Presentan proyecto de ley marco para la promoción de la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional de la población chilena

En el marco de la primera reunión 2022 del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, desarrollada este lunes en el Cámara de Diputadas y Diputados, la parlamentaria Carolina Marzán (PPD), presidenta del Capítulo Chileno de dicho Frente, presentó un Proyecto de Ley Marco para la Promoción de la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional, que tiene como fin asegurar el ejercicio pleno del derecho humano a una alimentación adecuada, a través de un marco jurídico de referencia, que permita al Estado crear políticas y estrategias para garantizar de manera permanente el derecho a la alimentación, la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional de la población de nuestro país.

«En Chile alrededor de 3 millones de personas no tienen acceso a una alimentación sana de manera regular, y estudios demuestran que en el año 2021, cerca de 700 mil personas tuvieron un déficit alimentario grave, e incluso muchas de ellas estuvieron uno, dos o más días sin alimentarse absolutamente nada. El Estado debe hacerse cargo de esta debilidad. Es por eso, que este proyecto de ley busca que al menos los alimentos más esenciales sean accesibles para la población. El proyecto permitirá que el Estado desarrolle políticas públicas para que esto pueda ser así», explicó Marzán.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara, diputada Consuelo Veloso, aseguró que «prontamente pondremos esta iniciativa en tabla», agregando que » es un tremendo avance hablar de una temática que hoy día no está muy posicionada, que es la tremenda crisis alimentaria que tenemos en el mundo y que sigue escalando en nuestro propio país. Y que seguirá agravándose a medida que sigan avanzando los efectos de la crisis climática, porque no hay agua tampoco».

«En la región del Maule teníamos el granero de Chile donde teníamos arroceros que plantaban 27 mil hectáreas, y hoy día van en menos de 20 mil. O sea, la gente que además trabaja produciendo los alimentos se está retirando, porque el modelo los empuja a retirarse cuando no son competitivos. Lo que nosotros queremos hoy día es promover y garantizar que las personas que se dedican a la producción de alimentos, a la agricultura familiar campesina, que es menos contaminante, sean quienes estén más apoyados por el Estado», puntualizó Veloso.

En tanto, Luis Lobo, oficial del Programa España-FAO para América Latina y el Caribe, recordó que «desde la FAO llevamos más de doce años trabajando con el mundo parlamentario para que el hambre y la malnutrición esté presente en la agenda política de los países. Más aún en el contexto que vivimos este año, porque además de la pandemia, estamos viviendo toda una crisis de los precios de los alimentos, y son los datos que manejamos lo que más nos preocupan, porque cada vez va a ser peor, y debemos estar preparados con políticas de Estado para enfrentar estos retos».

«Creemos que es relevante esta iniciativa en el sentido de que hay países que tienen leyes similares que ayudan a organizar el trabajo del Estado con todo lo que tiene que ver con asegurar la seguridad alimentaria y nutricional, que facilitan la participación de los actores sociales en estos procesos de planificación y de seguimiento de este tipo de acciones, y mejoran el proceso de rendición de cuentas y vuelven más efectivas las políticas públicas. Hacemos un llamado a todos los parlamentarios y parlamentarias a formar parte de estos frentes, de estas plataformas plurales para seguir generando un trabajo legislativo que ayude a los ciudadanos a enfrentar el hambre y malnutrición», concluyó Lobo.