El litio de Chile beneficia a los multimillonarios pero agota a la tierra y los pueblos

Por Vijay Prashad y Taroa Zúñiga Silva

El litio de Chile beneficia a los multimillonarios pero agota a la tierra y los pueblos

Autor: Pedro Guzmán

El salar de Atacama, ubicado al norte de Chile y con una extensión de 1.200 kilómetros cuadrados, es la mayor fuente de litio del mundo. Estamos de pie frente a un acantilado, observando la gran fosa, al extremo sur del salar, protegida de la vista del público. Es allí donde las grandes empresas chilenas se han instalado para extraer el litio y exportarlo – en gran parte sin procesar – al mercado mundial. “¿Sabes quién era el suegro del rey del litio en Chile?”, nos pregunta Loreto, quien nos guió hasta este mirador para contemplar las blancas arenas del salar. Su respuesta no nos sorprende mucho: se trata nada más y nada menos que del difunto dictador militar Augusto Pinochet (que gobernó Chile de 1973 a 1990). Con el “rey del litio”, se refiere a Julio Ponce Lerou, el mayor accionista de la empresa minera de litio Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), y yerno de un dictador.

SQM y Albemarle, las dos principales empresas mineras chilenas, dominan el salar de Atacama. Es imposible conseguir un permiso para visitar el extremo sur del salar, en donde han establecido sus operaciones. Las empresas extraen el litio bombeando salmuera del subsuelo del salar y dejándola evaporar durante meses antes de llevar a cabo la extracción. “SQM nos roba el agua para extraer el litio”, declaró en 2018 la ex presidenta del Consejo de Pueblos Indígenas Atacameños, Ana Ramos, según Deutsche Welle. El concentrado que queda tras la evaporación se convierte en carbonato de litio e hidróxido de litio, que luego se exportan, y forman materias primas clave utilizadas en la producción de baterías de iones de litio. Aproximadamente un tercio del litio mundial procede de Chile. Según Goldman Sachs, “el litio es la nueva gasolina”.

Lo que hace la necesidad

​​La propiedad del salar es disputada entre el Estado, los pueblos originarios de este territorio y empresas privadas. Pero, como nos dijo un miembro de la comunidad Lickanantay – una de las comunidades indígenas que reconocen el salar de Atacama como su hogar –, la mayoría de los propietarios de la tierra ya no viven en la zona. Juan, que se dedica a la cría de caballos y desciende de una familia dedicada al pastoreo, nos cuenta que la gente ahora “vive de las rentas de la tierra. No les importa lo que pase acá”. Sin embargo, Juan sabe que estas rentas son minúsculas. “Lo que nos pagan por explotar nuestras tierras es prácticamente una propina”, dice. “No es nada comparado con lo que ganan. Pero sigue siendo mucho dinero”. Para la mayoría de los Lickanantay, dice Juan, “el litio no es un tema, porque, aunque se sabe que daña el medio ambiente, nos está proporcionando dinero”. “La necesidad lleva a la gente a hacer muchas cosas”, añade.

Los impactos ambientales negativos de la extracción de litio han sido ampliamente estudiados por la comunidad científica y observados por las y los guías turísticos de la zona. Angelo, un guía, nos cuenta que le preocupa que las reservas de agua se contaminen debido a las actividades mineras y el impacto que esto tiene sobre la fauna del desierto de Atacama, incluidos los flamencos rosados. “De vez en cuando nos encontramos un flamenco rosado muerto”, dice. Cristina Inés Dorador, doctora en ciencias naturales, quien participó en la redacción del nuevo proyecto de Constitución de Chile, ha publicado varios trabajos sobre el declive de la población de flamencos rosados en el salar. Sin embargo, Dorador también ha dicho que se podrían utilizar nuevas tecnologías para evitar el impacto ambiental negativo generalizado. Ingrid Garcés Millas, doctora en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Zaragoza e investigadora de la Universidad de Antofagasta, señaló en un artículo para Le Monde Diplomatique que el uso actual de la extracción de litio ha provocado el deterioro de las “formas de vida de [los] pueblos andinos”. Un ejemplo que aportó fue que mientras la industria del litio utiliza el suministro de agua subterránea, las “comunidades se abastecen [de agua] con camiones cisterna”.

Según un informe de MiningWatch Canadá y el Atlas de Justicia Ambiental, “para producir una tonelada de litio en los salares de Atacama (Chile), se evaporan 2.000 toneladas de agua, lo que provoca un daño importante tanto en la disponibilidad de agua como en la calidad de las reservas subterráneas de agua dulce”.

Mientras tanto, en la región de Atacama no parece existir la urgencia de un debate sobre la extracción de litio. La mayor parte de la gente parece haber aceptado que la extracción de litio ha llegado para quedarse. Entre los y las activistas hay discrepancias sobre cómo abordar el tema. Las personas más radicales creen que el litio no debe extraerse, mientras que otras debaten sobre quién debe beneficiarse de la riqueza generada por su extracción. Otros, como Angelo y Loreto, creen que la voluntad de Chile de exportar el litio sin procesar niega al país la posibilidad de explorar los beneficios que podría reportar el procesamiento del metal dentro del país.

Bienes comunes naturales

Justo antes de las elecciones presidenciales en Chile de noviembre de 2021, entrevistamos a Giorgio Jackson, ahora uno de los asesores más cercanos al presidente de Chile, Gabriel Boric. Nos dijo que el nuevo Gobierno de Chile estudiaría la posibilidad de nacionalizar recursos clave, como el cobre y el litio. Esto ya no parece estar en la agenda del Gobierno, a pesar de la expectativa de que los altos precios del cobre y el litio podrían financiar las tan necesarias reformas al sistema de pensiones y la modernización de la infraestructura del país.

La idea de la nacionalización se discutió en la convención constitucional, pero finalmente no fue incluída en el texto del proyecto de constitución, que se someterá a votación el 4 de septiembre. En su lugar, la propuesta de constitución se basa en el artículo 19 de la constitución de 1980, que establece “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. Con la aprobación de la nueva constitución quedará establecida, en el artículo 134, la existencia de los bienes comunes naturales, sobre los cuales el Estado “tiene un deber especial de custodia, con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras”.

En los últimos días del Gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, el Ministerio de Minería de Chile adjudicó a dos empresas – BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. – derechos de extracción de 80.000 toneladas de litio (a cada una) durante un plazo de 20 años. La Corte de Apelaciones de Copiapó atendió una petición del gobernador de Copiapó, Miguel Vargas, y de varias comunidades indígenas. En enero de 2022, el tribunal suspendió el acuerdo; decisión que fue confirmada en junio por la Corte Suprema. Esto no implica que Chile vaya a dar marcha atrás en la explotación del litio por parte de las grandes empresas, pero sí sugiere que se está desarrollando un nuevo interés contra la explotación generalizada de los recursos naturales en el país.

Hasta 2016, Chile producía el 37% de la cuota de mercado mundial de litio, lo que convertía al país en el mayor productor mundial de este metal. Cuando el Gobierno de Chile aumentó las tasas de regalías a los mineros, varios de ellos redujeron la producción y algunos aumentaron su participación en Argentina (SQM, por ejemplo, ingresó en una empresa mixta conjunta con Lithium Americas Corporation para trabajar en un proyecto en Argentina). Chile está, actualmente, detrás de Australia en términos de producción de litio en el mercado mundial, cayendo del 37 al 29% entre 2016 y 2019 (con la perspectiva de que la participación de Chile caerá aún más, hasta llegar al 17% en 2030).

La observación de Juan sobre que “la necesidad lleva a la gente a hacer muchas cosas” recoge el estado de ánimo entre los atacameños. Las necesidades de las personas que habitan esta región parecen estar sólo por detrás de las necesidades de las grandes empresas. Los familiares de los antiguos dictadores acumulan riqueza a costa de la tierra, mientras que las y los propietarios de la misma – por necesidad – la venden por una propina.

Biografía del autor y la autora: Este artículo fue producido para Globetrotter.

Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es miembro de la redacción y corresponsal en jefe de Globetrotter. Es editor en jefe de LeftWord Books y director del Instituto Tricontinental de Investigación Social. También es miembro senior no-residente del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos The Darker Nations y The Poorer Nations. Sus últimos libros son Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism y The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan, and the Fragility of U.S. Power (con Noam Chomsky)

Taroa Zúñiga Silva es escritora asociada y coordinadora de medios en español de Globetrotter. Es co-editora, junto con Giordana García Sojo, del libro Venezuela, Vórtice de la Guerra del Siglo XXI (2020). Forma parte del comité coordinador de Argos: Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos. También es parte de Mecha Cooperativa, un proyecto del Ejército Comunicacional de Liberación.

Fuente: Globetrotter


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