El exsenador Alejandro Navarro señalaba el 2017: “Por lo que con este proyecto, buscamos establecer un criterio que es de carácter internacional, y que señala el efecto desastroso que se produce sobre el niño al estar dentro de la cárcel”, agregando: “Lorenza Cayuhán y su hija Sayén le han dado la inspiración a este Proyecto de Ley”,
Navarro se refirió a la moción que ingresó en julio del 2017 y que busca suspender la sentencia penal y dictar la improcedencia de la prisión preventiva respecto de mujeres embarazadas, o de aquellas que tengan hijos o hijas menores de tres años.
Lorenza Cayuhan, dio a luz a su hija, engrillada de los pies y en presencia de un gendarme, en una clínica privada de la región del Biobío. Los hechos han sido catalogados por diversas agrupaciones como discriminatorios, portadores de violencia obstétrica y un cruel atentado a sus derechos humanos.
Lamentablemente, esta situación de Cayuhan no es un hecho aislado, es un tema mucho más profundo, pues en Chile, al año de lo ocurrido con Lorenzas y Sayén, habían 122 niños menores de 3 años que comparten la cárcel con sus madres. Es decir, están dentro de la cárcel, viviendo en la cárcel, cuando la pena a quien afecta es a la madre, no al niño, y las convenciones internacionales, particularmente los tratados que Chile ha firmado, recalcan que lo principal es el bien superior del niño, ha sido parte de los fundamentos de la iniciativa legislativa.
Recientemente, Radio Juan Gómez Milla ha publicado un reportaje, actualizando la situación de este proyecto ley y se comparte a continuación.
Ley Sayén: Proyecto Por Las Madres Privadas De Libertad Retomaría Su Discusión
Ana Muñoz / Gabriela Briones
En 2015 la comunera mapuche Lorenza Cayuhán fue detenida estando embarazada de 4 meses y condenada a presidio de 5 años y 61 días. En 2016, mientras cumplía su condena en la cárcel de Arauco, presentó complicaciones en su embarazo. Luego de varios reclamos fue trasladada al Hospital Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán. Ahí se le realizó una cesárea de urgencia, engrillada, y en presencia de un gendarme. Tras esto, Cayuhán solicitó su traslado al Centro de Estudios y Trabajo de Punta Parra. Sin embargo, fue rechazado y debió volver al centro penitenciario con su hija Sayén.
En 2017 fue iniciada la tramitación de la conocida Ley Sayén, proyecto que busca modificar el Código Procesal Penal para que personas gestantes que estén embarazadas o tengan hijos menores de 3 años puedan acceder a beneficios. Entre ellos está limitar la utilización de prisión preventiva mientras esperan su juicio o postergar el cumplimiento de su pena privativa de libertad hasta que los niños superen dicha edad. El proyecto estuvo pausado en la Comisión de DDHH por años. En 2021 se retomó su discusión, fue votado en general y volvió a la comisión donde continúa pausado hasta hoy.
Una nueva esperanza
En abril de este año la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, anunció que se le daría suma urgencia a este proyecto. Ante esta posibilidad de retomar la discusión, Antonella Oberti, directora de incidencia de la Red de Acción Carcelaria (fundación que trabaja y aboga por mejorar las condiciones de las mujeres privadas de libertad), dio luces. “Intentaremos impulsar a través de parlamentarios mejoras al proyecto en aspectos técnicos. Eso pensando en que es una ley que requiere materia orgánica constitucional y tiene un quórum más alto; estratégicamente sería bueno cambiar ciertas cosas para evadir esto”.
Esta oportunidad de aprobar la Ley Sayén llega en un contexto distinto al de años atrás. Durante la pandemia las mujeres privadas de libertad debieron enfrentar situaciones aún más precarizadas. Ello por la disminución de atención ginecológica y de visitas familiares. Este escenario afectó tanto a las madres como al desarrollo de sus hijos, quienes actualmente pueden pasar sus dos primeros años junto a ellas en el recinto penitenciario. Según cifras del IPP Diego Portales, cuando el padre está en prisión 64,5% de los niños siguen viviendo con su madre, pero cuando la madre está privada de libertad sólo un 40% viven con su padre.
Organismos internacionales han evidenciado la necesidad de resguardar el interés superior del niño y el bienestar de las madres, y, por ende, la importancia de leyes que lo respalden como la Ley Sayén. Como el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Niñez: “Los efectos que el encarcelamiento parental tiene sobre los niños y niñas son muchos y muy variados. Pueden incluir cambios emocionales y de conducta, impactos sobre la salud mental y física, y riesgo de tener resultados de vida más pobres”.
Camino por recorrer
Respecto a los impedimentos que ha enfrentado este proyecto para ser aprobado, desde la Red de Acción Carcelaria, Antonella Oberti entrega una reflexión: “La cárcel es un tema impopular y hay mucha gente que siente que lo que implica este proyecto, que es la postergación de la privación de libertad es de cierta forma dar ‘impunidad’ a las mujeres solo por ser madres. Estamos en desacuerdo. Y los estándares internacionales están de nuestro lado en que, en pos del desarrollo de infancias y maternidades que garanticen los Derechos Humanos, se deben preferir penas no privativas de libertad para quienes tengan hijos menores”.
Por otro lado, pese a su relevancia en materia de derechos, Oberti comenta que también afecta el hecho de que el proyecto apunta a un número reducido de personas. “Son muy pocos en números macro. Si uno lo compara con la población total, no son más de 110 niñes y menos madres, porque algunas tienen a más de un hije dentro. Entonces son aproximadamente 100 mujeres privadas de libertad que están en las unidades. Es un número pequeño, y eso implica que las políticas públicas para ese grupo quedan atrasadas”, afirma.
El 3 de mayo la Convención Constitucional aprobó el artículo 85 sobre las personas privadas de libertad. En el dicta que “las mujeres y personas gestantes tendrán derecho antes, durante y después del parto, a acceder a los servicios de salud que requieran, a la lactancia y al vínculo directo y permanente con su hijo o hija”. Respecto a estos avances, Antonella Oberti valora: “Es bueno que se reconozca que hay una problemática grave en las cárceles y que se deje en la constitución no sólo para las personas gestantes sino para las personas privadas de libertad en general. Pero si eso no se traduce en políticas públicas concretas va a quedar como un lindo artículo no más”.
Respecto al inicio de la discusión, desde la Red de Acción Carcelaria mencionaron que por el momento no hay fecha exacta. Sin embargo, mientras esperan el inicio de su discusión, desde la Red continúan trabajando por la Ley Sayén y por visibilizar la situación de las mujeres privadas de libertad: Este 24 de mayo a las 18 horas, realizarán el encuentro “Cárcel y maternidad” en conjunto con el Centro Cultural La Moneda, donde se expondrán experiencias y reflexiones sobre la relación de las mujeres privadas de libertad con la maternidad y el trabajo doméstico.