Abogado de Castillo Montemayor acusa «trampas» para aplazar el caso

La audiencia para dar seguimiento a las denuncias que interpuso Francisco Castillo Montemayor contra los distintos funcionarios de la administración de Rafael Moreno Valle fue pospuesta dos semanas.

Este 13 de julio estaba programada una audiencia para dar seguimiento a los procesos legales de quienes estuvieron involucrados en su detención en 2016. Sin embargo, se canceló después de 3 horas de espera.

Samuel Porras Rugerio, representante legal de Francisco Castillo Montemayor, explicó que el aplazamiento del juicio fue debido a que la agente del Ministerio Público adscrita la unidad de investigación de hechos de corrupción en el ámbito estatal de la Fiscalía General del Estado (FGE), Adalid Lozada Aguilar no se presentó a la audiencia.

El abogado afirmó que a pesar del tiempo que estuvieron esperando que la audiencia comenzará, nadie les notificó qué se aplazaría unas horas, para que después les avisaran qué se diferiría más días.

Agregó que además por un supuesto «error de dedo», no le permitirían encabezar el equipo legal de su defendido, pues aparentemente no aparecía en el sistema su cédula profesional.

Al respecto, calificó de una «trampa» para afectar su trabajo a favor de Francisco Castillo Montemayor.

«Todo esto refleja lo mucho que se tarda el sistema penal para hacer justicia en el estado de Puebla, son trampas, porque si nosotros llegamos tarde, o estamos comiendo o en el baño cuando nos llaman automáticamente cierran el caso»

Pide que su caso no quede impune

Francisco Castillo Montemayor, extitular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue considerado por organizaciones civiles preso político en tiempos del morenovallismo.

Este día, en entrevista exigió a las autoridades judiciales del estado de Puebla que su caso no quede impune, así como la reparación de los daños en su contra.

El 11 de noviembre de 2016, un agente del ministerio público giró una orden de aprensión en contra de Francisco Castillo Montemayor por el supuesto delito de peculado de cerca de 39 millones de pesos.

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Permaneció en calidad de detenido cerca de 15 meses en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, siendo liberado a inicios de 2018 después de que un juez federal le concedió un amparo.

Por lo anterior, interpuso una demanda en marzo de 2020 por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público, así como tráfico de influencias en contra de nueve funcionarios públicos.

Entre la lista de los demandados destacan Rodrigo Riestra Piña, hermano del actual diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Mario Riestra Piña, sí como el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Roberto Flores Toledano.

Sin embargo, Castillo Montemayor denunció que el proceso legal ha sido postergado por más de dos años, pues fue hasta mayo de 2022 que le notificaron sobre el inicio del desahogo de pruebas, el cual se efectuaría este 13 de julio, pero fue aplazado dos semanas más.

Agregó que, al momento, las autoridades le han mencionado que no encuentran las pruebas suficientes para proceder en contra de sus acusados.

«Se han tardado más de dos años en darme alguna respuesta, yo creo que es parte de alguna estrategia de ellos, a pesar de que existen elementos de prueba de que fueron violados mis derechos jurídicos, yo sólo estoy pidiendo que se me restaure el daño que me hicieron y que se clarifique este proceso»

Foto: Agencia Enfoque

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