Las mujeres poblanas podrán acceder a los servicios de asistencia social cuando sufran de abandono, maltrato o violencia familiar; además, los adultos mayores en el estado de Puebla tendrán atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios al público.
Este miércoles, los integrantes de la comisión de Grupos Vulnerables aprobaron reformar los Artículos 4 y 12 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social; así como reformar y adicionar algunas disposiciones al Artículo 4 de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores.
La primera iniciativa fue presentada ante el pleno por el diputado Fernando Sánchez Sasia (Morena), el pasado 3 de febrero, con la intención de integrar la palabra “mujeres” a la ley, así como hacer énfasis en la atención especializada a víctimas de violencia familiar y de género.
En aquella ocasión, resaltó que, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Puebla ocupó el quinto lugar a nivel nacional de estados con el mayor número de llamadas de auxilio relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer durante el 2021.
Por lo anterior y con la aprobación de la iniciativa, las mujeres del estado podrán acceder a los servicios de asistencia social cuando sufran de abandono, maltrato o violencia familiar. También podrán recibir atención de salud sexual y reproductiva.
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Apoyo para personas mayores
La segunda propuesta fue impulsada por el diputado Adolfo Alatriste Cantú, quien la presentó ante el pleno el pasado 10 de marzo, para ampliar los derechos de las personas adultas mayores en el estado de Puebla, para que vivan lejos de cualquier acto de violencia y se priorice su atención en materia de salud.
“El Estado mexicano, como autoridad garante de los mismos, debe generar mecanismos que garanticen que planes, programas, políticas públicas y cualquier trabajo que se realice para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores”
Con esto, la ley especificará que los adultos mayores tienen derecho a “Vivir con decoro, honor y respeto, libres de cualquier forma de violencia física, verbal, económica o psicológica que ponga en peligro su vida, salud y/o patrimonio”.
Además, tendrán que ser incluidos en el diseño de políticas públicas de parte de las instituciones estatales y municipales; participar en la planeación integral del desarrollo social, a través de la formulación y aplicación de las decisiones que afecten directamente a su bienestar; y tendrán atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios al público.
Foto: Agencia Enfoque
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