presidenciales, y se han tratado de explicar las razones por las que el grupo que fuera liderado por ‘Otoniel’ ha logrado tal alcance en los últimos días.
El senador opositor Iván Cepeda aseguró que el Gobierno había omitido actuar para evitar las acciones criminales del Clan de Golfo.
En la misma línea, la congresista opositora Katherine Miranda aseveró que a las autoridades del Gobierno «se les salió la seguridad de las manos».
Fuente: RT.
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