A nueve años de la privatización del servicio de agua a Concesiones Integrales, los problemas económicos, ambientales y de distribución no se han solucionado en Puebla.
Así lo acusó Francisco Castillo Montemayor, exdirector del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), quien se pronunció para que el servicio regrese a manos del Ayuntamiento de Puebla.
Durante la comisión “Diálogos en defensa del Agua y los Recursos”, Castillo Montemayor reveló que aún se arrastra una deuda millonaria de mil 207 millones de pesos que inició con el SOAPAP y que tuvo que haberse liquidado máximo desde 2016.
Una situación crítica
Este adeudo, explicó, creció con la administración estatal de Manuel Bartlett Díaz y empeoró con el exgobernador Rafael Moreno Valle, y que ahora los poblanos tienen que seguir pagando por casi 15 años más.
Afirmó que la privatización del agua no ha cumplido uno de sus objetivos, que era cubrir la deuda que hoy en día paga mensualmente el gobierno de Puebla: “fue un fracaso económico”, añadió.
Otro de los objetivos que no se logró con la privatización del servicio de agua, indicó, fue el saneamiento del río Atoyac debido a la ineficiencia de las plantas tratadoras, lo que ha causado un aumento en la contaminación, así como afectaciones de la salud en la población que habita en la zona.
Agua de Puebla, ineficiente, inoperable y sin organización
Francisco Castillo Montemayor, exdirector del SOAPAP y exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, criticó el servicio que brinda Agua de Puebla, adscrito a Concesiones Integrales, al señalar que es ineficiente, inoperable y no tiene organización, lo que provoca que se pierda hasta el 40 por ciento de este recurso.
Acusó que la calidad del agua no es óptima, toda vez que, a lo largo de estos años, Concesiones Integrales ha demostrado que carecen de elementos de medición para garantizar que el vital líquido cumple con las normas.
Lo mismo sucede en los pozos y en las líneas de producción, explicó, ya que no hay un control en la producción: “Agua de Puebla está sacando 137 millones de metros cúbicos de agua al año al costo que sea, pero los saca y los pierde”, reveló.
La mala gestión del agua, agregó, también provoca que tampoco haya instrumentos de medición óptimos para medir el costo de producción, lo que provoca que se disparen las tarifas.
En este tenor, aseguró que mejorando la eficiencia, planeación, operación y medición, afirmó, el servicio y calidad del agua mejoraría en Puebla.
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Eduardo Rivera no tiene pretexto para remunicipalizar el agua
Para el exfuncionario Francisco Castillo Montemayor, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez tiene la obligación de asumir la operación del servicio del vital líquido ante el mal manejo que ha demostrado Agua de Puebla.
“En este momento no se trata de que si es el sector privado o público, se trata de eficiencia, y la empresa ha mostrado una tremenda ineficiencia (…) el agua es un recurso público y debe de manejarlo por quien maneja los planes de desarrollo y ese es el gobierno, no una empresa privada”
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Al momento que asuma esta responsabilidad, aseguró, que la Comuna de Puebla no tendrá problemas en lo económico y en el suministro, como lo ha señalado Rivera Pérez.
Explicó que las reglas de la concesión estipulan que Concesiones Integrales debe entregar el equipo, vehículos, infraestructura y personal trabajando en óptimas condiciones, lo que no representaría una carga extra para la Comuna.
“Yo no sé por qué el presidente municipal dice que no tiene capacidad, es una obligación, no puede ser que no quiera aceptar operar el servicio del agua, no puede ser, sino que renuncie”
Respecto a la deuda “histórica”, afirmó, que se seguirá pagando a través de los recursos públicos durante los próximos años y a través de las tarifas, independientemente de quien maneje el servicio de agua.
¿Cómo inició la privatización del agua?
En 2013, durante la administración estatal de Rafael Moreno Valle envió una iniciativa para Ley del Agua del Estado de Puebla, que contempló la privatización del agua que en ese entonces se encontraba en manos de SOAPAP.
El Congreso local aprobó la reestructuración y la concesión fue otorgada a la empresa privada Concesiones Integrales, quien se encargaría de otorgar el servicio, operación, suministro y saneamiento por los 30 años siguientes.
Nueve años después, el ahora gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que sería el Ayuntamiento, encabezado por Eduardo Rivera Pérez, quien se encargaría del servicio de agua.
No obstante, este último ha afirmado que esto significaría un golpe fuerte en las finanzas del gobierno municipal, debido a la deuda que se arrastra desde años atrás.
Por ahora ambos mandatarios están próximos a reunirse para definir la ruta y evaluar el impacto de esta decisión.
Foto: Agencia Enfoque
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