Aprender sobre la normatividad, despejar dudas y compartir experiencias con otros defensores de derechos humanos, fueron algunos de los alcances que tuvo la reciente jornada de capacitación sobre la nueva Ley de Migraciones realizada en la ciudad de Arica por el Instituto Católico Chileno de Migración, INCAMI, coejecutor del proyecto Crisol: Movilidad Humana y Derechos.
En la actividad se dieron cita diferentes organizaciones de la sociedad civil, así como representantes de instituciones del Estado y de la Iglesia Católica, provenientes de Bolivia, Chile y Perú.
Valentina Silva Lecompte, integrante de la Agrupación de Colombianos y Migrantes Unidos en Arica, destacó en ese sentido la importancia de esta instancia «para promover e informar los derechos de las comunidades migrantes, además de aclarar dudas en cuanto a la nueva Ley de Migraciones, y así traspasar la información a quienes participan en nuestras organizaciones».
Durante el evento, Darío Sánchez, director regional del Servicio Nacional de Migraciones (SNM) para Arica y Parinacota, expuso acerca de la legislación, y aprovechó para destacar la particularidad histórica de la región, por la existencia de un ecosistema migratorio con los países vecinos, Perú y Bolivia.
«El pronóstico es bastante alentador para poder establecer ciertas políticas migratorias con enfoque regional, con las comunidades y distintos organismos que son promigrantes», resaltó Sánchez.
Por su parte, Gabriel Zepeda, delegado de la Cancillería en la Región de Arica y Parinacota, quien también se dirigió a los asistentes, señaló que «lo interesante de este momento es que las personas que trabajan en torno a estos temas puedan tener la percepción más ajustada y realista posible, de cuáles son los deseos de la población que acoge y las expectativas de la población que llega, y esa simbiosis es lo que puede dar la clave de un proceso exitoso».
Respecto a la realización de esta actividad en Arica, Antonia Garcés, coordinadora del proyecto Crisol, expresó que se busca fortalecer a las organizaciones migrantes y promigrantes para asegurar su participación e incidencia en la construcción de los pactos sociales y políticos en los que actualmente se encuentra inmerso Chile.
«Para ello, nuestro proyecto considera fundamental escuchar las voces territoriales que existen en las distintas regiones y localidades de Chile, ya que son ellas las que permitirán generar políticas públicas y soluciones pertinentes y adecuadas”, agregó.
El proyecto Crisol: Movilidad Humana y Derechos, es financiado por la Unión Europea y se desarrolla a través de un consorcio entre la Fundación Avina, el INCAMI y el Observatorio Ciudadano, con la participación de la Red de Organizaciones Migrantes y Promigrantes.