El análisis y aprobación de la expedición de Ley de Atención y Prevención de la Contaminación Visual y Auditiva para el Estado de Puebla ya había levantado ámpulas entre los diputados de todas las bancadas en el Congreso del Estado desde que se turnó a comisiones.
Su exposición ante el pleno, previo a darle luz verde con 34 votos a favor y 3 abstenciones, no fue la excepción, pues entre reclamos, desconocimiento, celebraciones y suspiros, volvieron a poner en duda el análisis de fondo de algunas propuestas.
Esta falta de exhaustividad ya les ha pasado factura en otras ocasiones, la más reciente fue el pasado 8 de junio, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma con la que se creó el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI).
Las muecas y gestos de desgano que algunos legisladores mantuvieron desde el inicio del análisis del punto se trasformaron en expresiones de molestia al echarse en cara que “algunos diputados si hacen su chamba y leen todos los dictámenes”.
El primer round lo protagonizaron el diputado Jaime Natale Uranga (PVEM), presidente de la Comisión Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN), integrante de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Mientras Natale Uranga destacó la importancia de esta ley, y explicó brevemente las competencias que tendrán el gobierno del estado y los ayuntamientos en la aplicación de las sanciones a quienes violen la ley, Rodríguez Della Vecchia aseguró que el análisis y dictaminación en comisiones se realizaron con premura.
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Desde la tribuna y sin perder su sonrisa, el integrante del Partido Verde agradeció al gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, por enviarla al Congreso; también reconoció el acompañamiento de Beatriz Manrique Guevara, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y la participación de los diputados involucrados.
En contraste, la panista mostró un semblante serio e insistió en que no se analizó de fondo el alcance y la forma de aplicación de la ley, debido a que no se contó con el tiempo suficiente para hacerlo, “por lo que no existe plena certeza jurídica para la ciudadanía y hay intereses particulares”; además no se incluyeron las nuevas sanciones en la versión final.
El segundo enfrentamiento los inauguró Eduardo Alcántara Montiel (PAN), quien de forma irónica reconoció que quedaron algunas lagunas que tendrán que irse subsanando con el tiempo; además, dijo que muchas cuestiones ya estaban reguladas y sólo necesitaba actualizarse los procedimientos aplicables.
Al contrataque volvió Natale Uranga quien perdió su gesto amable y alzó la voz para responderle al panista, quien aseguró que contaron con tres días para analizar el dictamen presentado el pasado 9 de junio, y que el lunes 13, los diputados de la bancada de Morena y el PVEM “que sí hicieron su tarea”, presentaron sus modificaciones en tiempo y forma.
Añadió que el desconocimiento de algunos diputados nació de la irresponsabilidad de salirse de las mesas de trabajo y las sesiones de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia; y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, “no es que no existiera tiempo, lo que no existió fue interés”, dijo.
El golpe final lo dio la legisladora Rodríguez Della Vecchia quien con papeles en mano presentó pruebas sobre la inclusión de sus cambios, que “también hicieron en tiempo y forma», defendió su participación en las comisiones y recriminó que hay iniciativas que siguen en trámite a pesar de ser importantes.
Complementario a esta ley y en un ánimo menos encendido, con 35 votos a favor y 2 abstenciones, el pleno del Congreso de Puebla aprobó reformar el primer párrafo, las fracciones V y VI del Artículo 198; y adicionar las fracciones V Bis, V Ter, V Quater y V Quinquies al Artículo 198 del Código Penal del Estado Libre Soberano de Puebla, para que las sanciones planteadas tengan efecto.
Para que entre en vigor, este nuevo ordenamiento tendrá que ser publicado en el Periódico Oficial del Estado, lo que podría pasar en los próximos días.
¿Cuáles son los alcances de la ley?
La iniciativa fue enviada al Congreso del Estado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, el pasado 9 de junio, con la que pretende castigar a los concesionarios que coloquen estructuras metálicas en áreas verdes y regular los ruidos fuertes, al considerarlos un agente contaminante.
Previo a ser votada en el pleno, se avalaron algunas modificaciones que presentaron los diputados panistas Mónica Rodríguez Della Vecchia y Eduardo Alcántara Montiel; la priista Laura Zapata Martínez y los presidentes de las comisiones, Eduardo Castillo López (Morena) y Jaime Natale Uranga (PVEM).
Contempla un aumento a las sanciones a quien incurra en daño ambiental, pues en un principio contemplaba una multas de hasta 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), pero ahora la pena será de 5 mil UMAS, es decir, hasta 481 mil 100 pesos.
Además, con esta regulación se delimitará la competencia del estado y los ayuntamientos sobre las faltas administrativas que cometan los ciudadanos, sobre todo en el daño ambiental, mediante la colocación de espectaculares o cuando se emitan ruidos superiores a los decibeles permitidos.
Se castigará con una pena de 2 a 10 años de prisión a quienes coloquen espectaculares en áreas verdes; además, los concesionarios de los espectaculares tendrán que destinar al año 10 por ciento de su renta (es decir, un mes) para difundir campañas de protección al medio ambiente.
Ahora, los 217 ayuntamientos tendrán un plazo de 90 días naturales para adecuar sus reglamentos internos, para poder aplicar el nuevo ordenamiento y que “esta ley no se convierta en letra muerta”.
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