Corte Suprema acoge solicitud de abogados chilenos para ser partes en extradición requerida por justicia italiana en contra de 3 militares condenados a cadena perpetua por delitos de torturas, desaparición y ejecución

La ministra Ángela Vivanco Martínez de la Corte Suprema, acogió la solicitud de los abogados Nelson Caucoto y Francisco Bustos para hacerse parte del proceso de extradición que lleva adelante la justicia italiana, en contra de 3 militares chilenos condenados a cadena perpetua en dicho país, por su responsabilidad en las torturas, desaparición y ejecución de 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano, en los años 70, y entre los cuales se encuentran 4 víctimas chilenas.

De esta manera, el máximo tribunal indicó que “se dará lugar a lo solicitado en atención a que el procedimiento de extradición comprendido en el Código de Procedimiento Penal no excluye expresamente la participación de terceros interesados[…]. Por lo demás, el derecho internacional fomenta la participación activa de las víctimas de derechos humanos en todo proceso judicial de su interés y en cualquier momento de su desarrollo, circunstancia que la Jurisprudencia de esta Excma”.

Caucoto y Bustos  habían solicitado, a finales de abril, a la Corte Suprema que se les considerara ser parte de este proceso en representación de la hija de Juan José Montiglio Murúa, una de las cuatro víctimas ítalo/chilena, que además fue parte ante los tribunales penales en Roma. 

Montiglio tenía 24 años, era del Partido Socialista y jefe de unidad del GAP. Fue detenido en el Palacio de la Moneda el día del golpe militar, posteriormente llevado al Regimiento Tacna y asesinado en Peldehue el 13 de septiembre de 1973. Hasta hoy  permanece en calidad de detenido desaparecido.

Por su caso se condenó al ex coronel Rafael Ahumada Valderrama, cuya extradición fue solicitada y se está a la espera de su resolución.

Los otros ex uniformados chilenos condenados en este proceso  y por los cuales también se está solicitando su extradición en esta oportunidad, son el ex suboficial Orlando Moreno Vásquez y el ex brigadier de la DINA Manuel Vásquez Chahuán.

Mientras que dicho trámite aún está pendiente para  el ex brigadierPedro Espinoza Bravo, quien se encuentra cumpliendo diversas condenas en Punta Peuco; el ex prefecto y funcionario de la Policía de Investigaciones Daniel Aguirre Mora y Carlos Luco Astroza, respectivamente, estos dos actualmente se encuentran en libertad.

El abogado Francisco Bustos señaló que, de acuerdo a lo resuelto por la ministra del máximo tribunal “ya nos hemos hecho parte en el juicio y vamos a aportar con todo lo que sea necesario para que se dé cumplimiento a esta resolución solicitada por el Estado italiano”.

El profesional manifestó, además, que “creemos que lo resuelto es importante por nuestra representada, pues debe existir justicia por los graves crímenes de lesa humanidad cometidos. Existen deberes internacionales que vinculan no sólo al Estado de Chile y la República Italiana para investigar, juzgar, sancionar y para imponer penas proporcionales a la gravedad de los hechos. Todo eso implica que hay un deber de cumplirlo que se ha juzgado y es por eso que nosotros estamos comprometidos para que efectivamente se ejecute esta resolución”, refiere una nota de prensa.

Las otras víctimas ítalo chilenas por el cual está en curso este proceso son Omar Roberto Venturelli Leonelli (31),  ex sacerdote, militante del MIR, detenido el 25 de septiembre de 1973;  Juan Bosco Maino Canales(27) militante del MAPU, estudiante y detenido el 26 de mayo de 1976; y Jaime Patricio Donato Avendaño (41) miembro del Comité central del Partido Comunista, mecánico electricista, detenido el 05 de mayo de 1976.

En 1998, a instancias de los familiares de las víctimas, la justicia italiana inició la investigación en torno a este proceso y solo después de 20 años la Corte Suprema italiana emitió un fallo en el cual condenó a cadena perpetua a 24  genocidas latinoamericanos implicados en la Operación Cóndor.

En abril recién pasado una delegación italiana integrada por un abogado y un representante de las víctimas, visitó nuestro país para conocer detalles del proceso que se desarrolla en Chile, contribuir a que se conozca sobre este juicio histórico en nuestro país, y colaborar con la extradición de los involucrados y condenados en esta causa.