Cámara rechaza proyecto que pretendía reconocer y proteger prácticas tradicionales de economía campesina indígena

La propuesta, que pasó ahora a archivo, obtuvo 66 votos a favor, 64 en contra y 18 abstenciones.

La diputada del APRA / Republicanos, Gloria Naveillán, señaló en su intervención ser contraria a los derechos indígenas y catalogó la iniciativa de privilegiar a un grupo por su condición étnica: “En este país somos todos chilenos. Da lo mismo, si pertenecemos a un pueblo originario o no y la ley debe ser pareja para todos. Desde ese punto de vista, me parece que no corresponde privilegiar a un grupo de personas, habitantes de este país y tan chilenos como todos nosotros, simplemente porque esas personas pertenezcan a un pueblo originario…”.

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El proyecto ley rechazado, se denomina: “Otorga reconocimiento y protección a las prácticas consuetudinarias de comercialización de la producción de la economía familiar campesina de los pueblos originarios”, había sido ingresado en mayo del 2020, encabezado por la diputada Emilia Nuyado AncapiChún con la moción inicial de Jenny Alvarez, Ricardo Celis, Miguel Crispi, Carmen Hertz,  Marcos Ilabaca,  Pamela Jiles, Manuel Monsalve, Luis Rocafull  y Gastón Saavedra

Dicho texto buscaba reconocer la comercialización de la producción generada por la Economía Familiar Campesina de las personas. También de las familias, comunidades y asociaciones de los Pueblos Originarios, reconocidos en la Ley 19.253, en las comunas y regiones donde habitan o en los lugares que tradicional o habitualmente han usado para comercializar sus productos.

El texto incluía las actividades que realizan personas indígenas, tales como las artesanías, las industrias rurales y comunitarias. Las actividades tradicionales y relacionadas con la economía agraria, así como la resultante de la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección.

La norma autorizaba a la comunidad o asociaciones indígenas y a las personas o familias pertenecientes a ellas a comercializar el remanente de su producción no consumida o aquella proveniente de producciones de menor tamaño. Esto, directamente al público o a un comercializador que sea micro o pequeña empresa, locatario menor de feria libre.

Agregaba que la municipalidad respectiva no podría limitar o restringir por actos administrativos la comercialización. Esto, sin la consulta indígena a las afectadas, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Las organizaciones elaborarían un registro de prácticas de comercialización, comercializadores y productos. Dicho registro sería ingresado en la municipalidad respectiva, debiendo esta solo constatar que las personas que se inscriban fueran indígenas.

Por último, la propuesta daba protección a las prácticas de comercialización de estas personas, familias y comunidades. Además, facilitaba su acceso a los bienes nacionales de uso público.

Debate

Desde un sector, recalcaron la importancia de reconocer las prácticas tradicionales que se llevan a cabo en las diferentes regiones del país. En ese sentido, llamaron a no prohibir la venta de productos a los pueblos indígenas.

Otros señalaron que no existe una prohibición para vender los productos y que esta norma solo haría distinciones entre quienes no son indígenas. Por ello, solicitaron resguardar la igualdad ante la ley. En ese tenor, detractores del proyecto ley, manifestaron preocupación por el “privilegio” que, según explicaron, se les estaría otorgando con esta ley a los pueblos originarios.

Intervinieron en el debate de la Sala de la Cámara: Emilia Nuyado (PS), Mercedes Bulnes (IND), Johannes Kaiser (IND), Marta González (IND), Juan Antonio Coloma (UDI), Miguel Ángel Becker (RN), Ximena Ossandón (RN), Jaime Mulet (FRVS) y Patricio Rosas (IND).

Además, intervinieron Andrés Longton (RN), Luis Sánchez (PREP), Carolina Tello (PC), Gloria Naveillan (PLR), Ana María Bravo (PS), Flor Weisse (UDI), Jorge Rathgeb (RN), Héctor Barría (DC), Leonidas Romero (IND), Andrés Jouannet (IND) y Stephan Schubert (IND).