Presidente de Dispensario Nacional de cannabis cumple un mes preso por no presentar un permiso de cultivo y plantación que no existe

El presidente de Dispensario Nacional de Cannabis, Luis Quintanilla Alarcón, cumplirá un mes en prisión preventiva en la cárcel de Santiago 1, por considerarse – según la justicia – un peligro para la sociedad. Esto, pese a que Alarcón no cuenta con causas donde exista víctimas ni relación con delitos de tráfico de sustancias ilícitas.

Quintanilla Alarcón es líder en la comunidad cannábica, ha ido a hablar al Congreso en diferentes ocasiones, para las comisiones de Salud y Seguridad, sobre la regulación del acceso al cannabis en Chile, así como fundador del Dispensario, una corporación de usuarios medicinales de cannabis que alberga a más de 350 socios de diferentes edades y con múltiples enfermedades, refiere El Mostrador.

Pese a esto, el presidente del Dispensario Nacional se mantiene privado de libertad por el incumplimiento de un permiso de cultivo y plantación que da el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), sin embargo, este permiso es inexistente, ya que no se entrega ni para uso personal ni colectivo, e incluso desde el SAG han enviado un oficio a Fiscalía indicando esto.

La directora nacional del SAG, Andrea Collao, envío el pasado mes de julio, el oficio al fiscal Jorge Abbott, en el que se indicó que en “innumerables ocasiones” se ha requerido al servicio una autorización para “sembrar, plantar, cultivar y cosechar especies vegetales del género cannabis, para uso personal, próximo en el tiempo, pero especialmente para uso medicinal” y se puntualizó que «el SAG no otorga autorizaciones para uso personal».

Ya Quintanilla había sufrido allanamientos por parte de la policía, uno registrado en 2017 y otro en 2021. Esto tras ser denunciados por un vecino.

Por esta razón, se le adjudicó la medida de prisión preventiva.

La formalización ocurrió el 2 de agosto de 2022, declarándose prisión preventiva por el tiempo que dure la investigación, refiere El Mostrador.

No obstante, el abogado de Luis, y coordinador de la Clínica Psico Socio Jurídica de Fundación Daya (que promueve el uso de cannabis medicinal), Hernán Bocaz, comenta que “se le comunica (a Luis) que se le está investigando por el art. 8 de la Ley 20.000, que es cultivo sin autorización, y esta investigación es en calidad de presidente y representante legal de Dispensario Nacional”.

Desde que se mantiene en prisión preventiva, Quintanilla solo ha podido tener acceso para ver a su abogado.

“Hubo una semana que estuvo en transición por temas Covid y por protocolos, en la que estuvo muy mal, pasó hambre, pasó frío, no le dieron agua, lo tuvieron en un calabozo”, señala el abogado, citado por El Mostrador.

Bocaz indica que “para nadie es sorpresa” el estado de incumplimiento respecto de las cárceles en el país y que en Santiago 1 no se cumplen los estándares mínimos de derechos humanos.

«Cuando llegó Luis eran seis o siete personas en una celda en el módulo 1, con ventanas quebradas por donde entraba frío y humedad. Cuando estaba en el módulo de tránsito tenía que dormir en tres colchonetas que compartían entre todos, tenía que tomar agua con la mano”, advirtió.

El 7 de septiembre fue la audiencia donde la defensa especificó las vulneraciones a Luis Quintanilla, pero según el juez esto era constitutivo de otras transgresiones, por lo que se tenía que ver en una cautela de garantías, la cual se fijó para el 26 de septiembre.

Perseguidos por la Ley 20.000

Quintanilla es uno de los tantos perseguidos por la Ley 20.000, pese a que, tras un decreto, el Estado chileno reconoce y legaliza el uso medicinal del cannabis.

La diputada Ana María Gazmuri, fue consultada por si considera que existe un patrón desde el Estado para perseguir a quienes cultivan y hacen uso del cannabis de manera medicinal.

En este sentido, enfatizó que “absolutamente, aquí hay un patrón sostenido desde el Ministerio Público, en que incluso ya en los alegatos finales de los juicios, cuando ha estado toda la prueba a la vista, que conduce al sobreseimiento, Fiscalía hasta último minuto insiste en condenas, que en lo general parten de 3 años y 1 día hasta 10 años y 1 día (…), entonces, sí, podemos ver una actitud absoluta, clara, inexplicable, en que Fiscalía insista en criminalizar a usuarios a pesar de que su discurso público es distinto”.

De igual forma, aseveró que Luis no tendría por qué estar en la cárcel.

“La finalidad de la Ley 20.000 es reducir el tráfico, el bien jurídico protegido es la salud pública. Cuando hay una corporación que cultiva para su autoconsumo, no existe afectación de la salud pública, por lo tanto, no hace sentido una condena como esta”, puntualizó.

Desde niños con leucemia a adultos con dependencia funcional y cuidados paliativos, son algunos de los miembros del Dispensario y quienes hacen uso de los productos derivados de las plantas, por las cuales hoy Luis se encuentra en prisión. Esto debido a un permiso de plantación y cultivo que es inexistente.

Prisión preventiva sin fundamento

El abogado Hernán Bocaz aseveró que, al no existir un permiso, la prisión preventiva “no solo es desproporcionada, sino que no está fundamentada”.

Por esta razón, esperan como defensa que Fiscalía aplique un principio de objetividad y la absolución completa de los cargos por los que se le imputa a Quintanilla.

«Es bien extraño que se considere que Luis puede ser un peligro para la sociedad o que haya peligro de fuga, siendo que él mismo se presentó voluntariamente al tribunal para cumplir la medida que ellos decretaron”, señala Bocaz.

De igual forma, desde la Bancada Transversal Regulación por la Paz es legislar una nueva Ley de Drogas para alejar a los consumidores de cannabis de las redes del narcotráfico y los prejuicios en torno a esto.

“Desde la bancada se está impulsando el cambio en la tipificación del cannabis, que se ponga en su correcta clasificación, es decir, que se saque del art. 1 del Reglamento de la Ley 20.000 y se cambie al art.2 (…). Desde el Ejecutivo tienen que hacer un decreto, que es un acto administrativo, que permitiría poner al cannabis en su correcta clasificación, que es su clasificación de sustancia controlada pero con usos medicinales. Hoy día está clasificada en las sustancias de alto poder tóxico sin uso medicinal y sabemos que eso es falso”, indica Gazmuri.

Por otra parte, desde el Dispensario Nacional, enviaron una misiva al presidente Gabriel Boric, para solicitar la pronta liberación de Quintanilla.