Toda libertad de elegir es ilusión mientras exista prisión política

Por Rafael Agacino

Las elites nos han convocado a un nuevo evento sufragista: el plebiscito de salida. En este acto obligatorio debemos pronunciarnos a favor o en contra de una nueva carta magna redactada por la Convención Constitucional. Se corona así –nos dicen- un proceso histórico: se trataría de la primera constitución escrita bajo condiciones democráticas, pues no sólo fue redactada por 154 convencionales elegidos por los pueblos sino, además, porque recoge la diversidad social y cultural de este país.

Pero el proceso poco tuvo de democrático. En efecto: éste no se fundó en el debate popular masivo ni se organizó acorde a los tiempos y ritmos de los pueblos; tampoco se dispuso de medios de difusión y pedagógicos habilitantes de una participación popular efectiva. Por el contrario, los debates quedaron encerrados en el ex Congreso, al arbitrio de convencionales con intereses identitarios y locales sin perspectiva de país; se desoyeron prácticamente todas las iniciativas populares de norma; se rechazaron numerosas propuestas internas de mayoría absoluta que no contaron con los dos tercios; y los tribunos de los pueblos y las identidades, renunciaron voluntariamente a la poca soberanía que ostentaban desechando llamar a elecciones parlamentarias generales, y por tanto cedieron al actual congreso –controlado por las dos derechas- la potestad de implementar los acuerdos del texto según sus intereses e interpretaciones (véase disposiciones transitorias 7ma. y 13ra. del proyecto de nueva Constitución). Es decir, por decisión de los convencionales, volvimos a fojas cero: el poder regresó a los de los 30 años.

Tampoco las llamadas “garantías democráticas para la libre deliberación” se cumplieron, y salvo excepciones, fueron olvidadas por los convencionales después del primer sueldo. Los acusados por crímenes y violaciones a los DD.HH. siguieron su vida normal: Piñera como presidente o empresario o Yáñez como director de Carabineros; las presas y presos políticos de la revuelta siguieron encarceladxs, procesadxs o condenadxs; los estados de excepción en el Wallmapu continuaron, y la represión a los sectores populares se intensificó con formas lumpenezcas que han costado la vida, daños oculares y encarcelamientos de otras tantas víctimas de nuestros pueblos. Así, la casi nula participación popular se realizó bajo la violencia de las lumas, del gas pimienta, del agua tóxica y del despliegue policial desproporcionado, sin contar con la persecución administrativa a lxs presxs por Gendarmería, las amenazas permanentes del Ministerio del Interior y las Fiscalías y la intoxicación medial multiplicada por la demagogia de los exponentes del apruebo y el rechazo.

Pero la realidad nos reservaba más: Boric terminaría agosto con una ofensiva represiva en el Wallmapu. A las bayonetas del ejército y la marina, prácticamente en las espaldas de las comunidades mapuche, agregaría ahora la detención del principal dirigente de la CAM, Héctor Llaitul –y, días después, incluso la de su hijo Ernesto– evocando nada menos que el cuerpo legal conocido como Ley de Seguridad Interior del Estado (Ley 12927, Titulo II). Según la ministra Siches, Héctor Llaitul fue detenido en virtud de la letra (c) de esta Ley que inculpa a todos aquellos “que se reúnan, concierten, o faciliten reuniones destinadas a proponer el derrocamiento del Gobierno constituido o a conspirar contra su estabilidad”, y de la letra (f) que refiere a “los que propaguen o fomenten, de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el orden social o la forma republicana y democrática de Gobierno”. Es decir, excluyendo los cargos por robo de madera, la argumentación de la ministra afirma que Llaitul fue encarcelado por su pura disposición subjetiva a conspirar y/o a fomentar la lucha contra el orden social; o, de acuerdo con el cuerpo legal invocado, fue encarcelado por la pura intención de rebelarse o de llamar a la rebelión. Siguiendo este argumento, Llaitul es el primer “preso de conciencia” del gobierno de Boric y, por tanto, apelando a la propia definición restringida que éste y su corte de canallas hacen de la prisión política, es también el primer preso político reconocido por Boric. No sabemos si por Bachelet.

Este entramado jurídico-judicial –que hace recordar la Ley Maldita de González Videla– es el “novísimo” recurso con el cual se pretende blanquear la represión estatal contra los pueblos, blanquear porque simula todo acto represivo como un mero procedimiento estrictamente legal. No obstante, sabemos, se trata de la criminalización de la protesta social apelando a la ideología del “derecho penal del enemigo” (Feindstrafrecht), doctrina jurídica que opera punitivamente de forma preventiva a los futuros actos criminales por cuanto ex ante califica a los incriminados como enemigos potenciales del orden. Es la estrategia de la guerra preventiva aplicada al interior de los estados contra sus propios pueblos; es también, la manifestación del desarrollo del estado policial chileno en medio de su creciente lumpenización.

Llegados a este punto no podemos sino preguntar: ¿Son éstas las condiciones democráticas para la “libre deliberación” que nos ofrecieron Piñera y Boric? ¿Es este el “ambiente republicano” del cual se vanaglorian el progresismo y la dirigencia de una izquierda borrega que nos convoca a votar el 4 de septiembre? ¿De qué democracia nos hablan?

!Qué vergüenza!

Tanta que no ha sido necesario siquiera referirse al contenido del proyecto de nueva constitución –que por lo demás a esta altura poco importa- para denunciar el proceso constitucional y el plebiscito de salida como una sucia maniobra y una farsa diseñadas por los de arriba. Una maniobra porque les permitió no sólo salvar a Piñera y a la elite de los 30 años, sino también a los desprestigiados partidos y sus funcionarios que recuperaron la iniciativa criminalizando toda manifestación popular que se atreva a denunciarles, reforzando la represión en ciudades y campos y extendiendo la prisión política. Y una farsa porque gane el rechazo o gane el apruebo, la letra magna será escrita por el Parlamento actual controlado por las dos derechas más el genuflexo progresismo del Frente Amplio y similares. Y el millennial Boric, presidente formal por los próximos tres años y medio, para sobrevivir, se convertirá en el tambor mayor de la conciliación con el capital y la derecha.

Por ello no podemos participar de su farsa constitucional y plebiscitaria. Por el contrario, hay que resistir activamente la oleada de ilusionismo y demagogia, reimpulsar la organización y la unidad de las y los de abajo, reforzar el desarrollo de la conciencia y de las capacidades de movilización propias de los pueblos explotados, oprimidos y discriminados por el capital y las elites. Toda libertad de elegir es ilusión mientras exista prisión política. Nuestrxs muertxs y mutiladxs, y nuestrxs presas y presos, no han sido olvidados; sus nombres son y serán voceados en las calles.

¡Abstención Activa o voto Nulo!

Por Rafael Agacino

Investigador independiente y educador popular. Integrante del RPS.

31 de agosto de 2022