“Que no es comprensible ni aceptable que Convencionales, elegidos para responder a las expectativas y esperanzas del pueblo, se inclinen, de una u otra manera, por priorizar los intereses del capital privado nacional y transnacional por sobre los intereses de la mayoría del pueblo chileno”.
CARTA ABIERTA A LAS Y LOS CONVENCIONALES Y AL PAÍS
La Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), organización nacional que agrupa y organiza a las y los trabajadores contratistas y subcontratistas de la minería nacional, lo hemos dicho y reiterado: el democrático proceso constituyente, actualmente en curso, es uno de los hitos históricos más trascendentales en la historia de Chile como República, y es por eso que tenemos la convicción de que las decisiones que tome la Convención Constitucional, sobre todo en esta última etapa del proceso, son cruciales para los destinos del país y sus futuras generaciones para las próximas cuatro o cinco décadas.
Es en esta convicción que hoy, junto a la Confederación Minera de Chile (CONFEMIN), la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), la Federación Minera de Chile (FMC), y la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos de la Industria y Servicio (Industrial Chile, CONSTRAMET), hacemos un llamado a las y los Convencionales Constituyentes con un profundo sentido de urgencia, a fin de que tomen en cuenta las siguientes consideraciones:
1.- La histórica movilización popular comprobó, sin lugar a dudas, que el sistema económico y social imperante es inviable, que es insostenible, que está definitiva e irremediablemente colapsado, y que la clase trabajadora, el pueblo en general, no lo puede seguir tolerando y por eso exige profundas transformaciones.
2.- Que en el debate que cursa por estos días, sobre cómo financiar esas grandes transformaciones, es de vital importancia el rescate —para el Estado de Chile— de las riquezas naturales que hoy controla el gran empresariado privado, principalmente extranjero, para su propio lucro y beneficio, y que, en ese contexto, rescatar la minería, particularmente la Gran Minería del Cobre y del Litio, como principales recursos económicos de Chile, resulta ser un imperativo insoslayable.
3.- Que en ese proceso, el engendro jurídico dictatorial de la “Concesión Plena” es, hoy por hoy, el principal escollo a eliminar para concretar dicho rescate, y que, por el contrario, el párrafo histórico de la nacionalización, todavía presente en la actual Constitución, es la gran fortaleza para hacerlo realidad, y, por tanto, debe prevalecer.
4.- Que la demanda de “nacionalización” de la minería no es otra cosa que el proceso de pasar del dominio, explotación y comercialización para beneficio del capital privado, al dominio, explotación y comercialización estatal para beneficio del pueblo. Y que en este ámbito no hablamos del pirquinero ni de la minería de bajo impacto económico —que cumple un rol social y que bien puede seguir desarrollándose bajo el alero estatal de ENAMI— sino que hablamos de la Gran Minería, aquella que realmente puede financiar las grandes transformaciones sociales.
5.- Que entonces, en lo que a minería se refiere, la disyuntiva es clara: la norma será para beneficio de Chile, o para beneficio del capital privado. Y en este sentido, asumir que ya no hay tiempo ni espacio para dudas, ni para errores, ni para ambigüedades.
6.- Que no es comprensible ni aceptable que Convencionales, elegidos para responder a las expectativas y esperanzas del pueblo, se inclinen, de una u otra manera, por priorizar los intereses del capital privado nacional y transnacional por sobre los intereses de la mayoría del pueblo chileno.
Como antes dijimos, y hoy lo reiteramos, no ha sido para retroceder que el pueblo ha dejado sangre, ojos y vidas en la calle, sino para avanzar en la historia.
Chile, viernes 13 de mayo de 2022.