Destacan que nueva Constitución es «abierta y dialogante con la comunidad internacional» y pone en el centro los DDHH, la paz, la democracia y el Estado de Derecho

La Convención Constitucional continúa con la labor de discutir y aprobar las normas que fomaran parte del borrador de la propuesta de la nueva Carta Magna que será sometida a la aprobación de la ciudadanía en el plebiscito de salida previsto para el próximo 4 de septiembre.

Recientemente, el pleno aprobó artículos relacionados a cómo se manejará el Estado de Chile ante la comunidad internacional, primando – una vez más – la importancia de los derechos fundamentales y mostrarse de una forma abierta y dialogante ante el mundo.

La abogada de la Universidad de Chile y Máster y Doctoranda en Derechos Humanos,  Constanza Núñez Donald, publicó un hilo en su cuenta en Twitter en que detalló la importancia de las normas aprobadas por el órgano redactor en materia internacional.

«Estamos ante un cambio de paradigma. Tenemos una Constitución abierta y dialogante con la comunidad internacional, que pone en el centro los DDHH, la paz, la democracia y el Estado de Derecho», destacó.

Al respecto, señaló que se establece que todos los derechos y tratados internacionales vigentes, ratificados por el Estado de Chile, tendrán rango constitucional.

Será deber del Estado – además – velar que los derechos establecidos por Chile y por los tratados, sean respetados por todos.

“El Estado debe respetar, promover, proteger y garantizar los derechos fundamentales reconocidas en esta Constitución y en los tratados internacionales, ratificados por el Estado de Chile y los que aún siguen vigente”, refiere uno de los artículos.

Un elemento clave en esta nueva Constitución se refiere a las sentencias realizadas por tribunales internacionales. En la Carta Magna – redactada por los 155 convencionales y debatida en el pleno de la Convención – se aprobó que estos documentos deben cumplirse de forma obligatoria.

Este punto está claro en el nuevo formato del Sistema de Justicia, en el que se garantiza que – pese a que la sentencia internacional contraviene a una impartida por el Estado de Chile – debe cumplirse de manera obligatoria.

De igual forma, la sociedad civil tendrá un papel fundamental en algunos aspectos en materia internacional, haciendo un cambio en la Carta Magna de 1981, promulgada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

“Se corrigen las anomalías en el procedimiento de aprobación de tratados, democratizando algunos aspectos: se mejora el mecanismo de denuncia, hay mayor transparencia y participación de Congreso y sociedad civil”, detalló Constanza Núñez, graduada en Estudios en Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

Las relaciones con los países del continente deben primar en los acuerdos del Estado de Chile, así como deberá trabajar para promover una zona de paz y libre violencia en la región.

En este punto también primará la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas.

En referencia a las medidas de asilo o refugio, la nueva Carta Magna establece que “toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, de acuerdo con la legislación nacional y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile”.

Los procedimientos de solicitud y reconocimientos del estatus de refugiado deberán ser regulado por una ley.

“Asimismo, se incorpora como motivo prohibido de discriminación, la situación migratoria”, puntualiza la académica en su cuenta en Twitter.

La abogada y especialista en derechos humanos recalcó que estos nuevos puntos que se incorporan sientan “las bases para avanzar hacia un sistema constitucional integrado en la comunidad internacional y que mantiene un diálogo abierto, crítico y comprometido con sus valores (paz, democracia, estado de derecho y derechos humanos)”.