Comisión Chilena de DDHH y organizaciones sociales expresan preocupación por el rol de los medios de comunicación en el Plebiscito

La Comisión Chilena de DDHH y un conjunto de organizaciones sociales plantean que "resulta evidente el desequilibrio en la calidad de la información proporcionada en este período, especialmente a través de la televisión abierta, pero también en la prensa escrita y la radio".

Ciudadano

29/08/2022 8:46am

Frente a la histórica decisión que la ciudadanía debe adoptar, aprobando o rechazando la propuesta de nueva constitución política, para la Comisión Chilena de Derechos Humanos y demás organizaciones firmantes, resulta necesario realizar un balance del rol informativo cumplido por los medios de comunicación social.

La formación de una opinión pública informada es esencial para un adecuado ejercicio del sufragio. Un voto libre e informado requiere condiciones mínimas para que el debate público sobre su contenido satisfaga las necesidades de la ciudadanía y se desarrolle una deliberación pública, plural y abierta.

La libertad de expresión y opinión, a cuyo amparo se desenvuelven los medios de comunicación, tiene una dimensión individual, relativa al derecho de expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones; y una dimensión social, consistente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada; es decir, incluye el derecho a recibir y conocer puntos de vista, informaciones, opiniones, relatos y noticias, libremente y sin interferencias que las distorsionen u obstaculicen.

Es en este contexto que las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos proclaman que “la libertad de expresión es un derecho humano internacional fundamental y componente básico de la sociedad civil basada en los principios democráticos”. Dichas exigencias representan una condición indispensable para la consolidación, funcionamiento y la preservación de los regímenes democráticos.

Por ello manifestamos nuestra enorme preocupación respecto del rol informativo desempeñado por los medios de comunicación frente al plebiscito constitucional.

Resulta evidente el desequilibrio en la calidad de la información proporcionada en este período, especialmente a través de la televisión abierta, pero también en la prensa escrita y la radio.

El pluralismo informativo se encuentra seriamente debilitado en Chile como consecuencia de una enorme y creciente concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, tal como lo consignó en su Informe sobre la situación de nuestro país, el Relator sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado el año 2016. En el mismo sentido, cabe destacar lo señalado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Libertad de Opinión y de Expresión en su Informe del año 2014: «Un ámbito esencial de transparencia en los procesos electorales es el que afecta a la propiedad de los medios de comunicación y a la influencia que se ejerce sobre ellos. La creciente fusión de medios de comunicación en manos de un número cada vez menor de empresas es motivo de grave preocupación en lo que se refiere a la comunicación política».

Con ocasión del plebiscito constitucional, esta crisis se ha agudizado, mediante la utilización sistemática de prácticas de desinformación, todas las cuales han perjudicado gravemente el desarrollo de un auténtico debate público que permita a la ciudadanía manifestar con propiedad su preferencia en esta materia, de vital importancia para el conjunto de la sociedad chilena.

Las denominadas fake news, la información sesgada y engañosa y la mera propaganda son utilizadas por quienes los grandes medios les dan tribuna permanentemente, particularmente en los grandes medios de comunicación masiva, como los canales de televisión.

Sin duda el establecimiento de una discusión respecto del conjunto de las bases fundamentales del Estado representa una cuestión de enorme complejidad. Con mayor razón, especialmente los medios de comunicación que ocupan el espectro radioeléctrico, que es un bien de todos los chilenos, estaban compelidos al cumplimiento de un desafío y responsabilidad mayor.

El balance no es alentador. En el caso de la televisión la situación es todavía más grave. Es público y notorio que grandes sectores de la ciudadanía, especialmente de mayor edad, pero también que reside en regiones y lugares apartados, se informa principalmente mediante la televisión abierta. Claramente este medio no ha favorecido una adecuada información sobre los contenidos de la propuesta constitucional. Claramente, la televisión instaló un modelo de aparente debate que impidió el real conocimiento de la propuesta, centrándose en aspectos adjetivos y de espectacularidad.

Por otra parte, resulta insólito que el único concesionario que presentaba una mirada diversa al enfoque monocorde de contenidos, permanece en una crisis operacional hace meses, respecto de la cual ninguna autoridad pública, ni sus propios directivos se han manifestado.

Asombra en este sentido el rol del Consejo Nacional de Televisión, único regulador del Estado en la materia, por su pasividad en esa crisis, desestimando además las numerosas denuncias que se le han presentado. El escaso y controversial protagonismo ejercido por Televisión Nacional de Chile resulta particularmente perjudicial en este sombrío panorama, por cuanto por su intermedio se encuentra directamente el compromiso del Estado con los estándares internacionales de libertad de expresión.

Los efectos de este reprochable abandono de deberes por los actores involucrados, terminará siendo incidente en el resultado final del plebiscito convocado.

Hacemos un llamado final a los responsables de los medios de comunicación para que adopten todas las medidas conducentes a erradicar todo tipo de las prácticas reñidas con un auténtico ejercicio de la libertad de expresión. Sólo el voto libre e informado garantiza una auténtica participación democrática. Su ausencia cuestiona severamente la legitimidad del proceso eleccionario y reafirma la necesidad de establecer una nueva institucionalidad democrática fundada en el pleno respeto de la libertad de expresión, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.