Por Lisette Vergara y Axel Abarzúa
El debate en torno al plebiscito de salida se ha tornado una verdadera guerra de trincheras donde las armas, o utensilios tal como señalaría Juan Francisco Galli, son de las más variables, desde los artículos falseados de la propuesta de nueva Constitución por el Senador Felipe Kast, resúmenes de la propuesta, videos explicativos, charlas y noticias falsas, con tal de “capturar” a los indecisos. Como dicen “en la guerra todo vale”, pero cuando se habla de elecciones democráticas, no vale todo, ya que existe el principio de información, donde las autoridades o quienes apoyan cierta opción, deben hacerlo con base en la verdad y no llamar a la desinformación jugando con el desconocimiento y los anhelos de las personas.
Ese es el caso de la campaña que lleva adelante el “rechazo” que, por medio de la tergiversación y la desinformación, busca adherentes a su opción electoral, dañando así fuertemente la democracia, pero ¿Por qué mienten? ¿Será quizás la manifestación de la herencia de una forma de hacer política, que por medio del engaño a los sectores populares se aferra para no perder el poder acumulado desde la Dictadura? Esto se podría entender bajo el prisma de la desesperación de la élite en aquellas instancias donde puede perder sus privilegios y el poder que han acumulado por tanto años; actuando irracionalmente, o en este caso llamando a la irracionalidad del electorado, promoviendo el voto desinformado; como señalaba el ministro de propaganda nazi. “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad” y a eso apuestan, con los medios de comunicación a su favor.
No obstante, lo sorprendente de esto no son aquellos sectores de derecha o del establichment que buscan mantener todo tal cual está, quizás con algunos cambios minúsculos; sino son aquellos sectores que, queriendo transformaciones estructurales, no aceptan la gradualidad y peor aún, desestiman los avances sustanciales que presenta la propuesta de nueva Constitución en diversas materias, tales como naturaleza, los derechos sociales, el rol del estado o los mecanismos democráticos que facultan el ejercicio efectivo de la soberanía para avanzar hacia cambios estructurales.
Cuando estalló la Revuelta Social, es cierto que en diversos espacios autónomos, autogestionados y contrarios a las lógicas partidistas comenzaron a hablar de una Asamblea Constituyente como forma posible para salir de la crisis institucional, social y política, puesto que sabían que el origen del descontento se albergaba en la Constitución política de Pinochet, y por tanto, empujar meras reformas realizadas por el poder constituido solamente serían adornos para perpetuarse en el poder y maquillar las transformaciones necesarias, utilizando una vez más al pueblo bajo eslóganes y falsas promesas de cambios. Y los partidos políticos y sus élites, también lo sabían, motivo por el cual deciden arriesgarse ante la apertura de un proceso histórico a nivel nacional, antes de ver como en la inmovilidad moría el legado dictatorial ante la presión social.
Es así que se crea el acuerdo por la paz y la nueva Constitución, apertura que sin duda era dentro de los márgenes de la institucionalidad, tutelada por los Partidos Políticos y con restricciones en quienes podían formar parte de la denominada Convención Constitucional, en que ni soberanos ni soberanas podían participar en su conjunto, pero pese a todo ello, se abría una ventana para dejar atrás después de 40 años una Constitución ilegitima en forma y fondo.
El trabajo de la Convención Constitucional estuvo lleno de dificultades, ya sea por la falta de apoyo y compromiso desde el ejecutivo, por falta de cohesión entre los convencionales o por la demanda intelectual, política e incluso temporal que significaba el proceso de redacción de una nueva Constitución en un plazo heroicamente trágico. Sin embargo, pese a ello, se logró una propuesta de nueva Constitución que corre el cerco de lo posible, incluso va más allá de lo que nunca en la historia nacional tan siquiera se pensó en plasmar en un texto constitucional, dejando atrás en gran medida el legado de Pinochet y sepultando los pilares interpretativos que muchas veces fueron un freno para legislar a favor de derechos sociales, que siempre colocó a la propiedad privada por sobre cualquier cambio en pos de la justicia social.
Es cierto, no se logró la nacionalización del cobre, ni la revocación de mandato, ni los referéndums en materia de Tratados de Libre Comercio, y muchas otras temáticas. Con esto, es fácil para aquellos grupos radicales de izquierda desmarcarse del proceso, hablando de ilegítimo o de los mismos de siempre, pero seamos honestos. ¿Rodearon la convención como dijeron lo harían? ¿Se organizó y presionó a las y los convencionales partidistas, independientes y de escaños reservados para mover aún más el cerco de lo posible? En muchas votaciones importantes no hubo nadie fuera de la convención, ni gestionando el posicionamiento de un tema en redes sociales o llegando a medios oficiales de comunicación que siempre estuvieron ávidos de dar tribuna a cualquier crítica a la convención. ¡Pero ahora quieren abstenerse para empujar una verdadera Asamblea Constituyente e instalar los temas en una carta constitucional redactada por el pueblo soberano, cuando ni siquiera vieron (ni vimos) venir el Estallido Social!
Las palabras que aquí se expresan no buscan bajo ningún punto de vista ser una defensa corporativa hacia el resultado del trabajo de la Convención Constitucional, sino más bien es una invitación a aquellos grupos radicales de izquierda a ver más allá de sus intereses sectoriales, porque en caso de ganar el rechazo difícilmente el ejecutivo podrá impulsar una reforma constitucional que convoque a una Convención Constitucional 2.0 (menos a una asamblea constituyente, que por cierto, si queda consagrada en la propuesta de nueva Constitución para ser generada desde las y los soberanos de todo el territorio nacional), dado que lamentablemente el poder constituyente volvería al poder constituido o ¿de verdad creen ser capaces de levantar un estallido social 2.0? Ante un eventual triunfo del rechazo, el tiempo político para reaccionar será breve, ya que será la oposición quien estará en mejor condición para capitalizar aquel escenario político, buscando tanto desestabilizar al actual Gobierno ante la inestabilidad que significa cualquier tipo de cambio, como también, el de proponer modificaciones de modo gradual vía Comité de Expertos, es decir, una vez más las decisiones sobre el porvenir del país no será democrático, con todos los errores y complejidades que esto significa, sino que será por los mismos tecnócratas que decidieron subir en 30 pesos la locomoción colectiva el 2019 o que realizaba encuestas posicionándonos como un oasis, cuando bien sabíamos que la realidad dista mucho de aquello. Entonces ¿Es este escenario, con un resultado incierto con promesas de cambios por quienes han estado siempre en el poder, despreciando y temiendo una democracia real, sin tutelajes ni embelesamientos el más favorable para empujar los cambios que se demandan desde hace más de 30 años? ¿ Es que la inercia previa al estallido social es un mejor escenario social, institucional y político para avanzar a las transformaciones estructurales que la gran mayoría de chilenos y chilenos demandamos?
Es momento de sincerar y evaluar las estrategias, las tácticas, las condiciones y las posibilidades de aquellos grupos que piensan abstenerse para avanzar en un escenario donde los sectores conservadores y protectores del status quo recupere el capital político perdido tras el estallido social y cómo este escenario beneficia o perjudica los objetivos políticos trazados por las demandas sociales y populares.
Sin lugar a dudas debemos ver el plebiscito del 4 de septiembre con una postura crítica, sin olvidar los elementos constitutivos del proceso constitucional que generó esta propuesta de nueva Constitución. Claramente debemos recordar las votaciones y posturas de los distintos colectivos políticos que participaron de la redacción, pero entendiendo que la memoria y la historia son un arma que debemos utilizar, para organizarnos y avanzar hacia la concreción de la justicia social, utilizando las herramientas presentes en el texto constitucional propuesto y dotando de análisis crítico y constructivo entre quienes buscamos transformaciones, porque hoy las y los soberanos, somos protagonistas de esta historia que escribiremos juntas y juntos; y en donde en un momento de inflexión y responsabilidad histórica como en la que nos encontramos, las decisiones no se deben tomar con base a supuestos, ni de eslóganes, sino de un análisis en frío, evaluando costos y beneficios, oportunidades y desafíos. Y hoy, sin lugar a duda, avanzar hacia un mejor país se hace más viable sin los amarres y cerrojos que tiene la actual Constitución política bajo el manto del neoliberalismo, la dictadura cívico – militar y de los grandes grupos económicos, que comenzaron la campaña contra la nueva Constitución desde hace más de un año. Y hoy, en nuestra esperanza, organización y decisión, está el futuro de nuestra sociedad.
Lisette Vergara
Ex Constituyente por el Distrito 6. Licenciada en Educación y Profesora de Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Correo electrónico: [email protected]
Axel Abarzúa
Licenciado en Historia, mención en historia del tiempo presente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Correo electrónico: [email protected]