En un presunto caso de corrupción, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) contrató servicios médicos privados en procesos de licitación con irregularidades y mediante adjudicaciones directas, y hasta la fecha no se sabe dónde quedaron 43 millones de pesos.
El Indep tiene observados 43 millones 329 mil pesos por pagos realizados a servicios médicos privados y que no han sido aclarados ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública correspondiente al 2020.
Continúa leyendo: Digitalizarán archivos de notarías del año 1535 en Puebla
A pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún organismo del Gobierno federal debería contar con seguros privados, el Indep, a través de un fideicomiso, uno de los pocos que se salvó durante el recorte que llevó a cabo la Federación en el 2020, contrató a las empresas Distribuidora Médica Daport, Proyosmi de la Salud, Atlantis Operadora Servicios de Salud, Servicios de Salud Familiar y Challenge Consulting, a quienes entregó seis contratos por 300 millones 311 mil pesos.
Mediante licitaciones públicas, el Indep contrató los servicios médicos para personal en la Ciudad de México; Guadalajara, Mazatlán, Nayarit, Querétaro y Torreón.
El 9 de diciembre del 2019 se emitió la convocatoria para la Licitación Pública Electrónica Nacional número LA-006HIU002-E17-2019, para la contratación del servicio Integral de Atención Médico-Quirúrgica, Apoyo Diagnóstico y Hospitalario para los Fideicomisarios y sus Derechohabientes del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (Fopesiban).
El 14 de enero del 2020 se formalizaron los seis contratos referidos para la prestación de los servicios médicos integrales. Sin embargo, se licitó sin tener dinero para hacerlo. A pesar de que la licitación se lanzó en diciembre del 2019, hasta el 4 de febrero del 2020 el Consejo Técnico tuvo conocimiento de estos contratos, cuando la apoderada del Fopesiban pidió una ampliación presupuestaria para cubrirlos.
Además, modificó la forma en que se contrataban estos servicios y ahora lo hizo a través de empresas integradoras; es decir, que reúnen a otras compañías en una sola firma, pero esto resultó más caro y presentó deficiencias en la prestación de los servicios.
Durante el 2020, el Fopesiban cambió en tres ocasiones de apoderado legal, figura responsable de cumplir con los fines del fideicomiso y entregar los informes correspondientes al Comité Técnico del Indep y de Nacional Financiera (Nafin).
De acuerdo con la auditoría practicada, el “Consejo Técnico (CT) no autorizó ni puntualizó los términos y condiciones de contratación de los servicios de atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, ni resolvió las quejas presentadas por los derechohabientes”.
Además, “el Fopesiban pagó servicios por 219 mil 453.4 pesos, sin documentación justificativa, así como partidas no licitadas por 132 mil 121.1 pesos, cuyos precios carecieron de control y autorización”, dice la auditoría.
Otro aspecto relevante es que ni el Indep, ni Nacional Financiera, coinciden en el presupuesto que tiene el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para pagar los servicios médicos; mientras el Indep reportó que cuenta con ocho mil 348 millones 682 mil pesos, Nacional Financiera dijo que esa cifra en realidad es de cinco mil 636 millones 713 mil pesos.
El Fopesiban fue creado el 30 de junio del 2003, con el fin de garantizar el cumplimiento de obligaciones del entonces Sistema Banrural con extrabajadores, en materia de pago de pensiones y jubilaciones, proporcionar atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria a los derechohabientes, y el pago que les corresponda a sus beneficiarios.
En el fideicomiso participan el Sistema Banrural, como fideicomitente; los pensionados y jubilados, como fideicomisarios, y Nacional Financiera, en calidad de fiduciaria, institución que cuenta con la atribución de efectuar los actos de administración y disposición del patrimonio fideicomitido.
El lunes, Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, interpuso ante la FGR una denuncia penal por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades contra quienes puedan resultar responsables “por irregularidades” en los procesos de licitación pública y adjudicaciones directas a empresas “que no cumplen con los requisitos”.
Con información de La Razón
Te puede interesar: Procesan a exfiscal de Veracruz por desaparición forzada y secuestro
Recuerda suscribirte a nuestro boletín
📲 bit.ly/2T7KNTl
📰 elciudadano.com
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
