Exjueza Lucila Larrandart: La «asociación ilícita», el delito «inconstitucional» para perseguir a Cristina Fernández

La imputación contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández como presunta jefa de una «asociación ilícita» genera dudas en expertos en derecho y hasta adversarios políticos. La exjueza Lucila Larrandart explicó a Sputnik que se trata de un delito inconstitucional con el que, con el criterio actual, podría imputarse a todos los gobernantes.

La acusación del fiscal Diego Luciani contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner volvió a poner en cuestión la figura penal de ‘asociación ilícita’, una herramienta legal que según muchos expertos en derecho es inconstitucional y utilizada como arma de persecución política.

El artículo 210 del Código Penal argentino establece una pena de entre tres y 10 años para aquel que «tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación». El mismo artículo asegura una pena mínima de cinco años de prisión «para los jefes u organizadores de la asociación«.

En el 210 bis, el Código extiende la pena máxima a 20 años de prisión cuando la asociación ilícita «contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional» cuando cumpla con dos requisitos de una lista que incluye, entre otros agravantes, «recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos».

Para el fiscal de la causa, Cristina Fernández sería la «jefa» de una asociación ilícita destinada a direccionar contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur) en favor del empresario Lázaro Báez. De cara al juicio, Luciani buscará probar que existía una relación entre la entonces presidenta y Báez para cometer los delitos.

A pesar de lo estipulado en el Código Penal, la validez de la figura que el fiscal intenta tipificar a la vicepresidenta es vista con recelo por entendidos en la materia, aun cuando demuestran no tener simpatía política por la dos veces presidenta de Argentina (2007-2015).

El constitucionalista argentino Andrés Gil Domínguez, por ejemplo, advirtió en una entrevista con el diario argentino La Nación que el delito de asociación ilícita «viene siendo muy discutido dentro de la doctrina penal y constitucional por cómo está redactado».

Domínguez señaló además que si el fiscal Luciani pretende imputar ese delito, debería también incluir al Congreso de la Nación, ya que el supuesto plan criminal señalado por el fiscal incluyó una ley de Presupuesto votada por oficialistas y opositores en el Congreso. También podría caer en la figura los jefes de Gabinete de los gobiernos de Fernández —entre los que están el actual presidente Alberto Fernández y el actual ministro de Economía Sergio Massa— por haber dispuesto partidas presupuestarias.

«Tendrían que estar todos los que participaron en esta supuesta banda siendo juzgados, no solamente una parte», señaló el experto.

Desde el sistema político también pusieron en duda la eficacia de la figura penal. Miguel Ángel Pichetto, dirigente de la coalición opositora Juntos por el Cambio y actual auditor general de la Nación, consideró que la figura de asociación ilícita es «un tecnicismo» y que, al considerar a los gobiernos como asociaciones ilícitas, «se sienta un precedente y se abre una avenida muy grande y un riesgo realmente muy peligroso para gobernar en cualquier sitio, en el país o en una provincia»

Un «disparate inconstitucional»

En diálogo con Sputnik, la exjueza y docente de Derecho de la Universidad de Buenos Aires Lucila Larrandart, remarcó que la asociación ilícita es una tipificación «inconstitucional» debido a que «es un acto preparatorio que no puede ser penado porque tiene que haber lesionado o intentado lesionar un bien jurídico».

En ese sentido, la jurista explicó que de acuerdo a la Constitución, no puede penarse un acto «preparatorio» de un delito como una reunión de personas, sin que se lleve a cabo la acción criminal concreta.

Ese no es el único cuestionamiento de los expertos contra el delito. Larrandart recordó que la propia Corte Suprema de Justicia argentina reconoció, en casos precedentes, que el delito está previsto para «personas comunes» y no para un gobierno en funciones.

«Más allá de que pueda haber o no delitos en la inmensa cantidad de posiciones de un Poder Ejecutivo, no puede constituir asociación ilícita porque solo se puede acusar por delitos concretos. Si eso no fuera así, remarcó Larrandart, «todos los gobiernos podrían ser acusados de asociación ilícita».

Según la exjueza, es «un disparate» pretender imputar a Fernández de Kirchner en este caso porque el caso alude a «obras realizadas en una provincia y ejecutadas y controladas por el gobierno provincial, cuando Fernández de Kirchner era presidenta de la Nación». En ese sentido, remarcó que la presidenta «no tiene responsabilidad objetiva» en el caso y «no se la puede imputar si no se comprueba la concreta complicidad en el acto».

Larrandart criticó el intento por condenar la supuesta responsabilidad objetiva de un gobernante sobre todo lo que sucede en su gobierno y apuntó un ejemplo que ilustra el absurdo jurídico que constituye.

«Con ese criterio Raúl Alfonsín (1983-1989) y todo el Gobierno de entonces, el primero después de la dictadura, tendría que haber sido acusado de complicidad con los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la dictadura, porque envió leyes por la cual cesaban los efectos penales de los delitos», indicó.

La exjueza y académica recordó que la figura de asociación ilícita siempre fue utilizada en el ordenamiento jurídico argentino como «una forma de perseguir a los contrincantes políticos». El delito ingresó al Código Penal en 1921 y se mantuvo hasta incambiado hasta 1984, cuando se agregó el agravante del artículo 210 bis.

Larrandart remarcó que, si bien se trata de «un disparate inconstitucional», su redacción es «tan genérica e indeterminada que sirve para que se adapte para perseguir a quien sea, en este caso los opositores». En ese sentido, consideró que su uso es «típico de gobiernos dictatoriales«.

A pesar de que consideró que la acusación contra Cristina Fernández es «una de las causas típicas de lawfare«, apuntó que todavía confía en un sector del Poder Judicial. «Yo creo que cualquier juez medianamente formado que no entre en esta guerra y ejerza su función no puede admitir esto», remarcó.

Fuente Sputnik