Comisión investigadora de la Cámara, cuyo texto fue aprobado hoy por pleno de la Sala, concluyó que niñas, niños y adolescentes bajo la protección estatal han sufrido abusos de larga data en el sistema, pero con la agravante actual de redes de explotación sexual que operan aprovechando sus debilidades.
Todas las vulneraciones y vejámenes que se constataron en la investigación “son consecuencia directa de la ausencia sistémica del Estado”, que tiene una responsabilidad que no ha ejercido en torno a velar por el bienestar y resguardo de los menores que están bajo la protección estatal. “Esta situación de graves violaciones de Derechos Humanos no ha sido tratada con la importancia y urgencia que amerita”.
Esta es una de las primeras conclusiones de la comisión investigadora de las situaciones de abuso y explotación sexual a niñas, niños y adolescentes (NNA) bajo protección del Estado (CEI 67), cuyo informe fue hoy aprobado por la Sala de la Cámara en forma unánime.
La instancia estimó que estas situaciones “no han sido aisladas ni nuevas”. Por el contrario, se observó que los abusos fueron reiterados y de larga data en el sistema. El punto de alerta hoy lo constituyen redes criminales de explotación sexual comercial de NNA (ESCNNA) que han detectado esta debilidad.
El informe considera que el cambio al modelo de residencias familiares no resuelve en si el problema. Tampoco el traslado a otras residencias. Por ello se insta a avanzar en la atención especializada y en medidas de protección urgentes para las víctimas. Asimismo, en investigación, control y sanción de los victimarios. Junto a ello, crear políticas de sensibilización y prevención, así como capacitación para identificar señales de alerta.
Detalles del informe
El texto afirma que “no existen políticas en materia de prevención de la ESCNNA”. Y, si bien se reconoce que hay avances e investigaciones en curso, se estima tardío e insuficiente. Así, solo durante el trabajo de la comisión se constató la existencia de redes de ESCNNA en seis residencias y en otros programas.
También se detectó que no existe una oferta garantizada para las víctimas de abuso sexual. Asimismo, que las residencias no tienen las condiciones para enfrentar la ESCNNA. Ello, porque no cuentan con las orientaciones técnicas, el personal, los programas especializados y el trabajo en red para abordar esta problemática.
“Ante los mayores niveles de complejidad, las residencias han optado por el cierre, por reducir el tramo de edad o por aplicar filtros a la hora de recibir casos; dejando fuera del sistema a adolescentes y víctimas de ESCNNA”, se acota.
Ante la constatación de situaciones de riesgo no existe sentido de urgencia, sentencia el informe. De igual forma, no “existe coordinación ni priorización entre los actores institucionales”. A esto se suma, discriminación respecto de denuncias de presunta desgracia u órdenes de búsqueda cuando son por personas en cuidado residencial. Igualmente, cuando se solicitan allanamientos en domicilios identificados y en flagrancia de los delitos.
Otras observaciones acusan patrones de funcionamiento similares en las redes de explotación sexual comercial en residencias. Asimismo, problemas de enfoque en los programas de explotación sexual y hacer justicia para las víctimas.
También se llamó a un manejo adecuado de la información y se criticó la ausencia del Ministerio Público en la investigación de la Cámara.
Recomendaciones y propuestas
El informe recomienda que todas las instituciones implicadas en esta materia comprendan la complejidad del fenómeno de la ESCNNA. En tal perspectiva, se llama a trabajar en la sensibilización y fortalecimiento del tratamiento de la explotación sexual de NNA de manera multisectorial.
También se plantea desarrollar un lenguaje común para el análisis y abordaje del fenómeno del ESCNNA, entre las distintas instituciones participantes. Junto a lo anterior, construir un trabajo colaborativo para la erradicación de la violencia sexual en el sistema residencial de cuidado alternativo.
Paralelamente, se pide diseñar un programa de “alerta temprana” y trabajo permanente con las
redes locales. Asimismo, acelerar la aprobación del proyecto de ley que elimina el concepto de prostitución infantil.
Además, se recomienda la producción de conocimiento cualitativo y cuantitativo sobre la ESCNNA; implementar un sistema compartido de gestión y análisis de datos; conocer el paradero de cada uno de los NNA que se encuentran bajo cuidado del Estado pero que no están en sus residencias; y que la policía encargada de las búsquedas sea especializada, con la capacitación adecuada y la debida coordinación con los programas de representación jurídica.
También se propone evitar la institucionalización; que el Ministerio Público mejore los procesos investigativos y se cuente con una persecución penal más efectiva y priorizada respecto de NNA. Adicionalmente, mejorar la calidad de la intervención desde un enfoque familiar y potenciar familias de acogida. De igual modo, fomentar el enfoque preventivo; avanzar en la promoción de la reinserción social de los NNA víctimas de explotación sexual a nivel nacional; y reforzar programas de salud mental, entre variados puntos.
Debate
En la discusión de este informe participaron Ana María Gazmuri (IND), Erika Olivera (IND), Carlos Bianchi (IND), Maite Orsini (RD), Hernán Palma (IND) y María Luisa Cordero (IND).
En términos generales, las y los diputados alertaron sobre la dramática realidad que se vive y llamaron a actuar con sentido de urgencia. Replicaron varios de las conclusiones del informe y pidieron al Gobierno acoger las propuestas planteadas en pro de avanzar en el tema.
Algunas ponencias relataron hechos puntuales vividos en regiones como Magallanes, Los Lagos y Biobío. Asimismo, se criticó la falencia institucional general y la falta de interoperatividad entre las entidades involucradas en este tema.