El golpe de estado que ocurre en Honduras es la respuesta de los sectores conservadores a una consulta a la ciudadanía promovida por el presidente Zelaya, que sancionaría si se llamaba a una Asamblea Constituyente.
La ‘cuarta urna’ es el nombre que se da en los pasillos del gobierno hondureño a la propuesta que gatilló el golpe de estado ocurrido este domingo 28 de junio de 2009
El presidente Manuel Zelaya había convocado para hoy a que los ciudadanos se pronunciaran respecto a una convocatoria a una asamblea constituyente que reforme la Carta Magna.
O sea, se trataba de una consulta sobre su propuesta de instalar la cuarta urna. La pregunta que hoy se iba a hacer y que los golpistas censuraron era: “¿Está usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe una nueva constitución política?”.
Si ganaba tal propuesta se añadiría una urna más que definiera la voluntad del electorado respecto a la constituyente en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, en la que se elige presidente, legisladores y entidades municipales.
La derecha y sectores conservadores aprovecharon tal llamado a la consulta popular acusando que el gobierno de Zelaya persigue cambiar el marco jurídico del país para poder reelegirse.
Aprovechando su mayoría de el parlamento unicameral de Honduras, los sectores conservadores aprobaron una ley que regula los referendos y plebiscitos, medida orientada a invalidar jurídicamente la consulta propuesta por el presidente Zelaya.
La nueva legislación impide la realización de consultas 180 días antes y después de las elecciones generales, por lo que el Congreso declaró ilegal la consulta a si se podía incluir la cuarta urna.
Zelaya ganó las elecciones presidenciales en 2005 y culmina su mandato el 2010 y rechazó la acusación de que pretende continuar en el poder más allá de los cuatro años para los que fue electo.
Durante esta semana también el presidente destituyó al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vázquez, quien se negó a apoyar la logística para la consulta. También renunció el ministro de Defensa, Ángel Edmundo Orellana y otros mandos militares.
La remoción de Vázquez, sin embargo, fue parada el viernes por la Corte Suprema de Justicia, que admitió dos recursos de amparo que protegían a Vásquez.
El apoyo al presidente Zelaya de parte de organizaciones populares e indígenas motivó además que el ejército hondureño movilizara efectivos el jueves pasado.
Horas antes del golpe de estado, el presidente Zelaya dijo que consideraba que “el estado de derecho en Honduras está en peligro”.
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El Ciudadano
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