Autor: Danilo Araneda
Por “zonas de sacrificio” se comprende en Chile aquellos territorios con una concentración masiva de industrias contaminantes, pegadas a la población, para el desarrollo económico del país. El concepto fue acuñado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Las zonas de sacrificio son mayormente lugares de bajos ingresos, en los cuales se han instalado industrias declarando intenciones de desarrollo, además de mejoras en las condiciones de trabajo y vida para sus habitantes. Sin embargo, sus habitantes alegan que la contaminación ha degradado su salud y bienestar, además de deteriorar ecosistemas marinos y terrestres necesarios para su bienestar y desarrollo económico local[1]. La vida de seres humanos y animales en ellas es simplemente intolerable.
Tal es la situación que vive la bahía de Quinteros, con una extensión de 9 kilómetros, y en la cual coexisten varias plantas termoeléctricas (a carbón), bodegas de cemento, una fundición de cobre, una refinería de petróleo, una terminal química, fábricas de lubricantes. Pero, esta situación se extiende a otras regiones del país: además de las 4 centrales termoeléctricas a carbón en Quinteros, otras seis se ubican en Tocopilla; más al norte, en Huasco, otras cinco; sigue Mejillones, con nueve; y, en el sur, Coronel, con tres. De las 26 centrales de carbón que operan en el país, 15 son propiedad de AES Gener (EEUU), siete de la francesa Engie (Suez), tres de Enel (propietaria de Endesa) y una de la chilena Colbún[2].
La presencia y efectos de estas zonas de sacrificio se agravaba años tras año tras el accionar de los gobiernos de turno (dictadura, concertación, derecha) que poco o nada hicieron para mejorar las condiciones de producción. El modelo de producción extractivista frenaba la incorporación de inversiones que permitieran incorporar las más modernas tecnologías que permitieran incrementar la competitividad de la producción nacional y, al mismo tiempo, asegurar la calidad de vida de la población. Nada más lejos de las intenciones de los empresarios y gobernantes de la época que alcanzar los estándares que muestra, por ejemplo, la alemana “Aurubis” (https://aurubis.com/en/), empresa visitada por distintos altos ejecutivos de la minería chilena[3]. Pero, una inversión de este tipo no parecía ser “rentable” para el país. Era más barato y competitivo sacrificar a la población.
El sufrir de la población, más la abierta insensibilidad de las autoridades de gobierno, así como del mundo privado, llevaron los hechos a una situación irrefutable, avalada por abundante evidencia científica que muestra la necesidad de terminar la convivencia de estos centros industriales con las poblaciones y tierras para fines agrícola y ganadero.
El 17 de junio de 2022, el Presidente Boric anunció el cierre de la fundición de la planta “Ventanas” de Codelco. En su discurso fue enfático: “Lo hemos dicho muy claro, no queremos más zonas de sacrificio. Hoy existen cientos de miles de personas que viven en nuestro país expuestas al deterioro ambiental severo que hemos causado o permitido, y que, como chileno, me avergüenza”. Estas palabras fueron acompañadas de la promesa de que ninguno de los trabajadores de la fundición quedaría sin trabajo.
La medida encontró la inmediata aprobación de buena parte de la población, especialmente los directamente afectados en las “zonas de sacrificio”, los medioambientalistas y todos quienes habían levantado estas banderas durante el estallido social. Las palabras del Presidente parecen abrir una promisoria senda para terminar con otras zonas de sacrificio.
Unas reacciones distintas presentaron los trabajadores de “Ventanas” que buscaron el apoyo del resto de los trabajadores de CODELCO, para llamar a un paro nacional por la eventual pérdida de sus lugares de trabajo y acusando una eventual privatización de funciones de CODELCO. Crasos errores cometieron al no mostrar empatía directa con la situación de la población de las zonas de sacrificio, centrar su discurso en sus propias demandas, incluso dejando en segundo plano los requerimientos de los obreros contratistas, y llamar a un paro nacional al que llegaron sin ninguna capacidad negociadora ni cohesión interna.
La prensa se encargó de presentarlos como los principales opositores a un cambio necesario y fundamental. Esto se vio refrendado por declaraciones de connotados líderes medioambientalistas que señalaban que “No es posible que un grupo de trabajadores se apropie de la decisión de una empresa que es de todos los chilenos”. Las redes sociales se encargaron de tratarlos de “gorriaos”, de compararlos con los camioneros golpistas de 1972. No faltó quién los acusó de desclasados, que solo buscan mantener sus elevadas remuneraciones, provenientes del sueldo de todos los chilenos.
Inútiles resultaron las declaraciones de la propia Central Unitaria de Trabajadores que manifestó que “hace décadas, los trabajadores y trabajadoras hemos propuesto insistentemente un nuevo modelo de desarrollo, que supere el actual modelo neoliberal que provoca la destrucción del medioambiente, una economía extractiva, y solo provee trabajos precarios y bajos salarios”. Y, agregaba, no puede existir una contradicción entre el cuidado del medioambiente y el cuidado de la vida y el empleo. Armonizar este desafío es un objetivo que, en el marco de la transición justa, debe guiar y solucionar estos problemas de larga data, que son provocados por no poner al centro el desarrollo integral de los ecosistemas y la vida”.
La “jugada” estaba lista. Paso uno, una resolución del directorio de CODELCO, inconsulta con los trabajadores, quienes se enteraron por los medios de comunicación. Paso dos, en el centro de todo se puso el tema medioambiental y la defensa de la salud de los ciudadanos. Impecable. Jaque mate en dos movidas.
Los dirigentes mineros nunca lograron entender que ellos solo eran el “daño colateral”. Luego de su aparente falta de solidaridad con los habitantes de las zonas de sacrificio, ya nadie se interesó en sus argumentos.
Y, entre sus argumentos, hay algunos dignos de mayor atención, entre ellos:
* A pesar de que la Fundición de Ventana había cesado su funcionamiento antes del anuncio presidencial, continúan los casos de afectados por las poluciones. Pero, nadie habla de qué otras fuentes están contaminando el medio ambiente local. El mundo privado guarda silencio.
* El apresurado cierre de la fundición afectará el empleo local, más allá de los propios trabajadores de Codelco, creando un severo problema social. En la memoria aparece el recuerdo de la fallida reconversión de los trabajadores del carbón.
* Un eventual traspaso de las funciones de CODELCO al sector privado. Esta situación, además, dejaría en severo desmedro a cientos de pequeños productores mineros que tenían en Ventanas la única posibilidad de fundir su producto.
Finalmente, circula en las redes sociales una Propuesta de CESCO (Centro de Estudios del Cobre y la Minería) que, de manera explícita, propone “…construir una fundición refinería de última tecnología, de excelencia ambiental, financiada y operada por privados y que en principio sea independiente de una empresa minera en particular. Esta debería ubicarse en la costa o a corta distancia de la costa de la Región de Atacama o de Antofagasta”[4].
*Artículo publicado originalmente en UTE-NOTICIA
[1] Fundación Terram. Zonas de Sacrificio. https://www.terram.cl/carbon/zonas-de-sacrificio/
[2] ¿Qué son las zonas de sacrificio de Chile? https://www.eldiario.es/ballenablanca/365_dias/zonas-sacrificio-chile-cumbre-clima_1_1205027.html
[3] Un interesante reportaje puede ser leído en la “Revista de Frente”: https://www.revistadefrente.cl/auribus-la-mega-fundicion-y-refineria-de-cobre-que-funciona-en-el-medio-de-hamburgo-con-altos-estandares-ambientales/
[4] CESCO, “Cobre refinado. Un buen negocio para Chile”, pág. 22. https://www.cesco.cl/wp-content/uploads/2021/07/Cobre-refinado.-Un-buen-negocio-para-Chile.pdf