El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, calificó como «injusto» el fallo de la Corte de Apelaciones, que revocó la medida de prisión preventiva contra ex edil de dicha Municipalidad, Miguel Ángel Aguilera, imputado por los delitos de cohecho, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
«Me ha tocado heredar una municipalidad quebrada, con vínculos directos con el narcotráfico al interior del aparato público, donde un alcalde se aprovechó y, además, hizo negocios dentro de la municipalidad, y hoy día pareciera que se va para la casa a esperar el fallo, lo que no nos tiene satisfechos. Nos tiene un poquito inquietos, incluso», dijo Toro.
La Corte de Apelaciones acogió el recurso presentado por la defensa de la ex autoridad y sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario.
La defensa de Aguilera presentó una apelación para revertir la prisión preventiva, la cual cumplía desde septiembre 2021 y de este modo, salió del centro penitenciario Santiago 1 ayer jueves, lugar en el que estuvo recluido durante un año.
De este modo, Aguilera esperará en su hogar la audiencia del próximo lunes 25 de julio, en la que se discutirá la posibilidad de un juicio abreviado en su contra, solo por cohecho, abriendo la posibilidad de cumplir su condena en libertad, refiere Cooperativa.
Cabe recordar que, el pasado lunes, el 15° Juzgado de Garantía de Santiago había rechazado la solicitud de la defensa del ex alcalde, por considerarlo un peligro para la sociedad.
Ante este hecho, el alcalde actual de San Ramón aseveró que el fallo los tiene un poco inquietos debido a que, «pareciera que se va para la casa a esperar el fallo, lo que no nos tiene satisfechos».
En conversaciones con Cooperativa, Toro manifestó que espera que «se reconozca los delitos que cometió, principalmente cohecho reiterado, que va a ser el abreviado que se espera el lunes».
Juicio abreviado para Aguilera
Para el 25 de julio fue fijada la audiencia en donde se discutirá la posibilidad de un juicio abreviado.
Este procedimiento abreviado podría darse en caso de que Miguel Ángel Aguilera acepte su responsabilidad en los dos casos de soborno que se le han imputado, y se acuerde una condena de 819 días, siete años sin ejercer cargos públicos y una multa de casi $20 millones.
Al respecto, el actual alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, manifestó que, si no se llega a concretar el juicio abreviado, presentarán una moción para revisar la medida cautelar.
«Tenemos mucha esperanza de que se pueda llegar a un juicio abreviado, a pesar de que he escuchado declaraciones de la defensa de Miguel Aguilera donde parece que desconoce el acuerdo con que habría llegado con la Fiscalía», planteó.
«En el caso de los otros dos delitos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero -y espero también que se le reformalice por fraude al Fisco-, (espero que) en los próximos días también se pueda dar señales y, por qué no decir, que se llegue a un juicio oral y, por ejemplo, en el caso de fraude al Fisco pudiera tener penas de cárcel, como el caso de la ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo», aseguró, citado por Cooperativa.
Cabe recordar que, Aguilera (ex PS), además, está imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito desde enero de 2013 hasta septiembre de 2017; cohecho, entre 2014 y 2016; y lavado de dinero, entre febrero de 2013 y mayo de 2017.
Durante su formalización el año pasado, el fiscal Víctor Nuñez de la Fiscalía Metropolitana Sur, detalló que «los depósitos en efectivo descritos en las dos cuentas señaladas acumulan un incremento patrimonial injustificado que asciende a 263.818.500 entre enero del año 2013 a septiembre del año 2017».
En concreto, el ex edil está siendo investigado por más de $263 millones de enriquecimiento ilícito y $17 millones por cohecho y lavado de activos entre 2013 y 2017, delitos ocurridos durante su administración municipal.
El alcalde Toro se refirió al núcleo duro de Aguilera, y explicó que «esas personas que lo acompañaron, que eran unos 15 o 20 personas, que son muy cercanas de su círculo político y de la gestión pasada, a algunos los hemos podido desvincular, contra otros nos hemos querellado y otros están con licencia y no hemos podido hacer casi nada».
«Constantemente estamos siendo amenazados por ellos. Nos ofenden en redes sociales, nos han venido a rayar la municipalidad y me han tratado de lanzar piedras en eventos públicos», denunció el jefe comunal a Cooperativa.
Sobre el desmantelamiento de las narcorredes de Aguilera en el municipio, el DC detalló que «hemos desvinculado a aproximadamente a unas 500 personas».
«Lamentablemente, la Contraloría nos hizo reincorporar a unas 40 o 45 personas que están directamente vinculadas. Por la naturaleza del contrato, porque ya llevan más de dos años trabajando en la Municipalidad de San Ramón, para la Contraloría existía la ‘legítima confianza’ como le denominan y, por lo tanto, pasa a ser un contrato indefinido y uno no puede despedirlo nomas, salvo que sea por un sumario. Y en eso estamos», subrayó la autoridad.
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