Defensora de derechos humanos Lina María Espinosa: «Guillermo Lasso debe gobernar para todo el país, no solo para sus élites»

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, dijo que la movilización indígena fue sostenida por el narcotráfico y por el expresidente Rafael Correa. Para la defensora de derechos humanos Lina María Espinosa, estas declaraciones muestran el grado de discriminación y racismo que se vive en el país.

Más de dos semanas costó a Ecuador encontrar el camino de la reconciliación a través del diálogo que desarrollan el Gobierno de Guillermo Lasso y el movimiento indígena. Pero las recientes palabras del presidente ecuatoriano no traen tranquilidad a las mesas de negociación de los 10 puntos de la demanda del paro nacional. Sin ofrecer pruebas, acusó a los líderes de la protesta de estar financiados por el narcotráfico.

«Esta es una alianza con el correísmo y en esta alianza participa un tercer actor, que es el que pone el dinero para las protestas, que habrán costado cerca de 15 millones de dólares durante 18 días. Este actor es el narcotráfico en el Ecuador», dijo Lasso en una entrevista al diario digital argentino Infobae.

Acusaciones

Lasso también señaló al expresidente Rafael Correa (2007-2017) porque habría impulsado el paro nacional desde su asilo en Bélgica. «Ese es el accionar político de un expresidente sentenciado por corrupción, que vive prófugo en Bélgica, que busca alterar el orden público, aliado con determinados líderes políticos que utilizan a los indígenas como una suerte de parapeto para decir: ‘Esto es una protesta social'», sostuvo.

Si Lasso puede formular acusaciones tan graves al movimiento indígena desde medios de comunicación es porque «sigue habiendo en parte de la sociedad esta mirada infantil sobre lo indígena, que necesita ser protegido, tutelado, cuidado, que necesita que se le ayude. Y tampoco es así», dijo a Sputnik Lina María Espinosa, abogada que integra la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, creada durante los días del paro nacional, conformada por 13 instituciones de este sector.

Para Espinosa, «el movimiento indígena ecuatoriano es un sujeto político con pleno derecho, con un acumulado histórico importante de organización y resistencia, que tiene muy clara su agenda de lucha».

Las declaraciones de Lasso son de las primeras manifestaciones públicas del presidente desde los días del paro, cuando no se sumó a las mesas de diálogo iniciadas el 23 de junio pasado porque —aseguró— se había contagiado de COVID-19.

Reapareció ante las cámaras el 28 de junio para declarar que no iba a negociar con Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), luego del asesinato del militar José Chimarro —uno de los seis fallecidos que dejó el paro— en la región amazónica de Shushufindi.

Derechos humanos en Ecuador

En diálogo con Sputnik, Lina María Espinosa comentó que, además de las seis personas fallecidas, más de 330 resultaron heridas en el marco de la protesta. Hasta estos días se dedica a recopilar información y pruebas sobre la represión de organismos del Estado a quienes se manifestaron durante 18 días en todo el país.

Para Espinosa, el presidente Lasso «no se ha tomado con seriedad la situación. No tuvo y no tiene capacidad de respuesta. No fue a la mesa de diálogo, así no se sentó el presidente de la república con el presidente del movimiento indígena, con su igual».

La abogada destacó que tanto Lasso como Iza «son iguales, son autoridades. Pero ahí se hace patente el desprecio, la necesidad de deslegitimar al otro, de poner al otro por debajo. Eso se manifiesta cuando él y sus seguidores hablan de narcotráfico, del indio vándalo, del indio sucio, del indio ‘jueputa vete a tu casa'».

Esta carga simbólica negativa emitida desde los niveles más altos del Estado se plasmó en las calles. Por ello, «fue un paro nacional sin garantías. Además, fue una protesta donde la racialización, la discriminación y el desprecio al otro siguieron la narrativa que el propio Estado instauró», consideró la defensora de derechos humanos.

Importancia de la palabra

En este aspecto, Espinosa evaluó que desde el mismo Estado debe registrarse un avance en la forma de pensar estos temas: «Si tenemos un presidente que habla desde el desprecio, el odio, que pretende desconocer la legitimidad del presidente del movimiento indígena, pretende desconocer las formas propias y colectivas en que compañeros y compañeras gobiernan, resuelven y deciden, difícilmente vamos a lograr que otros actores sociales amplíen su mirada».

Según Espinosa, Lasso debe detenerse a observar el vínculo que el movimiento indígena pudo establecer con las áreas urbanas de Quito, capital ecuatoriana: «Debe ser una lección para Lasso. Su Gobierno debe aterrizar, debe ponerse las botas y hablar con todos los sectores y gobernar para todo el país, no solo para sus élites».

Seis muertes en el paro

Oficialmente son reconocidos seis fallecidos en el paro nacional. Además del soldado Chimarro, el 20 de junio murió Johnny Félix Muenala. Según la Policía cayó por un barranco. Pero Según la Alianza que integra Espinosa, los uniformados lo arrojaron.

Al día siguiente falleció Byron Guatatoca, en la provincia de Puyo, por una bomba lacrimógena que se incrustó en su cráneo.

Henry Quezada Espinoza fue asesinado en el parque El Arbolito, del centro de Quito, por un disparo cercano de perdigones de plomo.

Franco Eduardo Íñiguez Camacho murió por un disparo en la cara que le habrían dado militares en la provincia de Pichincha

Y el manifestante Francisco Guashco Poago falleció por un golpe en la cabeza que recibió en su pueblo, en la provincia de Tungurahua. No se pudo determinar quién lo agredió.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos también registra entre los fallecidos a José Marcelino Villa Romero, de 39 años, encontrado sin vida al costado de la ruta Panamericana Sur, en Azuay.

A pesar de que cerca de él había casquillos de gases lacrimógenos y su cuerpo tenía golpes, la Policía sostuvo que murió de «cirrosis hepática».

Un área gris

En el Acta por la Paz, firmada por el Gobierno de Lasso y los indígenas, nada se menciona de las seis muertes, ni de los más de 300 heridos, ni de las 152 personas judicializadas por participar de la protesta. Uno de ellos es el mismo Iza, quien fue detenido el 15 de junio y nada se supo de él por más de 10 horas.

«Es importante señalar que todos los miembros del movimiento indígena exigieron al Estado ecuatoriano dos temas: la no criminalización y la reparación integral para todas las víctimas», dijo la integrante de la alianza, de trabajo cercano a la Conaie.

Asimismo, «el movimiento indígena solicitó al Estado que se organice una comisión independiente que investigue los hechos, que establezca parámetros de verdad, justicia y reparación, aunque en efecto no quedó en el acta».

Y contó que actualmente la alianza trabaja en un informe pormenorizado que ayude a las familias de las víctimas a obtener justicia.

Fuente Sputnik