Después de un largo litigio iniciado por el ya fallecido propietario de ‘El Clarín’, Víctor Pey, la justicia de España activó los mecanismos legales para asegurar que los accionistas del diario que fue embargado durante la dictadura de Augusto Pinochet sean indemnizados, tal y como dispone el laudo del CIADI, el organismo de arbitraje en inversiones del Banco Mundial.
De acuerdo a lo informado por el medio ibéricoDiario.es, en un decreto del pasado marzo, el juzgado 101 de Madrid comunicó a la multinacional francesa Nexans, uno de los grandes actores globales de la industria de sistemas de cable, el embargo de cualquier pago pendiente de su filial en España, Nexans Iberia, a la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), suministradora de materias primas, para cumplir la indemnización de 551 millones de dólares (alrededor de 520 millones de euros y $500 mil millones) que fue fijada por el auto del mismo juzgado que ejecuta el laudo.
El decreto judicial tomando como base las normas previstas en la ley española para las ejecuciones, “declara embargados los créditos líquidos y derechos de toda naturaleza que existan en la empresa Nexans Iberia a favor de la mercantil Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco Chile) en cuanto sean suficientes para reclamar las responsabilidades reclamadas”, consignó el citado medio.
El dictamen del juzgado 101 de Madrid, ordena a Nexans a efectuar el ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado.
En caso de que Estado chileno insista en no reparar el perjuicio, se dictó el embargo de “los créditos líquidos y derechos de toda naturaleza” que mantenga la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) con la multinacional francesa del alambre de cobre, Nexans. Esto, “en cuanto sean suficientes para reclamar las responsabilidades reclamadas”.
Consultados por el Diario.es desde Nexans Iberia aseñalaron que recibieron el requerimiento de embargo por parte del juzgado y que ya han respondido al juez manifestándole que “no adeuda cantidad alguna a la empresa Corporación Nacional del Cobre de Chile, SL”.
Por su parte, desde Codelco no han contestado a las preguntas formuladas por el periódico ibérico sobre el decreto del juzgado y las repercusiones que pueda tener para los negocios de la compañía.
Cabe recordar que el diario fue confiscado el mismo 11 de septiembre de 1973, incluso antes del ataque armado a La Moneda. Y agregan que “los activos del periódico en Chile siguen ocupados por los militares casi medio siglo después”.
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Durante el gobierno de Salvador Allende, ‘El Clarín’ era uno de los medios con más lectores en Chile y fue comprado en 1972 por Víctor Pey, republicano español exiliado en el país.
Pey inició su demanda desde hace 25 años, pero falleció en 2018.
Actualmente los propietarios de las accionistas de las empresas editoras son: la fundación española Presidente Allende con un 90% de las acciones, y Coral Pey Grebe (hija de Víctor Pey) con un 10% de las acciones.
Antecedentes del caso El Clarín
El juzgado 101 de Madrid, que históricamente estuvo especializado en materias de arbitraje, es el mismo que en 2013 ejecutó las costas que impuso este mismo laudo a Chile: más de tres millones de dólares, que el Estado ya abonó. La nueva resolución continúa ahora la ejecución de otras disposiciones del mismo laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial, tras más de una década de intentos por parte de Chile de impedir que se pudiera materializar la obligación de indemnizar a los inversores españoles que ordena el laudo de 2008.
El CIADI zanjó en 2020 la pugna jurídica al reiterar que los dueños de El Clarín tienen el derecho a ser compensados “de todo daño susceptible de evaluación financiera que podrán establecer” y que su inversión de 1972 está bajo el amparo del Convenio de protección de inversiones extranjeras entre España y Chile. Este derecho tiene autoridad de “cosa juzgada” desde 2008 en los 155 países que han ratificado el Convenio del CIADI, entre ellos España y Chile.
Los propietarios de El Clarín presentaron en 2020 su solicitud de continuación de la ejecución en Madrid, junto con una cuantificación del valor de las acciones elaborada por los expertos de Accuracy, consultora internacional con sede en París y una de las referencias internacionales en arbitrajes, así como un dictamen del catedrático de Derecho Mercantil Francisco Vicent Chuliá, socio de honor del bufete Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
La resolución de ejecución del juez Puerta ha fijado la cuantía del principal de la indemnización en 429,797 millones de dólares (382,45 millones de euros). A esta cantidad, suma otros 121,972 millones de dólares (108,53 millones de euros) por los intereses y costas estimadas. El laudo del CIADI fijó en 2008 los intereses de demora en el 5% anual compuesto hasta el completo pago de la indemnización, con lo que las dilaciones de los sucesivos gobiernos de Chile, tanto de la Concertación como de Sebastián Piñera, va a tener como consecuencia actualizar la indemnización, que deberá afrontar ahora el nuevo Ejecutivo de Gabriel Boric, quien no ha tenido nada que ver con el arbitraje más largo de la historia del CIADI y de Chile.
Sobre el fondo del laudo, que dio la razón a los inversores españoles y obliga a Chile a indemnizarlos, no cabe recurso alguno. El auto del juzgado español señala que el Estado puede oponerse al despacho de ejecución en los términos que establece la ley procesal.
Sobre el pago de la indemnización, en septiembre de 2017, el entonces diputado Gabriel Boric realizó una intervención en favor de la indemnización de El Clarín en la Cámara Baja, en la que solicitó oficiar al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto al costo que se significó al Estado ir a tribunales internacionales para evitar el pago a los herederos del diario de Pey, la Fundación Salvador Allende y su hija, Coral Pey.
Asimismo, expesó su respaldo a la demanda de Víctor Pey y su deseo de reabrir El Clarín en formato físico: “La verdad es que quiero preguntarme ¿qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha motivado al Estado de Chile a realizar tanto esfuerzo por evitar la reparación de esta usurpación ilegal de lo que fue el diario El Clarín?”, dijo en esa oportunidad.
En declaraciones a Interferncia, a la heredera de El Clarín, Coral Pey, se refirió a la decisión del tribunal español y la disposición del nuevo gobierno para resarcir lo que en 30 años de democracia no se hizo.
“Confío en que el presidente Boric pagará. Creemos que este fallo será acogido de forma favorable y acatado por este nuevo gobierno, cuyo presidente es una persona que tiene mucha sensibilidad con el tema, y que además cuando era diputado habló de este tema en el parlamento”, afirmó.
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