El juicio en el que la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, está acusada de haber encabezado una asociación ilícita junto con su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner, entró este lunes 1 de agosto en su recta final con el inicio de los alegatos del fiscal Diego Luciani, quien expondrá durante nueve sesiones.
Luciani expuso en una audiencia virtual, con la presencia remota de la exmandataria y del resto de los acusados, y en medio de una fuerte expectativa política y periodística acerca de un proceso que comenzó hace tres años.
Durante la primera parte de su exposición, el fiscal lanzó duras acusaciones frente a los acusados y los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, los miembros del Tribunal Oral Federal 2 que emitirán su sentencia a fines de este año.
«Este Ministerio Público fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares», afirmó Luciani, quien de inmediato se transformó en una estrella de la prensa y políticos opositores que presionan desde hace años para que Fernández de Kirchner sea condenada.
«Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de Estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos (…) al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país», afirmó.
Según Luciani, a Lázaro Báez –un empresario que fue amigo personal de Kirchner y que ya ha sido condenado en otras causas– se le benefició con el otorgamiento de 51 contratos de obra pública, que implicaban montos millonarios a través de licitaciones falsas.
En total, a través de su empresa Austral Construcciones, Báez se quedó con el 78,5 % de los proyectos de Santa Cruz, la provincia ubicada en el extremo patagónico de Argentina y que Kirchner gobernó desde 1991 hasta 2003.
Nueve jornadas
Esta fue apenas la primera de las nueve jornadas en las que el fiscal expondrá sus alegatos contra Fernández de Kirchner, el exministro de Planifcación Julio de Vido y el empresario Lázaro Báez, quienes se enfrentan a una posible pena de hasta seis años de prisión por el delito de defraudación a la administración pública.
Todos tendrán la posibilidad de declarar por ante el tribunal, una vez que el fiscal termine con su argumentación.
Se prevé que el tribunal dé a conocer su condena a finales de este año. Después, el fallo puede apelarse ante la Cámara Federal de Casación y, finalmente, ante la Corte Suprema. En ese sentido, la expresidenta denunció el mes pasado que la sentencia en su contra «ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada».
Fuente: RT.