Un millón 623 mil 230 pesos eroga al mes el Ayuntamiento de Puebla, que preside el panista Eduardo Rivera Pérez, para el sueldo de inspectores, encargados en realizar decomisos a discreción para impedir la instalación de vendedores ambulantes en la vía pública.
Para cumplir su promesa de campaña, de “reordenar” el ambulantaje, el gobierno de Rivera Pérez multiplicó el número de elementos de vía pública. La mayoría, desplegados desde el pasado 28 de febrero, para desalojar a los comerciantes de las calles del primer cuadro de la capital.
La Secretaría de Gobernación Municipal (Segom) pasó de tener 51 inspectores, en diciembre de 2021, a 109 en marzo de 2022 para la vigilancia en el corredor 5 de Mayo en las calles paralelas a la 8, 10 y 12 Poniente.
Desde hace tres meses, se han observado a los elementos cuyos uniformes destacan el gris y el azul, el color de partido de la actual administración.
Lo anterior, de acuerdo datos de la dependencia municipal proporcionados a El Ciudadano México, mediante una solicitud de información, donde detalló que hasta el 24 de abril del presente año están contratados 145 elementos de vía pública.
El alcalde argumentó –en su momento– que entre los ambulantes habría “mafias” dedicadas al crimen, así como cobro de piso a los vendedores, por lo que ofreció espacios fuera del Centro Histórico. Sin embargo, a la fecha no ha informado donde fueron “reubicados” los más de 5 mil vendedores y sigue la duda vigente: ¿dónde están?
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Decomisos arbitrarios… pero Comuna oculta las cifras
Para “liberar” las calles, el alcalde panista Eduardo Rivera prometió “diálogo” a los vendedores y sus representantes, sin embargo, desde su llegada al gobierno capitalino se han filtrado videos de decomisos con uso de la fuerza pública.
Las incautaciones no son reportadas a la dependencia. La Secretaría de Gobernación del municipio informó, mediante una solicitud de información a este medio, que durante los primeros siete meses de la actual administración no ha habido decomisos ni aseguramiento de mercancía.
Lo anterior contradice a las diversas declaraciones del titular de la Segom, Jorge Cruz Lepe, quien dijo en la más reciente entrevista -el pasado 27 de mayo-, que todos los retiros están documentados en “horas” de video, ante la filtración de audiovisuales donde se evidencia el uso de fuerza como fue el caso de un vendedor de chicharrines.
En el caso particular, el gobernador Miguel Barbosa Huerta condenó el actuar de los trabajadores de la Secretaría de Gobernación municipal para retirar al vendedor ambulante y pidió castigo a los funcionarios; horas después se dio a conocer que los elementos están suspendidos y se inició una investigación en su contra.
No obstante, este no fue el único material donde se observa a los inspectores agredir a los comerciantes informales. A inicio de mayo, un trabajador de la Comuna fue cesado de la dependencia por filtrar el decomiso de un puesto de nieves, ubicado en la calle 4 Sur del Centro Histórico.
“Hay un protocolo en donde alguien va manejando, normalmente es una mujer, tenemos varias mujeres, es a la que le pedimos que esté grabando en el momento del decomiso (…) cuando se nota de inmediato que va a haber una resistencia, empieza a hacer la grabación, esta grabación se la pasa al jefe de departamento y ahí lo tenemos, tenemos cualquier cantidad de horas grabadas de los decomisos”
Jorge Cruz Lepe
Secretario de Gobernación
De octubre de 2021 a abril de 2022, la Segom reportó cero decomisos y aseguramientos de mercancía a vendedores ambulantes. Después, hasta el 9 de mayo reportó solo cuatro retiros.
En contraste, durante 2019 -la pasada administración municipal a cargo de la morenista Claudia Rivera- reportó 264 decomisos, para 2020 hubo 282 y de enero hasta septiembre de 2021 hubo 96 retiros a vendedores ambulantes.
Inspectores cuestan a los poblanos 54 mil pesos por día
La remuneración bruta de los inspectores de vía pública va de los 8 mil 464 pesos hasta los 12 mil 664 pesos mensuales, por lo que cada trabajador cuesta al gobierno capitalino 11 mil 276 pesos al mes, reportan datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Desde el 24 de abril, pagar el salario y las prestaciones de ley de los 145 elementos costó a la ciudad 54 mil 107 pesos diarios, pues la nómina de los empleados ascendió a un millón 623 mil 230 pesos mensuales.
Esta cantidad supera el presupuesto anual de 15 de las 17 juntas auxiliares de la ciudad de Puebla, pues solo las alcaldías subalternas de San Francisco Totimehuacan y San Baltazar Campeche recibirán más de un millón 800 mil pesos durante 2022.
Es preciso mencionar que la remuneración neta de los inspectores es de 8 mil 240 a 10 mil 975 pesos, en promedio 9 mil 888 pesos al mes.
Empleados temporales, 2 de cada 3
El Ayuntamiento reportó a la PNT que 106 inspectores fueron reclutados por el Programa de Empleo Temporal (PET) como “Apoyo a Vía Pública”, con rango de analista “A”, con un contrato vigente por tres meses.
De los 145 elementos, el 73 por ciento no cuentan con un puesto de confianza o base, por lo que no generan antigüedad en la Comuna y según información pública no tienen bonos o percepciones adicionales.
El pasado 23 de mayo, el Ayuntamiento resaltó el retiro de vendedores ambulantes de la calle 3 Norte, entre la 14 y 16 Poniente, donde supuestamente había 65 comerciantes informales que vendían “verdura, comida, calzado y artículos varios” en las banquetas.
El llamado “Operativo C-10” mantiene desde el pasado 28 de febrero a los inspectores de Vía Pública en el norponiente del Centro Histórico, donde asegura que retiró “el 95 por ciento” de los vendedores. Aunque algunos se encuentran dispersos y toreando a los trabajadores de la Comuna en las calles aledañas al zócalo de Puebla.
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Ilustración: Iván Rojas
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