La profundización de la crisis que anuncia el plebiscito

Por Partido Obrero Revolucionario

El despliegue de las campañas por el plebiscito del 4 de septiembre ha marcado el inicio de un nuevo escenario en la crisis política que atraviesa el país. Esta crisis se inscribe en la bancarrota mundial del régimen capitalista, dinamizada por la pandemia, la guerra imperialista y las alzas inflacionarias, que han sido caldo de cultivo para rebeliones populares y huelgas generales como en Ecuador, Panamá, Sri Lanka, Italia e Inglaterra, entre otros.

El proceso constituyente chileno, fue impulsado para intentar sellar la crisis de poder que agudizó la rebelión de octubre. 

Esta maniobra, expresada en el Acuerdo de Paz y Nueva Constitución, contó con la firma de casi todos los partidos del régimen y dio paso a la elección de una Convención Constitucional, la que tuvo por objeto redactar la propuesta de una nueva constitución. A través de esta maniobra, se logró sostener el mandato de Piñera y el régimen, desarmando las asambleas populares y la perspectiva de una asamblea constituyente, libre y soberana, como una instancia transicional en la lucha por el poder.   

Durante el desarrollo de la convención, la denominada “izquierda independiente”, carente de un programa de clase -con la colaboración de los sectores de la izquierda reformista y centroizquierda mayoritarios en el pleno-, plasmaron en la nueva propuesta constitucional un conjunto normativo que amplía los derechos sociales, los mecanismos de participación ciudadana, la paridad en el Estado y el reconocimiento de las diversidades sexo genéricas y los pueblos originarios, dejando de lado demandas históricas de la clase trabajadora como la nacionalización de la industria cuprífera, el fin del subcontrato y el fin de las AFPs. 

La propuesta de nueva constitución fue entregada al Ejecutivo dando paso a la campaña hasta el plebiscito del 4 de septiembre en el que se debatirán las opciones de Apruebo y Rechazo. Según los resultados de las encuestas, se predice una votación a favor del Rechazo. Que un sector que hoy día adhiera al mismo y se haya manifestado inicialmente por el Apruebo en el plebiscito por la reforma constitucional (80%), implica -más allá de la campaña del “terror” de la derecha o la especulación de la manipulación de porcentajes- un desencanto de las ilusiones sobre la nueva carta orgánica, puestas en manifiesto en la baja adhesión al Gobierno y la seguidilla de manifestaciones como las de los subcontratados de Enap, Codelco, los comuneros mapuche, los familiares de presos políticos y los estudiantes.

El posicionamiento hacia el plebiscito ha dejado al descubierto la crisis política por la que atraviesan los partidos y las coaliciones, profundizando el quiebre en el frente capitalista que cada variante representa. En las coaliciones de gobierno no existe una postura única. Apruebo Dignidad (PC y FA) defiende férreamente la propuesta constitucional. Por su parte, Socialismo Democrático (PS, PPD, PR, PL) lo hacen detrás de un “aprobar para reformar”. La Democracia Cristiana, que ha restado su participación en el gobierno, entra quebrada con un sector a favor del Apruebo y otro del Rechazo, a quienes se suman las figuras de centro agrupadas en Amarillos por Chile, plataforma social levantada a favor del Rechazo. Así mismo, la coalición de derecha Chile Vamos va claramente por el Rechazo, divididos entre quienes defienden un “rechazar para reformar” (RN, UDI y Evo) y el Partido Republicano de Kast, que plantea mantener intacta la constitución de Pinochet.

El reciente anuncio de Boric, de un “plan B” ante la variante del Rechazo no hace más que borrar finalmente las líneas divisorias entre todas las apuestas, dando cuenta del carácter de concesiones, realineamientos y limites programáticos de su coalición de gobierno.

Sea cual sea el resultado del plebiscito, este prepara una crisis política de dimensiones. Si gana el Apruebo, según la nueva constitución, se abrirá un marco de cinco años de transición en el que se discutirán y aprobarán leyes específicas para la aplicabilidad de la norma constitucional. La erradicación del Tribunal Constitucional, ordenada por las disposiciones transitorias de la nueva carta magna, implica que dicho organismo ya no tendrá injerencia sobre los asuntos legislativos y que se disolverá. Se considera que este elemento agravará las tensiones actuales. En el tratamiento legislativo, el Presidente deberá enviar una serie de iniciativas al Congreso que seguirá funcionando con el proceso legislativo actual hasta 2026, que incluye la posibilidad de hacer nuevas reformas a la constitución. En este escenario, la derecha volverá a recuperar la fuerza de los escaños con los que careció en la convención, oponiéndose a las posiciones del apruebo con la amenaza permanente de un impasse institucional. 

Por otro lado, si gana el Rechazo, se baraja mantener en el ámbito parlamentario reformas constitucionales para amortiguar las demandas de cambio de una constitución deslegitimada. Ambos resultados mantienen dentro de los límites institucionales las bases sociales, políticas y económicas del país, bloqueando el desarrollo de un programa revolucionario que pueda superar la explotación capitalista.

Así mismo, el desenlace del plebiscito se ubica en el marco de aguda crisis económica que está agravando las condiciones de vida de la clase trabajadora, con una recesión en ciernes, una inflación que este mes alcanzó el 12,5% y una devaluación histórica de la moneda frente al dólar, que ha fortalecido el incremento en los precios de los combustibles, alimentos, alquileres, frente a salarios y jubilaciones de miseria. La actitud pasiva de las burocracias sindicales de la CUT atenta contra las huelgas que luchan contra el congelamiento salarial y la precariedad de la subcontratación, y que, lentamente, van aumentando a lo largo del país.

Dentro de las organizaciones y partidos de izquierda, se mantiene una gran desorientación. Por una parte, con virajes políticos como el sector que está alentando a la abstención, luego de haber propiciado la ilusión de la nueva constitución con las campañas tituladas “desbordemos la CC”, “por una convención sin presos políticos”. Por otro lado, sectores que plantean el apruebo -con delimitación-, pero descartando convocar instancias deliberativas de base, como la convocatoria a un Congreso obrero y la vigencia de la asamblea constituyente. Por su parte, las organizaciones de corte populistas, tributarias del mirismo y el foquismo, mantienen una posición disímil llamando tanto a aprobar como a rechazar, o incluso anular, acompañada de un respaldo al gobierno o, por otro lado, planteando una alternativa autogestiva de “poder popular”.

En este escenario, el régimen no puede dar respuesta satisfactoria a los trabajadores, acentuando la lucha reivindicativa y la necesidad de un polo político independiente como clase en la lucha por la toma del poder. 

Las posiciones ante el plebiscito que se planteen desde la izquierda socialista y revolucionaria, deben señalar el entrampamiento constitucional. Aquellos que rechacen por no ver satisfechas sus demandas de clase y quienes aprueben por terminar con una constitución que simboliza el pinochetismo y la dictadura militar, deberán superar la falsa polarización a través del desarrollo de un reagrupamiento que ponga en discusión un programa que aúne las demandas, como el fin de las AFP, por medio del sistema único previsional con aporte exclusivo de las patronales, la expropiación sin pago de la banca, el comercio exterior, los recursos naturales, como el cobre, bajo control obrero, el plan de reindustrialización bajo control obrero, el fin del código laboral y el penal, entre otras demandas. Para ello, cobra vital importancia la convocatoria de instancias de base contrapuesta y como alternativa a la deliberación parlamentaria del futuro constitucional.

Como esta tarea no se puede llevar en la actualidad desde la marginalidad y la abstracción sin tomar posición en el plebiscito, llamamos a votar por el Apruebo, alertando que ambas opciones representan apuestas burguesas que se quedarán cortas en su intento de sellar la crisis. Nuestra posición se plantea en contraposición al Rechazo que, si bien condensa sectores desilusionados, está siendo alentado por el corte más reaccionario de la burguesía. La amenaza más grave contra la clase obrera. Nos referimos a la Confederación de la Producción y el Comercio, los sectores pinochetistas y el Partido Republicano representado por su líder fascista, J.A. Kast.

Por medio de una fuerte delimitación y construcción programática de nuestra clase, planteamos enérgicamente que las organizaciones obreras, estudiantiles, ambientalistas, de mujeres, disidencias, jubilados y pueblos originarios, ignoren las direcciones democratizantes y burocráticas, para que impulsemos un proceso de deliberación hacia un congreso de bases, un plan de lucha y la huelga general, con la vigencia plena de la asamblea constituyente libre y soberana como transición hacia un gobierno obrero y socialista.

Por Partido Obrero Revolucionario

Publicada originalmente el 26 de julio de 2022 en partidoobrerorevolucionario.com