El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) destina alrededor de 20 mil millones de pesos cada año al pago de subrogación de servicios. El monto representa una cuarta parte de su presupuesto y es un problema por el abuso en sobreprecios y contratos que “pasan de mano en mano entre los proveedores”, denunció Pedro Zenteno Santaella, director general del organismo.
Si el instituto recupera su capacidad operativa y de prestación de servicios médicos, como se pretende, obtendrá un ahorro de 25 a 30 por ciento sólo en el primer año. Ese es el objetivo, pero el avance será gradual porque el “desmantelamiento y privatización silenciosa” que se llevó a cabo durante décadas pasó por la eliminación de códigos de puestos de trabajo que hoy no se pueden contratar.
En entrevista, el funcionario comentó que está en proceso una reingeniería en la organización del Issste porque, es cierto, “prácticamente todo está en manos de empresas privadas”. Se necesita contratar alrededor de 7 mil trabajadores y conseguir los equipos médicos directamente con los fabricantes. “No queremos a los intermediarios”.
Para identificar las necesidades de personal y equipos médicos se realizó un censo en hospitales de segundo y tercer niveles de atención. Con el apoyo logístico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en dos semanas médicos y enfermeros recorrieron el país para obtener la información sobre los recursos humanos y materiales propios y los contratados con particulares.
Zenteno Santaella, quien ocupa la dirección general del Issste desde el 30 de noviembre de 2021, resalta otro aspecto de la situación en el organismo: cuando surgió el instituto, el primero de octubre de 1959, hace 63 años, había 500 mil derechohabientes. Hoy son 14 millones y la infraestructura no creció al mismo ritmo, sobre todo en el primer nivel.
Con información de La Jornada
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