«Han transcurrido 23 años desde el momento del crimen sin que se haya identificado, investigado y juzgado a todos los responsables», dice parte del informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 13 de agosto de 1999, el periodista, abogado, activista y humorista político colombiano Jaime Hernando Garzón Forero, de 38 años, fue asesinado en Bogotá, capital del país suramericano.
Ese día, la camioneta en la que se movilizaba fue interceptada por dos criminales que iban a bordo de una motocicleta, quienes le propinaron cinco disparos y causaron su muerte instantánea.
El hecho ocurrió en un semáforo cercano a Quinta Paredes en la localidad de Teusaquillo, cuando iba camino a Radionet, donde trabajaba.
Los sicarios fueron enviados por el entonces jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, con la complicidad de agentes del Estado, entre ellos José Miguel Narváez, entonces subdirector del ya disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta.
Pasos insuficientes
En marzo de 2004, Castaño fue condenado por el asesinato, pero murió en abril de ese año.
En 2016, el Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa (Ejército Nacional y extinto DAS) por su responsabilidad agravada en el homicidio de Garzón, que a su juicio se constituyó en un «delito de lesa humanidad».
Entretanto, en agosto de 2018, Narváez fue condenado en primera instancia por un juzgado de la capital colombiana a 30 años de prisión por su participación en el crimen. En julio de 2019 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena, pero rebajó la pena a 26 años y tres meses de prisión; y en 2021 la Corte Suprema de Justicia la dejó en firme.
Se determinó que el exsubdirector del DAS instigó a Castaño para ordenar la muerte de Garzón, a quien acusaba de tener nexos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
«Su labor como defensor de derechos humanos fue el motivo por el cual agentes del Estado y miembros de grupos paramilitares, algunos de los cuales fueron condenados en el proceso penal, lo habían declarado objetivo militar», dice la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) en un texto de diciembre de 2021.
De acuerdo con el CCJ, el asesinato de Garzón se cometió en un contexto de ataque generalizado y sistemático contra luchadores sociales en la década de 1990, cuando también fueron asesinados Mario Calderón, Elsa Alvarado, Eduardo Umaña y Jesús María Valle, entre otros defensores de derechos humanos.
Admisión en la CIDH
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la petición que la CCJ y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) hicieron en 2011 por el asesinato de Garzón.
«Desde entonces, las organizaciones hemos insistido en que dada la sustancial impunidad en que se mantienen los hechos, es necesario un pronunciamiento de fondo que establezca la responsabilidad internacional del Estado colombiano«, dice un comunicado conjunto de la CCJ y el Cajar.
Las organizaciones indican que la CIDH estudiará la violación a los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y la libertad de pensamiento, las garantías judiciales y de protección judicial en torno al homicidio.
La CCJ y el Cajar detallan que en su informe, la Comisión «desestimó las pretensiones de inadmisión del caso planteadas por el Estado colombiano», con las cuales se buscó mostrar diligencia en avances judiciales a la par que justificar la impunidad, la falta de sanción y judicialización de los responsables, en especial de los altos mandos militares que habrían estado involucrados en el asesinato, y que no han sido sancionados.
Asimismo, la CIDH señaló que si bien se han producido investigaciones penales y decisiones contencioso administrativas, «han transcurrido 23 años desde el momento del crimen sin que se haya identificado, investigado y juzgado a todos los responsables» del asesinato de Garzón, «ni mucho menos indagado sobre todos los posibles responsables intelectuales dentro de la cadena de mando militar y civil».
Sobre las investigaciones penales, la instancia interamericana subrayó que «esta carga debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, y no como una gestión de intereses de particulares o que dependa de la iniciativa de estos ni de la aportación de pruebas por parte de las víctimas».
El Cajar y la CCJ se refieren en el comunicado a una desviación en la investigación e indican que quienes hicieron esto «no incurrieron solamente en los delitos de fraude procesal y falso testimonio, como lo aseguró en su decisión la Fiscalía para inhibirse de seguir conociendo estos hechos bajo el argumento de que se trataba de delitos prescritos».
«Si la investigación realizada por esta entidad se adecuara a un enfoque macrocriminal tendría a su alcance los elementos indiciarios y el material probatorio para esclarecer que hicieron parte de un entramado que ideó, ejecutó y encubrió el asesinato de Jaime«, añaden en el texto.
«Seguiremos acompañando el trabajo incansable de las víctimas para que el asesinato de Jaime Garzón Forero no quede en la impunidad, para que su legado permanezca vivo y para aportar a la construcción del país que él soñaba: una patria digna, grande y en paz», dice el texto de la CCJ y el Cejar.
Fuente RT
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