Por Arnaldo Pérez Guerra
Para encarcelar al histórico líder de la CAM, el Ministerio Público presentó en el tribunal transcripciones de declaraciones a medios de comunicación y escuchas telefónicas en el marco de la investigación iniciada el año 2020 por Ley de Seguridad Interior del Estado, tras la petición del gobierno del genocida Sebastián Piñera por los supuestos delitos de «hurto de madera, usurpación, y atentado contra la autoridad». Pero a poco asumir el gobierno del presidente Gabriel Boric, a través de la ministra Izkia Siches también se hizo parte de la investigación contra Llaitul presentando una denuncia.
Pocos recuerdan hoy que en junio de este año la prensa informaba que el Estado de Chile debía indemnizar a Héctor Llaitul Carrillanca con doce millones de pesos por “daño moral” tras torturas infligidas en su contra durante la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte.
La decisión judicial mediante sentencia dictada el 31 de mayo por el Séptimo Juzgado Civil de Santiago ordenó al Estado de Chile a indemnizarlo por las torturas que recibió en 1988 por funcionarios policiales, quienes lo trasladaron a la Comisaría Central de Valparaíso, dejándolo incomunicado, y siendo sometido a diversos tormentos por parte de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía política de Pinochet, heredera de la Dina.
«Se condena al Fisco de Chile a pagar a título de daño moral, la suma de doce millones de pesos ($12.000.000) a favor del demandante don Héctor Javier Llaitul Carrillanca», señaló el tribunal.
Llaitul fue detenido el 28 de abril de 1988 por funcionarios de Carabineros de Chile, quienes lo trasladaron a la Comisaría Central de Valparaíso para luego recluirlo -a petición de la Fiscalía Naval de Valparaíso- en la Cárcel de Quillota donde quedó incomunicado, y fue sometido a diversas torturas por la CNI. El tribunal chileno acreditó la responsabilidad del Estado en su «detención y tortura”.
Según la sentencia, el demandante –Llaitul- califica como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados elaborado por la comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctima de Presión Política y Tortura, mejor conocida como comisión Valech.
Los agentes del Estado de Chile que detuvieron y torturaron al líder mapuche cuando era un estudiante universitario, siguen impunes tras 34 años.
En 1992 Héctor Llaitul fue detenido tras un supuesto “enfrentamiento” con Carabineros, en el que resultó herido. Se le condenó a 541 días de prisión por “infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado”.
En 2002 fue nuevamente acusado de “pertenencia a banda armada” e “incendio”, entre otros delitos.
El febrero de 2007, volvió a ser detenido, encarcelado, y enviado a juicio. Tras más de un año de proceso, fue finalmente absuelto de todos los cargos por el Tribunal Oral de Temuco.
En 2017, fue acusado en la llamada “Operación Huracán”, montada por Carabineros de Chile para acusarlo a él y a otros líderes mapuches de diversas organizaciones autonomistas, sin prueba alguna, de sabotajes y ataques incendiarios en las regiones de la Araucanía, Bío Bío y Los Ríos. Es más, Carabineros de Chile falsificó pruebas y plantó otras lo que finamente quedó al descubierto por el tribunal.
La “pruebas” aportadas por la Dipolcar (Dirección de Inteligencia de Carabineros de Chile), eran montajes, lo que condujo a una denuncia por “falsificación de instrumento público” e “implantación de pruebas falsas”, debiendo renunciar el general Gonzalo Blu, responsable de Carabineros, quien actualmente es investigado junto a otros ex funcionarios policiales por sus crímenes.
Sobre esta nueva acusación a Héctor Llaitul, la destacada abogada de derechos humanos Myrna Villegas señala: “El uso de la apología para criminalizar a detractores lo hizo la dictadura con el artículo 8 de la Constitución -hoy derogado- contra Clodomiro Almeyda. La misma dictadura usó con largueza la Ley de Seguridad Interior del Estado para criminalizar a la oposición. Los gobiernos democráticos pocas veces usaron esta ley, al inicio, Patricio Aylwin contra el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el Mapu-Lautaro y Movimiento Juvenil Lautaro (MJL); luego, Eduardo Frei Ruiz-Tagle contra los mapuche. Hace unos años también el Ministerio Público usó el delito de apología en contra de un mapuche por sus dichos en redes sociales. El gobierno anterior –de Sebastián Piñera- lo hizo en contra de personas que participaron en el estallido”.
Agrega que tras escuchar a los abogados del Ministerio del Interior imputando a Llaitul, entre otros, un delito de apología, por sus dichos, se pregunta: “¿En dónde quedó el discurso del actual gobierno sobre la libertad de expresión? Tienen todo el Código Penal a su disposición si quieren juzgar y de hecho lo usaron. ¿Qué necesidad había de usar la Ley de Seguridad Interior del Estado y además con la figura que más vulneratoria a los derechos humanos parece, que es la apología? Y la diferencia irritante de trato. No he visto ninguna querella del Gobierno por delitos de expresión en contra de quienes han difundido noticias falsas acerca del proyecto de la nueva Constitución, delito que está previsto en el artículo 4 letra g de la Ley de Seguridad Interior del Estado”, concluye.
Por su parte, el también abogado Juan Pablo Guevara señala: “Parece que Daniel Jadue y el resto del Partido Comunista (PC) sufrió una caída masiva de Internet. No han dicho una palabra sobre la detención de Llaitul y la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado por parte del Gobierno… El presidente Gabriel Boric tuvo cinco meses para retirar la querella por Ley de Seguridad Interior del Estado, como se comprometió durante la campaña. De hecho, lo hizo en otros casos. Además, también se comprometió en promover un paquete de leyes antirrepresión, donde se incluía la derogación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero parece que eso también se le olvidó. Que rápido se le olvidó a alguna gente de ‘izquierda’ que la Ley de Seguridad Interior del Estado es una herencia de la dictadura de Pinochet y de la doctrina de seguridad nacional, cuyas credenciales democráticas han sido fuertemente cuestionadas desde hace años por la doctrina y organismos de Derechos Humanos”.
Según Guevara, la Ley de Seguridad Interior del Estado penaliza ideas, opiniones, actos preparatorios incluso antes de que haya principio de ejecución. “Además, relativiza derechos fundamentales relacionados con el debido proceso y el derecho a defensa. Esa ley hace mucho que debió ser derogada. Es probable que si a Llaitul lo hubieran detenido por Ley de Seguridad Interior del Estado durante el gobierno de Piñera, hoy las redes sociales habrían estallado en un grito de furia en solidaridad con Llaitul, la CAM y la resistencia mapuche, alegando montaje; mientras a Piñera lo habrían acusado de dictador, fascista y racista. Pero como la detención ocurrió durante el gobierno de Boric…”.
“Bachelet protegió mientras pudo al delincuente de Villalobos cuando era Director de Carabineros –añade-. Gabriel Boric ha hecho lo mismo con Ricardo Yáñez, actual Director de Carabineros. Ahora que la fiscal Ximena Chong citó a declarar como imputado a Yáñez en casos por ‘apremios ilegítimos’ ocurridos durante el estallido social, ¿seguirá La Moneda protegiendo y dándole todo su apoyo a Ricardo Yáñez?”, se pregunta el abogado Juan Pablo Guevara.
Por su parte, el también abogado Javier Pineda Olcay expone: “El caso de Héctor Llaitul es complejo política y jurídicamente, admitiendo una amplia discusión. Sin embargo, escuchando la formalización es impresentable que un gobierno con militantes que se autodenominan marxistas, comunistas y/o revolucionarios, se haya querellado contra Héctor Llaitul por dos hechos -2 y 5, según la formalización-, que constituirían la comisión del delito contemplado en la Ley de Seguridad Interior del Estado, artículo 6, literal f: ‘Los que hagan la apología o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos que propugnen el crimen o la violencia en cualquiera de sus formas, como medios para lograr cambios o reformas políticas, económicas o sociales’. Este tipo delictual no se aplicaba desde la dictadura. Y constituye la acusación ‘de manual’ para calificar la prisión política. La formalización por este delito no es por lo que hace, sino por lo que dice: apología o propaganda. Sin querella del Ministerio del Interior este delito no sería investigado”.
Categóricamente el abogado Pineda señala: “¡Héctor Llaitul es el primer preso político del gobierno de Gabriel Boric!”
“La aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, tal como lo hacía la Concertación a principios del milenio, es de carácter netamente político. Por los antecedentes que públicamente han sido mencionados, su detención se produce por las declaraciones que ha emitido, lo cual es un ataque directo a la libertad de expresión… Aplicarla a Llaitul y no a Gonzalo de la Carrera y otros ultraderechistas y fascistas, cuyas declaraciones sobre el SERVEL caen en el tipo penal contemplado en el artículo 4°, letra g de la Ley de Seguridad Interior del Estado (‘Los que propaguen de palabra o por escrito o por cualquier otro medio en el interior, o envíen al exterior noticias o informaciones tendenciosas o falsas destinadas a destruir el régimen republicano y democrático de Gobierno…’) da cuenta de una aplicación selectiva y no un ‘ánimo general de respeto al Estado de Derecho”.
“¡Libertad a los presos políticos mapuche!”, dice Pineda.
Para el también abogado Héctor Testa Ferreira es “sencillamente incomprensible” que el gobierno de Boric le pida la renuncia a una ministra por el solo hecho de que una de sus asesoras haya buscado un acercamiento y diálogo con Héctor Llaitul y la CAM. “Más incomprensible aún es que hayan hecho caer a Jeannette Vega, ministra de Desarrollo Social, en circunstancias que hace cuatro años lo mismo anunciaba como muestra de voluntad de diálogo el propio gobierno de Piñera, y la prensa lo informaba con total naturalidad. Por cierto, el que la filtración de las comunicaciones del equipo de Jeannette Vega la haya hecho la misma PDI a la prensa, significa más que un indicio acerca del carácter de operación política de la detención de Llaitul y su prisión preventiva. La inclinación al entreguismo, la falta de convicción, y las concesiones y rendiciones políticas de este gobierno ya resultan algo muy difícil de ocultar, y frente al cual callar ya significa hacerse cómplice pasivo de actos que le hacen daño no sólo al gobierno y sus autoridades, si no que a todo el campo de voluntades transformadoras y al propio proceso constituyente”.
Según Testa, tanto la Ley de Seguridad Interior del Estado como la Ley Antiterrorista -actualmente vigentes- tienen “graves problemas si se las mira desde los estándares internacionales en la materia, pues entre otras falencias establecen tipos penales extremadamente amplios y no precisos”, agregando que “en lo referido a la Ley de Seguridad Interior del Estado, basta con leer su artículo 4° para percatarse de aquello (https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=16080), norma en la que varios de sus literales podrían ser aplicables a un sinnúmero de acciones y declaraciones de la historia reciente y actualidad. Señalado eso, el tema controvertible es por qué se tiene un sesgo tan notorio en aplicarles a unos y no a otros esa legislación. ¿Por qué a Héctor Llaitul y no a Pedro Pool o Sebastián Izquierdo? ¿Por qué a la CAM y no al APRA o el Comando Trizano? Está claro que en esa decisión sesgada no hay un criterio jurídico, sino que simplemente político”.
Testa recuerda que el programa de Gabriel Boric en materia de Derechos Humanos reconocía lo señalado (https://boricpresidente.cl/propuestas/derechos-humanos/), y que en varias de sus partes, afirmaba cuestiones que “han sido abiertamente refutadas por sus propias decisiones y acciones, y otras simplemente olvidadas, cuando no derechamente desmentidas. Para más desgracia, el actuar y declaraciones del gobierno actual han permeado fuertemente en no pocos de los seguidores más alineados con él, quienes incluso llegan a festejar por lo que está pasando en estas horas en torno a la detención y formalización a Héctor Llaitul. Personas que incluso se declaran progresistas y de izquierdas celebrando esta deriva. Un completo despropósito”.
“Lamentablemente, nada nuevo bajo el sol esto de hacer campaña con un programa, para luego gobernar con otro –agrega. Y que no se diga que se piden cuestiones imposibles o cambios abruptos ‘de un día para otro’, pues lo que se pide es algo mucho más simple y acotado: ser leal a lo que se ha comprometido en campaña, defender las posiciones puestas en el propio programa, y tomar las medidas que estén a disposición para impulsarlas en todo lo que se pueda. Lamentablemente, este gobierno está lejos de aquello”.
Para el abogado Testa hacer estos señalamientos “no implican un apoyo a la política y posturas de la CAM y de Héctor Llaitul, sino que es exigir un mínimo de consecuencia con los compromisos programáticos y lo que se debiera poder esperar de un gobierno que ha llegado adonde está proclamando ciertas ideas y principios, que al parecer han decidido abandonar sin pudor ni tapujos en aras de una ‘gobernabilidad’, que tiene poco y nada de diferencia con la que desplegaron los gobiernos de la Concertación – Nueva Mayoría… Que en la detención y formalización de Llaitul haya otros actores involucrados no quita las responsabilidades que tienen en ella los dichos y acciones del gobierno actual. Omitir esto último es una justificación del todo improcedente”, concluye.
Por Arnaldo Pérez Guerra
Publicada originalmente el 26 de agosto de 2022 en Liberación.
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