¡La historia es nuestra! Aprobar por Chile, por el pueblo y por los trabajadores de un país digno, independiente y soberano

Autores: Jorge Molina Araneda y Claudio Marchant Lastra

Aquellos sectores más beneficiados por el sistema económico imperante reaccionan ahora con respuestas conservadoras cada vez más radicales. Los llamados a proteger a toda costa el sistema económico implementado en la década de 1970 y las narrativas anticomunistas desplegadas por las élites económicas chilenas para deslegitimar el proceso (constitucional) parecen más reflejos nostálgicos de las promesas que encerraba el neoliberalismo en su auge de los ochenta que propuestas ajustadas a los desafíos internacionales actuales (San Martín, W.; 2022).

No más eufemismos y frases adornadas para decir lo que no queremos decir frontalmente, para no “ofender” al adversario del rechazo. Basta de esconder que estamos frente a una manipulación de la derecha, férrea defensora del pinochetismo, y tantos otros que se han ido sumando, los que todos hemos ido conociendo en los medios de comunicación con sus apariciones en la televisión abierta, redes sociales, prensa escrita, digital y consorcios radiales para mentir, promover la ignorancia y abofetear a una ciudadanía cansada que la sigan maltratando y desdibujando la realidad, sobre todo, sus derechos fundamentales.

Desde el inicio del proceso constituyente, luego del abultado triunfo en el plebiscito de octubre de 2020, la dignidad comenzó a soñar con la reconstrucción constitucional de nuestro país desde las bases sociales y ciudadanas. Donde los derechos sean para todos, incluidos los amarillos, los centroizquierdistas, los opositores que no leen y asientan con su cabeza sin siquiera entender el texto ofrecido y rechazan a ciegas. ¡Por favor! todo lo que el rechazo nos muestra es con una doble lectura, una doble intención, un doble interés: manipulación pura del poder de la derecha oculta, que saca sus garras para capturar a su presa y luego desecharla.

La oposición de la derecha a la Nueva Constitución es producto de sus intereses. A ello se suma que los fundamentos intelectuales de las distintas derechas dejan en evidencia que en ese sector político predomina una postura contraria a la ampliación de la democracia y la inclusión social efectiva, optando por un autoritarismo exacerbado en la configuración del sistema político.

Los pueblos chilenos (menos el de Santiago), y algunos líderes populares, han luchado a lo largo de toda la historia independiente para construir soberanamente un Estado republicano-democrático. Empezaron derribando la dictadura de O’Higgins, porque este se burló de la soberanía de los pueblos; le aplicaron el «juicio de residencia» y lo expulsaron del país. Convocaron luego a una Asamblea Constituyente (1823), ante la cual, por respeto a la soberanía que ella irrogaba, abdicó el Director Supremo, general Ramón Freire… La aristocracia de la capital obstruyó el proceso constituyente, hasta hacerlo fracasar. Ante eso, el «populacho» (Barros Arana) provocó un ‘estallido social’ para convocar a una nueva Asamblea y re-elegir al general Freire como Director Supremo. Pero la capital continuó su política obstruccionista aun después de aprobada la Constitución ‘comunera’ de 1828, y pasó de la obstrucción política al complot militar abierto. El Presidente Francisco Antonio Pinto, ante la imposibilidad de proteger la soberanía, abdicó de su cargo. El ejército mercenario levantado por Santiago pudo vencer en la batalla de Lircay. Los pueblos de Chile (menos Santiago) se rebelaron 17 veces entre 1830 y 1882 contra el régimen de «tiranía». Fueron derrotados otras tantas veces por el ejército “pretoriano” que organizó Diego Portales. En 1891, tras convocar a una Asamblea Constituyente y ante la derrota del ejército constitucional en Placilla y Concón, se suicidó el Presidente José Manuel Balmaceda. En 1925, cuando los militares dieron un golpe de Estado para que el pueblo ejercitara de por sí su poder constituyente, el Presidente Arturo Alessandri se autoexilió en Italia. Y en 1973, cuando ya no hubo posibilidad alguna de llevar a cabo la «revolución popular», se suicidó el Presidente Salvador Allende. La soberanía popular ha sido usurpada, ametrallada e ignorada.

La ética superior de los pueblos no ha muerto. Por eso reapareció, llena de memoria, el 18 de octubre de 2019. Su eclipse, de mediados del siglo XIX hasta comienzos del XXI, se debió a que el Ancien Régime se autotransformó en un sistema de estados nacionales liberales a través de la célebre revolución democrático-burguesa. La que impuso por doquier la supremacía de la nación, la democracia individualista, el voto secreto, la hegemonía del mercado mundial y la globalización del capital financiero… Jineteada siempre por la clase política… Que ha encarnado, en sí y para sí, esa dudosa ética que reduce todo valor humano a ganancia o pérdida. Donde lo supremo es la mercancía. En Chile hoy prima, pues, en los políticos profesionales, el no-reconocimiento de la soberanía popular (Gabriel Salazar; 2022).

La Constitución reformada por Lagos, en 2005, conservó de la ilegítima Carta Fundamental de 1980 aquella parte mayor de su estructura regresiva y restrictiva: la omisión de la potestad constituyente originaria del pueblo; la restricción de la ciudadanía solo al derecho de elegir y ser elegido; la ausencia de la participación ciudadana y el control social en la gestión pública y gobierno político; el sistema presidencialista exacerbado y la duplicación legislativa del bicameralismo; la irresponsabilidad de la Administración en materia de transparencia y cuentas públicas; el Estado restringido como agente de emprendimientos empresariales propios y a la vez subsidiario de la desregulación del mercado; la denegación de la autonomía de las regiones; la desprotección de los derechos económicos y sociales de la ciudadanía y la orfandad de su tutela judicial; la municipalización (y en consecuencia la segregación por nivel de ingreso) del acceso a las garantías del bien común, como la educación, la salud y la vivienda; el no reconocimiento explícito del derecho a huelga y la fragmentación del sindicalismo; el ocultamiento de los derechos de la diversidad y la falta de mecanismos de afirmación positiva para superar las exclusiones; el racismo del silencio sobre los pueblos indígenas; entre otros componentes estructurales de un modelo constitucional refractario de la modernidad democrática y el desarrollo inclusivo.

Por otra parte, la Nueva Constitución Política en relación al gobierno económico, las formas de participación política y la relación entre sociedad y naturaleza sienta un precedente valioso para imaginar un gran porvenir.

La Nueva Constitución tiene una dinámica democratizadora y da impulso a un Estado Social y Democrático de Derecho. Esto es expresado en el amplio catálogo de derechos que consagra, las obligaciones correspondientes del Estado para asegurar su concreción y la inclusión de los pueblos originarios en la comunidad política.

Con todo este nuevo entramado constitucional, transitamos desde un proceso limitado de modernización a una modernidad democrática y sustantiva. Se crean las condiciones para dejar atrás la sociedad estamental y se da un paso gigantesco al complementar el reconocimiento de los diversos derechos individuales con el reconocimiento de derechos colectivos, como aquellos exigidos por las mujeres, los pueblos originarios y las diversidades sexuales y de género.

El 18 de octubre de 2019 puede ser visto como una impugnación simultánea al modelo neoliberal de desarrollo impuesto por la dictadura y profundizado en democracia, por un lado, y a la democracia semi-soberana diseñada para protegerlo, por otro. El neoliberalismo supuso la desindustrialización del país y su especialización en la exportación de materias primas, reduciendo al mínimo el rol del Estado y transformando una serie de derechos sociales en nuevos nichos de negocios para privados. El resultado: una sociedad altamente desigual, con empleos precarios y bajos salarios, con ciudadanos altamente endeudados y desprotegidos, que identifican en la generalización del abuso la principal fuente de su descontento. Según la actual Constitución, el Estado chileno no está obligado a garantizar el derecho a la salud, a la educación o a la jubilación. Por otra parte, el sistema político y las instituciones democráticas han entrado en una profunda descomposición, concentrando altos grados de desconfianza ciudadana. Diversos escándalos por financiamiento ilegal de la política por parte de los grandes grupos económicos, por corrupción en instituciones como las FF.AA. y la policía y la impunidad que ha rodeado a esos casos terminaron por erosionar fuertemente la credibilidad de la democracia chilena ante sus ciudadanos. La misma fue el resultado de un acuerdo inter-elites (entre la dictadura y la oposición), que condicionó la salida pacífica a la dictadura a la impermeabilidad del sistema político frente a las demandas sociales, a la anulación del conflicto social en favor de la estabilidad y al impedimento de cualquier transformación significativa del legado político-económico del régimen de Pinochet.

De acuerdo a Marco Kremerman, el patrón de acumulación que se restaura, configura y se impone en Chile durante la dictadura actúa en tres fases:

1) Para iniciar los nuevos negocios o retomar otros, la dictadura a través del nuevo Estado Neoliberal, asiste a los privados a través del mecanismo del despojo (desposesión):

i) Privatizando empresas del Estado y entregándoselas a privados. Esto ocurre con varios servicios estratégicos como el agua, la electricidad y la educación técnico-profesional y con recursos naturales, como en el caso del traspaso de Soquimich a Ponce Lerou (yerno de Pinochet).

ii) Se elimina el sistema de seguridad social (que hoy existe en el 95% de los países del mundo) y se crean en 1981 las AFP, a través de las cuales, utilizando las cotizaciones de los trabajadores para sus pensiones futuras, se capitaliza a los grupos económicos, invirtiendo en acciones y bonos para que estos puedan crecer y reproducirse. Vale decir, capital fresco, casi a costo cero, proporcionado por todos los chilenos que cotizan. Hoy, mientras 9 de cada 10 chilenos que reciben una pensión de vejez de las AFP obtienen menos de $150.000 al mes, el grupo Luksic recibe financiamiento de los cotizantes por más de $3,4 billones, el grupo Angelini por $1,1 billón, Soquimich por $230.220 millones y Penta por $52.932 millones (cifras de agosto 2014 y abril 2015). Luego estos mismos grupos financian a la política para que se mantengan las reglas del juego.

2) Para producir los bienes y servicios se quitan todos los lomos de toro del camino. Básicamente, se requiere que el capital acumule sin contrapeso. Para ello:

i) Se crea el Plan Laboral en 1979, que rige los derechos colectivos del trabajo hasta el día de hoy. Este plan sindical de José Piñera, tuvo como propósito despolitizar a los sindicatos y eliminar la correa de trasmisión entre negociación colectiva y distribución del ingreso. En palabras simples, las utilidades son para los dueños. Sin negociación por rama y con el derecho a huelga reducido a challas y plumeros, los trabajadores no contarán con la herramienta central para disputar poder en la sociedad y luchar por mejores salarios.

ii) En relación a los insumos y las materias primas, la dictadura creó un sistema que permite abaratar estos costos y crear nuevos nichos de negocio. Este es el caso de la privatización y la creación de los derechos de agua (Código de Aguas de 1981), factor central para muchos procesos productivos y la asistencia para crear empresas termoeléctricas e hidroeléctricas que obedecen más a las necesidades de sectores como la Minería, de contar con más energía para sus procesos productivos, que a los requerimientos de la sociedad chilena.

Otra vía para abaratar los costos de producción corresponde a las concesiones y subsidios de fomento. Este es el caso de las concesiones mineras y acuícolas y del DL 701 para favorecer al sector forestal, subsidio creado en 1974 que ha asegurado el ciclo de acumulación de los grupos Matte y Angelini, a costa del medio ambiente y la identidad y sobrevivencia de las comunidades mapuche, que ante el despojo de sus tierras, deben asalarizarse (vender su fuerza de trabajo). Un doble refuerzo para la minimización de costos.

3) Finalmente, para lograr la ganancia es imperioso vender lo que se produce o colocar el capital en los lugares donde genera mayor rentabilidad. Esta es la tercera fase del ciclo de acumulación. Aquí al menos se pueden distinguir dos procesos:

i) En Chile, sin duda el instrumento de la deuda ha jugado un rol central. Para que los capitales puedan mantener y/o acrecentar su acumulación, si los salarios son bajos, existen al menos dos posibilidades: exportar lo que se produce o estimular la demanda interna a través del endeudamiento. En nuestro país ambas correas de trasmisión operan. En el caso de la deuda, según datos de la Universidad San Sebastián y Equifax, hoy se registran más de 10,6 millones de endeudados, entre los cuales casi 3,6 millones está moroso. Además, según un estudio de la OCDE, prácticamente 3 de cada 10 chilenos se endeuda para costear su alimentación.

ii) Creación de nuevas necesidades y nuevos nichos de negocio. Durante la dictadura, comienza el proceso de privatización de los derechos sociales (educación, salud, pensiones). Las políticas de subsidios a privados vía voucher en Educación por ejemplo, permitió debilitar las escuelas públicas para que se cree la demanda por servicios privados, desplegándose un nuevo espacio para el capital en la educación preescolar, escolar y superior. Hoy solo el 36,8% de la matrícula escolar es pública y las personas que asisten a establecimientos estatales en educación superior no superan el 15%.

Creemos que el nuevo texto constitucional es bueno y digno de aprobarse porque:

-Establece que Chile es un Estado social y democrático de derecho (Art. 1.1). En otras palabras, los y las chilenas, sea cual sea su situación económica, deberán poder acceder en el mediano plazo a educación, salud y pensiones de calidad, entre otros derechos sociales. Es decir, por ejemplo, no más bingos ni rifas para enfrentar enfermedades catastróficas.

-La democracia chilena será inclusiva y paritaria (Arts. 1.2, 2, 25.3, entre otros). Nuestra democracia respetará a los diversos pueblos y naciones dentro de la unidad del Estado (Art. 5.1). Esta formulación toma en serio asimismo el fin de la discriminación en contra de la mujer, consagrando el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor (Art. 46.2).

-Dispone como un valor esencial de nuestro país el respeto de la dignidad (arts. 1.2, 2.1, 10, 11, 17.2, 33.2, entre otros). Como escuchábamos en octubre de 2019, “…hasta que la dignidad se haga costumbre”.

-Reconoce la relación indisoluble de los seres humanos con la naturaleza y su interdependencia con las personas y pueblos (Arts. 1.2, 8, 17.2, 18.3, 127 y ss., entre otros). Considerando que la comunidad científica alerta hace más de 50 años sobre el cambio climático y sus posibles efectos sobre nuestra especie, este planteamiento se hace cargo de este tema e intenta preservar nuestro medio de vida para generaciones futuras, para nuestros descendientes.

-Establece como imperativo el derecho a la verdad respecto de las violaciones de los derechos humanos, genocidio, crímenes de lesa humanidad, etc.; se consagra su imprescriptibilidad y se prohíbe la amnistía de los tratos crueles y degradantes y del genocidio (entre otros ilícitos), estableciendo además el derecho a la reparación integral y a la memoria (Art. 24). Con la tragedia de los detenidos desaparecidos en la dictadura, y las 352 personas con daños oculares desde el inicio de las protestas en 2019, estos derechos son de la más alta relevancia para cualquiera sociedad que pretenda ser civilizada.

-Reconoce los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes (Arts. 26 y 126). La propuesta dispone la creación de un sistema de protección integral de los menores, valorando el interés superior de los niños y niñas, su desarrollo integral, su autonomía progresiva, participación, etc. Con este planteamiento se hace frente a los diversos escándalos de abusos que hemos conocido en el Sename, inadmisibles en cualquiera sociedad decente.

-Consagra el derecho a una vida libre de violencia de género (Art. 27). Todas las mujeres, niñas, adolescentes y personas de diversidades y disidencia sexuales gozarán de este derecho tan básico en cualquier sociedad libre.

-Reconoce que toda persona tiene derecho a la educación, la cual es un deber primordial e ineludible del Estado (Arts. 35 a 43). Se establece que la educación es esencial para el ejercicio de otros derechos, y que debe ayudar a construir el bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, etc. Se agrega que la educación es de acceso universal en todos sus niveles y es obligatoria desde la básica hasta la media inclusive. Estos artículos no prohíben la educación privada (de hecho, se habla de instituciones reconocidas por el Estado, Art. 36.1), y comprometen al Estado con un sistema de educación pública laica y gratuita, prohibiendo el lucro en la educación superior. Se consagra explícitamente la libertad de cátedra, reconociendo el rol fundamental de los profesores y profesoras en todos los niveles educativos. Este planteamiento es ambicioso y conlleva un gran cambio de paradigma. En la actualidad, los niños y niñas desde edad temprana acceden a la educación que sus apoderados pueden pagar, sepultando cualquier tipo de meritocracia e igualdad de oportunidades.

-Consagra un fortalecido derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo las dimensiones física y mental (Art. 44). Esta es una gran formulación que desvincula el derecho a la salud con el bolsillo del enfermo y su familia, como ocurre en la actualidad.

-Contempla un Sistema de Seguridad Social (para protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, maternidad, paternidad, etc.), universal y solidario, así como un derecho al trabajo y a la libertad sindical acorde a los estándares internacionales, incluyendo el trabajo doméstico y de cuidados (Arts. 45 a 49). Estas normas representan también un gran cambio de paradigma. Los abusos laborales, los bajos salarios, la imposibilidad de organizarse para negociar con los empleadores, así como los excesivos límites al derecho de huelga debieran quedar atrás cuando se implementen legalmente estas normas.

La enumeración podría seguir con otros derechos que se reconocen en la propuesta, por ejemplo, el derecho de toda persona al cuidado (Art. 50), el derecho a una vivienda digna y adecuada (Art. 51), el derecho a una alimentación adecuada (Art. 56), el derecho humano al agua (Art. 57), el derecho a la autonomía personal (Art. 62), el derecho a una muerte digna (Art. 68), el derecho de propiedad (Art. 78), a la libertad de emprender (Art. 80), el derecho a participar en un espacio digital libre de violencia (Art. 89), el acceso al libro (Art. 94), entre otros.

En su parte institucional, la formulación constitucional establece la Defensoría del Pueblo (Arts. 123 a 125), la Defensoría de los Derechos de la Niñez (Art. 126), la Defensoría de la Naturaleza (Arts. 148 a 150), y abre una serie de espacios inéditos en nuestro país para la participación ciudadana y representación democrática, como Iniciativa Popular de Ley, Iniciativa Popular para derogar leyes, referéndums, etc. (Arts. 152 y ss.), contempla una norma especial anti corrupción (Art. 170), y una norma anti colusión o abusos (Art. 182.5), dispone el aumento del poder de las regiones y territorios (Arts. 187 y ss.), consagra la autonomía territorial indígena (Arts. 234 y 235), establece un presidencialismo atenuado (Arts. 279 a 306) y un sistema bicameral asimétrico (Arts. 251 a 278), así como otras normas sobre poder judicial (sistemas de justicia, Arts. 307 y ss.) disponiendo que será la Corte Suprema quien velará por la correcta aplicación del derecho y por su interpretación uniforme (Art. 328.1).

Asimismo, la propuesta contempla algunos órganos constitucionales autónomos, como la Contraloría, el Banco Central, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, la Agencia Nacional de Protección de Datos y la Corte Constitucional (Arts. 350 a 382). Amén de establecer el sistema de reforma constitucional (sin cerrojos, como en la Constitución de 1980) y la posibilidad de reemplazar la Constitución en su integridad por vía de una asamblea constituyente, que puede ser incluso convocada por iniciativa popular (Arts. 383 a 388).

La asamblea en su trabajo interno fue bombardeada por el sector reaccionario que representa la derecha de siempre, ¡vaya que saben como bombardear la democracia! Toda una estrategia para llevarnos a este punto de inflexión, que nos tiene como ciudadanos en vilo al incierto resultado del 4 de septiembre, proceso único en el mundo, por su contenido y por ser una propuesta de Constitución Política paritaria e inclusiva, como lo señalan y elogian analistas internacionales… Claro, como se dice poco sobre esto en televisión, es difícil enterarse y comprender la propuesta constitucional entregada a la voluntad popular.

Valoremos, pues, todas y todos el precioso momento al cual hemos sido convocados, hagamos historia como actores libres y activos para aprobar con nuestro voto una Carta Fundamental que hoy quieren rechazar los políticos y empresarios a quienes les duele no haber sido invitados a esta mesa democrática y paritaria. Quieren volver a decidir por nosotros como históricamente lo han en hecho en estos 200 años de vida republicana. Ya lo decía el exPresidente Allende:

“Que el pueblo por primera vez entienda que no es desde arriba, sino que debe nacer de las raíces mismas de su propia convicción la Carta Fundamental que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y soberano”.