Historiador vs historiadora: Conoce el juicio por injurias en medio de la falta de protocolos de género para asignar fondos de investigación

Este martes se vivirá un juicio que enfrenta posturas y versiones sobre un presunto episodio de abuso sexual denunciado en 2015, dentro del contexto académico, en medio de lainexistencia de protocolos de género para asignar fondos públicos para investigaciones.

Un historiador de larga trayectoria se querelló contra una historiadora de la RHF, por haber enviado a un medio digital, en 2019, una columna de opinión colectiva que problematizaba la entrega de fondos públicos concursables a personas que estuvieran relacionadas con casos de presunto acoso, abuso o violencia del género, tal como fue el caso del querellante.

Todo partió en diciembre de 2019, con una carta escrita por la Red de Historiadoras Feministas (RHF) y publicada por el diario El Desconcierto. La carta se titulada «¿Hasta cuándo entregan fondos de investigación a acosadores?».

La misiva adhería al principio de incompatibilidad entre la investigación y el ejercicio de la violencia de género, y por consiguiente, la incompatibilidad del financiamiento público para «acosadores y violentos».

Esta carta de diciembre de 2019 no fue la primera denuncia realizada por la RHF contra el otorgamiento de fondos públicos a «acosadores» por parte de la entonces Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT). Dicho organismo ya no existe, hoy la reemplaza la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID).

Sin embargo, pese a las denuncias anteriores el organismo estatal pareciera haber hecho oídos sordos. Pues entre los ganadores del Fondecyt Regular 2020 que otorgó el grupo de Historia, había nuevamente un académico, según denunció el gremio de historiadoras feministas, el cual había sido denunciado por actos de presunto abuso sexual. En esta carta hacían referencia al historiador Washington Milton Godoy Orellana .

Denuncia por abuso sexual 

En el año 2015 una egresada de la Licenciatura en Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) presentó una querella criminal, en el juzgado de Arica, ciudad donde ocurrieron los hechos, en contra de Washington Godoy, acusándolo deldelito de abuso sexual. Esto en el contexto de un congreso al que asistió la denunciante, en calidad de licenciada y profesora ayudante, junto al entonces profesor de la UAHC.

Pese a la diligencia, la decisión del tribunal fue el sobreseimiento definitivo de la causa, argumentando que «el hecho investigado no fue constitutivo de delito». Esto en base a la causal del artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal.

Posterior a la presentación de la querella criminal y el fallo del tribunal, Godoy fue denunciado por este supuesto hecho en la casa de estudios, también en 2015.

Sin embargo, la universidad, que en aquel entonces no contaba con protocolos contra el abuso sexual y la violencia de género, mantuvo al profesor en funciones.

Recién en 2018 el caso de Godoy pasó al Comité de Ética de la UAHC, según lo establecido en la carta de la RHF. Finalmente, la UAHC emitió una resolución de acuerdo al Reglamento de Ética Institucional, la cual desvinculó a Godoy de la UAHC el 9 de enero de 2018. En ese contexto, el 18 de enero de 2019 la UAHC mandó una carta formal a la denunciante, aclarando la desvinculación formal de Godoy y aludiendo que esto se debía a los “hechos ocurridos en la ciudad de Arica”.

 A la misma vez, la Vocalía de Género y Sexualidades de la UAHC también publicó en las redes sociales un comunicado sobre este caso y la desvinculación de Godoy.

Una desvinculación que Conicyt no consideró

Dichos antecedentes no fueron impedimento para que Godoy fuera uno de los ganadores de fondos públicos para investigación. Godoy fue premiado con el Fondecyt Regular 2020, en el grupo de Historia.

Y es de dicha decisión que nace la carta de la RHF, y con ella el principio de un nuevo proceso judicial. Sin embargo, el historiador, en vez de querellarse contra todo el colectivo, decidió querellarse solo contra una de las historiadoras firmantes de la carta, la académica de la Universidad Diego Portales y Doctora en Historia, Hillary Hiner.

Lo anterior basándose en la información entregada por El Desconcierto, ya que Godoy levantó un recurso de protección en contra del medio por haber publicado esta carta, recurso del que salieron airosos. Sin embargo, en el proceso individualizaron a Hiner como una de las liderezas y representantes de la RHF, y quien había mandado la carta, eso sumado a un par de twits que publicó la académica en contra de la decisión de la Conicyt de otorgar recursos del Fondecyt a Godoy fueron los antecedentes que utilizó el académico para querellarse contra la historiadora.

La Corte de Apelaciones de Santiago, requirió información a Hiner para inevestigar lo denunciado por Godoy, a lo que la académica contestó: «Decidimos publicar la carta por decisión de la RHF, ya que nos pareció injusto que alguien de los antecedentes expuestos en la columna ganara un fondo prestigioso público y estamos emplazando al Estado de Chile para que cambie sus políticas institucionales y las bases de sus fondos de investigación (…) A la hora de mandar la columna al diario, se mandó desde mi mail, porque yo ya había publicado columnas de mi autoría personal, y no colectiva de la RHF, anteriormente en El Desconcierto y, por tanto, era la persona de contacto para enviar las columnas de la RHF al diario. Tal vez por lo mismo ocurrió un error por parte del diario El Desconcierto, al individualizar la Red de Historiadoras Feministas en mi persona. Pero de ninguna manera la columna es de mi autoría como persona, ni yo tengo ningún poder de representación respecto de la Red de Historiadoras Feministas». Esto en agosto de 2020.

Versión del historiador 

Pese a esta respuesta, Godoy perseveró e ingresó una querella criminal contra Hiner por «injurias graves con publicidad».

En el texto legal, el historiador además negó categóricamente la acusación de abuso sexual expuesta en su contra, y que la carta de la RHF posicionó en el debate público, tachando los hechos relatados en su contra como «absolutamente parciales, sesgados y contrarios a la realidad».

En su argumentación, Godoy clasifica la denuncia hecha en su contra, por aquella egresada de Historia de la UAHC, como una acusación «espuria». «Este querellante desconche las motivaciones para haber interpuesto una querella criminal ante el Juzgado de Garantía respecto de hechos que no son ciertos y que además no constituyen delito, pero que con el transcurso de los hechos siguientes, pareciera ser que persiguen denostarme públicamente a fin de lesionar mi actividad profesional», señaló Godoy en la querella.

El historiador, como autodefensa, hizo énfasis en que quien lo denunció en Arica por actos abusivos de índole sexual, no solicitó mayores diligencias en la carpeta de investigación de la Fiscalía Local de Arica cuando se sobreseyó el caso. Pero esta argumentación, lo cierto es que no considera ni si quiera mínimamente el proceso de revictimización al que se tienen que enfrentar las mujeres que han sido víctimas de violencia cuando están en la búsqueda de justicia. Más aún cuando un tribunal decide sobreseer el caso y señala que lo denunciado por la mujer «no constituye delito». No debería ser tan fácil juzgar a las mujeres que deciden no perseverar con un proceso judicial que las violenta, desgasta y pone en tela de juicio sus experiencias.

Por otra parte, el historiador señala en su querella que la carta que redactaron desde la Red de Historiadoras Feminstas y que publicó El Desconcierto ha dañado su «prestigio académico y actividad profesional «. Como ejemplo de esto, Godoy menciona que la Fundación Desierto de Atacama, que en un principio lo patrocinaba ante el FONDECYT, retiró su patrocinio del proyecto. Sin embargo, nada dice de que continuó ejecutando el proyecto de investigación y que no le habrían retirado los fondos públicos desde ANID. Por lo menos eso es lo que se infiere según una de sus últimas publicaciones de 2021, donde señala que la investigación es resultado del Proyecto Fondecyt Regular Nº 1200297. Y todo hace pronosticar que ejecutará los 4 años completos del proyecto.

Esta redacción intentó ponerse en contacto con Washington Godoy, a través de su abogado, para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta.

El juicio

Así las cosas, el juicio por injurias contra la académica Hillary Hiner está calendarizado para este martes 28 de junio.

En tanto, beneficiar a personas conque han sido denunciadas por cometer presunto abuso o acoso sigue siendo una práctica que se vive dentro de la academia y las instituciones públicas. «Lo que se escucha con mucha frecuencia es ‘pucha, no podemos hacer nada, esas cosas son privadas o personales’, en el fondo siempre haciendo esa separación, que no se puede incluir esa información en una toma de decisión, lo cual encuentro bien impactante», señala la historiadora, considerando que hasta 2017 la mayoría de las universidades no contaban con protocolos respecto a acoso y abuso sexual en Chile. «En otras latitudes del mundo hay leyes y protocolos respecto a acoso y abuso sexual desde principio de los años 80, pero en Chile es un fenómeno muy reciente», señala.

Volviendo al juicio, el proceso se ha extendido desde 2020, y la historiadora piensa que podría extenderse incluso más en caso de que la Corte falle a su favor. Esto por la actitud que ha tenido el querellante en sus otros casos al respecto de esta causa, con El Desconcierto Godoy llegó hasta la Corte Suprema para imputar el fallo.

El proceso judicial, como muchos en Chile, se ha extendido más de lo deseado, y para Hllary representa una extensión de la violencia y el acoso vivido por la denunciante. En base a su carrera, buena parte de ella especializada en violencia de género, señala tener muy claras cuales han sido las dinámicas de violencia que han operado en este caso. «De por sí tener que
pasar por un juicio de estas características es una experiencia muy violenta y desgastante», señaló, más en contexto pandémico, trabajando, cuidando -tiene una hija pequeña-, y manteniendo la activación y militancia en distantas organizaciones como la RHF y la Red de Investigadoras. «Es esto de siempre tener presente esto del juicio, y eso, evidentemente me ha afectado y mucho».

En el juicio la historiadora arriesga 541 días de cárcel, una multa de 20 a 150 UTM, disculpas públicas en medios de comunicación y bajar la columna de todos los sitios donde haya sido publicada. «Es ese peso de cómo enfrentar esta situación que siempre está ahí en el horizonte (…) Es ver cómo castigan también a nostres feministas que levantamos la voz y denunciamos. Este no es ni el primer ni el último caso donde una persona, acusada, y en este caso sancionada por acoso sexual, posteriormente va a ocupar el sistema jurídico para castigar a las personas que lo denuncian. Hay muchos otros casos de estudiantes, profes, que también han tenido que enfrentar querellas por ser feministas y dar esta lucha por mejorar los entornos para que sean libres de acoso y violencia de género. Como feminsta trato de entenderlo en esa clave, dentro de algo más grande que este proceso en específico. Ha sido desgastante en muchos sentidos pero es por una lucha justa, eso me permite seguir», reflexiona la académica.

Cambios en las instituciones públicas

A raiz de las múltiples declaraciones y esfuerzos de distintos grupos por problematizar sobre la violencia de género, el acoso y el abuso, y cómo estos se validan por las instituciones públicas cada vez que se conceden fondos a personas que son investigadas por estas denuncias, se inauguró en 2021 una Política Nacional de Igualdad de Género en Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación, plan liderador por el Ministerio de Ciencia al que pertenece la ANID.

Hiner, quien ha seguido de cerca el proceso señala que no ha sido una tarea fácil avanzar en esta línea, pero que se ha ido progresando. «Ha habido intervenciones y estudios positivos, por ejemplo, antes de salir la subsecretaría del Ministerio de Ciencia de l administración de Piñera, en febrero de este año, sacó un informe sobre las brechas de género en investigación. Y ahí se muestra no la brecha, sino el abismo, entre hombres y mujeres al momento de postular a los fondos, incluso llegando a la conclusión de que teniendo trayectorias absolutamente iguales, cvs, grados, experiencia, etc, iguales entre hombres y mujeres, los hombre siempre sacan más puntaje dentro de los concursos Fondecyt Regular. Y eso es razón de mucha alarma. Los concursos no son anónimos y hay un montón de sesgos que entran a la hora escoger a ganadores». Dicho informe, en el fondo, señala Hiner, respalda con estadísticas lo que ya habían estado diciendo hace mucho tiempo las académicas feministas.

Sin embargo, pareciera que aún queda un largo camino por recorrer para los organismos públicos, y para poder hablar de una efectiva erradicación de la violencia de género en las políticas y decisiones públicas.
ANID aún no tiene una política pública clara y específica contra el acoso o abuso dentro de las bases de sus concursos. «Desconozco si en otros concursos hay bases contra el abuso o acoso, pero si no está en ANID creo que muy difícilmente va a estar en otro lado, porque es ANID quien en el fondo lleva la batuta respecto a financiamiento de investigación», señaló la académica también integrante de la Red de Investigadoras.

Para Hiner, la línea es clara, y no deberían existir fondos públicos que beneficien a personas que han incurrido o sido acusadas por cometer prácticas abusivas, que violentan la integridad psíquica y/o física de alguien más, más aún cuando existe una relación de poder de por medio. «Efectivamente tienen que existir protocolos e indicaciones dentro de las bases, tenemos que tener resguardos para mantener un alto nivel dentro de la investigación, de mandar señales que hay ciertos problemas éticos: acoso, plagio, etc, que no se pueden aceptar. Eso es algo que hay que tomar mucho más en serio y hasta ahora no se ha hecho».

No hay normas que regulen en general estas prácticas, y la única forma de sancionar un poco estas actitudes, por parte de las organizaciones y universidades, es no dándole patrocinio a estas personas, sin embargo, el panorama es más complejo que eso. «Recordemos que la investigación es muy lucrativa para las universidades, reciben inyecciones enormes de dinero por estos proyectos, entonces, siempre va a ser muy atractivo la posibilidad de atraer esos ingresos, por más terrible que sea la persona que patrocinan», señala.

«Efectivamente tienen que existir protocolos e indicaciones dentro de las bases, tenemos que tener resguardos para mantener un alto nivel dentro de la investigación, de mandar señales que hay ciertos problemas éticos: acoso, plagio, etc, que no se pueden aceptar. Eso es algo que hay que tomar mucho más en serio y hasta ahora no se ha hecho».