Ministra Vallejo: “Nulidad de la Ley de Pesca nos parece del todo legítima, ética y necesaria”

El gobierno anunció que la próxima semana ingresará la suma urgencia al proyecto que busca la nulidad de la corrupta Ley de Pesca, mejor conocida como «Ley Longueira«,  por el ministro de Economía que la promovió bajo la primera administración Piñera (2010-2014).

La medida, que actualmente se encuentra en segundo trámite legislativo en el Senado, fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados por 117 votos a favor y ninguna en contra.

Al respecto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respaldó la urgencia y sostuvo que como Gobierno están cumpliendo con su programa y recalcó que la anulación a esta ley “tiene un origen frente a un hecho de corrupción conocido por todas y todas, donde lamentablemente el poder de dinero costó parte del quehacer de la política”.

Asimismo, recordó que “hubo un momento en que los parlamentarios y parlamentarias que iniciaron este proceso quisieron actuar, pero no tuvimos ecos y respaldos en los gobiernos de ese entonces”.

“Pero ahora que somos Gobierno le damos el respaldo, porque tenemos la convicción que esa ley debe ser anulada”, señaló, agregando que “evidentemente tenemos que tener una nueva regulación, la nulidad de la Ley de Pesca nos parece del todo legítima, ética y necesaria”, dijo, citada por CNN Chile.

Nulidad de la Ley vigente no deja al sector sin regulación

Desde el Ministerio de Economía, indicaron que la nulidad se justifica “toda vez que existen fallos judiciales condenatorios por cohecho que acreditan que durante su tramitación se produjo una indebida intromisión de intereses particulares en su contenido”, haciendo referencia a las sentencias por cohecho contra el exsenador Jaime Orpis (UDI) y la exdiputada Marta Isasi (Ind–UDI).

“Una eventual nulidad de la Ley vigente no deja al sector sin regulación ya que, de ser aprobada esta moción, se contemplan dos años para la dictación de una nueva ley”, plantearon desde la cartera en un comunicado.

Este periodo de máximo dos años, “se trata de un plazo razonable que permite la elaboración y tramitación de una nueva Ley de Pesca, iniciativa en la que el gobierno está trabajando de manera prioritaria desde el inicio del período”.

Además, desde el Ejecutivo aseguraron que la nueva Ley de Pesca se estudiará con procesos de diálogos ciudadanos, al igual que dos de las reformas pilares del Gobierno de Boric: la reforma tributaria y la previsional; y que La Moneda buscará tener una nueva Ley de Pesca durante el próximo año.

Según el Ministerio de Economía, ese “inédito proceso de diálogos ciudadanos participativos que se inician el 21 de septiembre de este año y que buscan integrar la visión de todos los actores involucrados. El compromiso asumido por el gobierno en esta materia es iniciar la tramitación del proyecto de ley en el Congreso durante el primer semestre de 2023”, cierra el comunicado.

Por su parte, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, resaltó en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, que en septiembre se comenzará un trabajo prelegislativo y en marzo del próximo año se ingresaría una nueva ley.

Además, el subsecretario informó que llevan más de 100 reuniones con organismos de la pesca artesanal, lo que les ha permitido avanzar en un compromiso de 20 medidas para el desarrollo del sector.

Historial de corrupción, cohecho y fraude

La Ley de pesca también llamada Ley Longueira tuvo los siguientes alcances:

• Acciones de cohecho y corrupción parlamentaria;
• Dinámicas concretas y prácticas de acumulación en torno a la repartición de las cuotas pesqueras beneficiando a un selecto grupo de familias en el País;
• Impacto de los principios de zonificación pesquera;
• Fraccionamiento de las cuotas pesqueras entre sectores pesqueros industriales y artesanales, entre otras características.
• Asimismo, la cuestionada ley, se implementó sin que el estado chileno cumpliera con su obligación de consulta a comunidades indígenas costeras a pesar que afectaba directamente sus derechos.
• Los siete principales grupos económicos acusados de beneficiarse con la denominada “Ley Longueira”, involucra a las familias Angelini (corpesca), Lecaros, Yaconi –Santa Cruz , Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo, que durante los últimos años pasaron de poseer sus propias flotas a fusionarse en cuatro grandes conglomerados: Orizon, Blumar, Camanchaca Pesca Sur y Mar Food -capitales extranjeros.