Lavado de imagen sionista

La verdadera conclusión es que el vínculo entre los gobiernos de Chile y la entidad sionista, en todos los planos en que suelen destacarla como si tuviéramos que agradecerle a Jehová esta bendición de acuerdos, debe ser urgentemente revisada.

Wari

29/09/2022 11:04pm

Por Pablo Jofré Leal

La llamada Unidad de Investigación del medio digital El Líbero, vinculado a la derecha política y económica chilena nos entrega un artículo titulado “Defensa, satélites, agua y salud: la estratégica relación con Israel que Boric puso en riesgo”, haciendo alusión al impasse generado por la decisión del presidente chileno de no recibir, el día 15 de septiembre pasado, las cartas credenciales del nuevo embajador israelí en Chile, Gil Artzyeli.

Un artículo destinado, no sólo a limpiar la imagen del régimen sionista, sino que a demostrar que las relaciones económicas y estratégicas con Israel son indispensables (1) y que Boric ha cometido un error de proporciones, como ha sido vociferado urbi et orbi. Resulta evidente la campaña de relaciones públicas en las que se embarcó el régimen israelí, tras la negativa del presidente chileno Gabriel Boric, de recibir al diplomático israelí Gail Artzyeli reemplazante de la ex embajadora, la cientista política argentina, colona en tierras palestinas, Marina Rosenberg. La maquinaria política y mediática del lobby sionista echó a andar su engranaje, involucrando a políticos estadounidenses, el lobby sionista en Washington, con voces desde Tel Aviv, pasando por los sionistas criollos y aquellos, que comandados por rabiosos ocupantes de tierras palestinas, acusa a la comunidad palestina en Chile y al mandatario chileno de antisemitas. Todo ello con el silencio cómplice de los medios chilenos cooptados en su trabajo –bajo el temor que también los califiquen como antisemitas– en el clásico argumento falsario, destinado a acallar las críticas y denuncias frente a sus crímenes. El Líbero aplicó la hasbará como método de trabajo(2).

CORRUPCIÓN, ARMAS Y SATÉLITES

El medio derechista entrega, a mi entender por supuesto, un trabajo deficiente, que carece de investigación, y lo que debería decir, en función de su misión de informar, lo calla ostensiblemente. Este portal refiere que los vínculos con Israel, entre ellos los militares, son una relación estratégica, pero nada dice, por ejemplo, de los peligros que entraña dicha relación, por ejemplo, en materias de corrupción. Como ha sido el caso de las denuncias de ilícitos entre empresas chilenas como Famae y empresas militares israelíes, denunciadas en su momento. “La ministra en visita Romy Rutherford se apersonó en las bodegas del Instituto Geográfico Militar, en Famae y en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, buscando documentos sobre el eventual desfalco. En la indagatoria, aparecieron los nombres de empresas de Chile, Israel y Estados Unidos. Sigilosamente, este 28 de junio, el Ejército inició una investigación interna. Un general en retiro denunció, ante la magistrada, que hubo corrupción en los proyectos secretos Daga y Centauro. También reveló que hubo destrucción de computadores con información sensible”(3).

Las empresas israelíes que no menciona El Líbero y que fueron denunciadas en diversos casos de corrupción, por compras de armas entre el año 2008 y el 2015, son Elbit Systems Land and C4 Tadiran y la compañía de armamento Rafael Advance Defense System. ¿Con ellas queremos tener relaciones estratégicas? ¿Son estas las empresas referentes para llevar adelante una política de defensa, donde en los últimos años hemos sido testigos de una trama plagada de corrupción, robos y descrédito de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, con Altos Mandos procesados, una imagen social por los suelos y además vincularnos con un régimen como el sionista, violador de los derechos humanos, con acusaciones por crímenes de guerra y lesa humanidad?

Casos que siguen sin salir completamente a la luz pública, que suma otras operaciones de fraude y desviación de fondos públicos de la Ley Reservada del Cobre, denunciado en su momento por el periodista Mauricio Weibel y que requiere ser visibilizado. La lista suma y sigue con la renovación de tanques Leopard, que significó el pago de comisiones por ocho millones de dólares a los altos mandos del ejército chileno. La Armada, con acusaciones por la adquisición de cuatro fragatas holandesas y el pago de millonarias comisiones en la compra total de 350 millones de dólares. En el caso específico de la FACH, han sido los denominados casos “Mirage” y “Helicópteros Belt 412”, casos que significaron el procesamiento del otrora comandante en jefe de la FACH, general (R) Ramón Vega, mientras que en el contexto del ‘Caso Bell 412’, el general Patricio Ríos, de la misma institución, terminó renunciando a la Comandancia en Jefe. ¿Existen empresas israelíes o comisionistas de esa entidad involucrados? Este cronista solicitó, vía ley de transparencia, que se informara sobre los contratos firmados por el Estado chileno a través de sus fuerzas armadas con empresas israelíes, incluyendo a carabineros. La respuesta fue negarse por razones de “seguridad nacional”.

El Líbero, en su papel de tratar de convencer que tener vínculos comerciales y estratégicas con Israel es positivo y que en materia de tecnología satelital, el no haber recibido al embajador israelí Artzyeli ha puesto en peligro las relaciones con Israel. Recordemos, que en octubre del año 2020 el presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó el llamado Sistema Nacional Satelital (SNS), pilar para concretar el postergado Programa Espacial de nuestro país. Lo particular de dicho sistema es la sociedad con el régimen israelí, una entidad acusada de cometer crímenes de guerra y lesa humanidad. Un régimen donde su industria militar, aeroespacial, de servicios de seguridad y tecnológica, cumplen un papel fundamental en el proceso de ocupación, colonización y el exterminio del pueblo palestino. Dicha afirmación se fundamenta incluso en la máxima de su industria militar, de seguridad y tecnología “probada en terreno”. Claro, ensayada en los cuerpos de miles de hombres, mujeres y niños asesinados por las bombas, drones, uso de artillería y otras armas que con tanta parafernalia publicita el sionismo. Los asesinatos selectivos con uso de tecnología de vigilancia satelital son parte de la dinámica de dominio del régimen sionista contra Palestina y su población. Gaseados por las bombas lacrimógenas, veneno puro y aturdidor, exportado para la represión de las manifestaciones sociales en Latinoamérica. Toda la industria israelí está enfocada en mantener en actividad su existencia delictiva. ¿Eso queremos como relaciones?

El ex ministro de Defensa de Sebastián Piñera, el ex oficial de carabineros y ex diputado Mario Desbordes, dio a conocer un punto preocupante respecto a la firma de este acuerdo conjunto para la construcción de satélites. “Este es un proyecto que va mucho más allá de lo que se había estado haciendo hasta ahora. Las instituciones chilenas se verán fortalecidas con el desarrollo científico en el país… en los próximos seis a 12 meses ya se dispondrá de un satélite que se compartirá en proporciones de 60% para Chile y 40% para el consorcio israelí que se adjudicó el concurso”(4). El consorcio al que hizo referencia Desbordes es ImageSat, con sede en la ciudad de Tel Aviv, ubicada en la Palestina histórica ocupada. Empresa que se adjudicó la licitación en la cual participaron 48 empresas de distintos países. Es decir, Israel compartirá un satélite cuya información militar, cartográfica, información sensible será de utilidad para una entidad extranjera.

En mayo de 2021, señala El Libero, a través de su Unidad de Investigación, que el entonces ministro de Defensa Nacional, Baldo Prokurica –quien reemplazó a Desbordes en octubre de 2019- anunció una “nueva era espacial” con 10 satélites nacionales, y acceso a 250 dispositivos internacionales. Para este proyecto satelital se hizo una licitación internacional por US$120 millones y un contrato de cinco años, que fue adjudicado a la empresa israelí ImageSat International (ISI). Para El Libero, tomando in extenso la información entregada tanto por el Ministerio de Defensa chileno como de la Embajada de Israel, señala que “La información de los satélites será muy valiosa, no sólo para la defensa, sino para las ciencias, la minería, los recursos hídricos, bienes nacionales, energía, la academia y la sociedad civil en su conjunto”(5).

Si la Unidad de Investigación de El Líbero hubiese hecho un trabajo medianamente aceptable, tendría que haber dado luces del vicepresidente de la compañía israelí ImageSat, Liron Vine -que aparece en la página web de la empresa con el nombre de Vid de Liron– quien destacó estar en Chile para la firma del contrato “para ayudar y trabajar junto con los especialistas chilenos y hacer que este programa funcione. Estamos muy orgullosos de ser el socio principal de la fuerza aérea chilena, esto es algo muy progresivo, muy avanzado y estamos felices de ser socios de Chile”. Los antecedentes de este ejecutivo indican que ha trabajado con el ejército de ocupación israelí en fuerzas terrestres, aéreas, marítimas y de inteligencia y en los mercados de defensa globales para programas a gran escala en el campo de las fuerzas terrestres, aéreas, marítimas y de inteligencia, ocupando cargos en la empresa BVR Systems & Elbit Systems. Esta última empresa, involucrada en el caso de facturas duplicadas con el ejército chileno.

Reitero lo señalado en trabajos anteriores. La compañía estadounidense SpaceX (6) se adjudicó, junto a la israelí ISI Imagesat International, el lanzamiento de los diez satélites del nuevo Sistema Nacional Satelital (Snsat) de Chile. Un proyecto considera poner en el espacio entre 2021 y 2024 los satélites Fasat-Delta, Fasat-Echo 1 y Fasat Echo-2. Los otros siete satélites más pequeños, de entre 12 y 13 kilos, se lanzarán: uno en 2023, tres en 2024 y tres en 2025. Ocho de los diez satélites serán construidos en Chile por técnicos e ingenieros nacionales, pertenecientes a la Fuerza Aérea y también a varias universidades del país. Para operar estos satélites se inaugurará en 2022, en la base aérea Cerrillos, el nuevo Centro Espacial Nacional (CEN). Allí habrá un laboratorio especializado en la fabricación de satélites y cargas útiles. Un Centro de Emprendimiento e Innovación Espacial. Otro de Control de Misión Espacial y uno destinado al análisis y procesamiento de la información geoespacial. Además, en Antofagasta, Santiago y Punta Arenas se levantarán estaciones de monitoreo de la información que transmitan estos satélites”. La pregunta es ¿Quién procesará la información obtenida y cuánta de ella quedará en poder de Israel?

En abril del año 2021 conocimos, a través de la página de la subsecretaria para las Fuerzas Armadas, que el Ministerio de Defensa de Chile, con el ex jefe de cartera Baldo Prokurica y el gobierno regional de Magallanes con la ex intendente, Jennifer Carrasco, firmaron un acuerdo de cooperación como parte del Sistema Nacional Satelital (SNS). Prokurica anunció una inversión de $5 mil millones “para esta nueva estación que se construirá en la Base Aérea Chabunco, dotada de antenas y un edificio central, donde se albergará el Data Center y un sistema de procesamiento de Big Data. Las obras deberían comenzar en diciembre de este año 2021 y el inicio de sus operaciones se proyecta para diciembre de 2022”.

La narrativa, para justificar la instalación de esta estación de monitoreo en Punta Arenas, refiere a que se podrán concretar “proyectos educacionales, de investigación y desarrollo de tecnologías, transformándose en un polo de generación de capital humano, apoyando la retención de talentos en la región y de la misma forma, un polo de generación de servicios espaciales”. El punto sospechoso es que, en este proyecto, vuelve a aparecer una entidad israelí, la Fundación Ramon, que recuerda a un aviador militar sionista y primer astronauta de esa entidad. Un militar vinculado también como director del Departamento de Operaciones de Requerimientos para el Desarrollo y Adquisición de Armas de la aviación israelí.

Articulación con una entidad sionista que, según las autoridades chilenas, permitirá incorporar a la comunidad escolar de la región en temas satelitales y en ámbitos de investigación científica. ¿No existen instituciones no vinculadas a un régimen criminal como el sionista? ¿No existen universidades chilenas, centros de estudio que puedan desarrollar esta labor? Desde estas páginas resalto la necesidad de que Chile, su sociedad, sus parlamentarios, los que tienen el deber de fiscalizar lo que se concreta en acuerdos que involucran dineros públicos y, sobre todo, con quiénes se firman, revisen la licitación adjudicada a esta empresa israelí, no sólo por su estrecha relación con el ejército ocupante sionista y los crímenes cometidos contra el pueblo palestinos y las acciones de desestabilización sobre Asia occidental, sino también por la experiencia de corrupción que empresas de Israel tienen con algunas ramas castrenses chilenas. Como también el que uno de los ejecutivos firmantes del programa SNS haya tenido un papel principal en el caso conocido como facturas duplicadas.

EL ZORRO CUIDANDO LAS GALLINAS

El Líbero, aprovechando la crisis en materia de ciberseguridad por el tema del ciberataque al Estado Mayor Conjunto chileno, nos dice en su trabajo que “Ciberseguridad es otra área de colaboración con nuestro país. Israel tiene un gran avance en dicha materia, pues cuenta con una estrategia nacional de ciberseguridad que es referencial. No sólo se trata de proteger la gestión del gobierno; también empresas, infraestructuras, usuarios individuales, la vida cotidiana requiere ser protegida, y la ciberseguridad es la encargada de aquello”. Si algo tuviese que haber explicitado esta “Unidad de Investigación” son las acusaciones respecto al papel que cumple Israel y sus empresas de ciberseguridad en el espionaje mundial. Esto, porque la entidad sionista vende al mundo una imagen innovadora, tecnológicamente avanzada en aspectos relacionados con el uso del agua, la agricultura, pero su esencia no puede ocultar sus acciones en campos claramente violatorios del derecho internacional y que se expresa en las denuncias por el uso de programas informáticos de espionaje. Invito a El Libero a que utilicen gratuitamente la información que suelo entregar al respecto y podrían advertir lo peligroso que es mantener relaciones para ciberseguridad con quien es acusado de crímenes en esta área.

Esta entidad, que gasta cientos de millones de dólares anuales para limpiar su imagen violadora de los derechos humanos, denunciado por crímenes de guerra y lesa humanidad, no puede esconder una cuestionable área de exportación. Me refiero a aquella donde las revelaciones que han salido a la luz pública muestran su labor en el espionaje mundial, en el robo de información y el uso de datos para la vigilancia, llevada a cabo por los servicios de inteligencia de países que adquieren dichos programas o software espías llamados también spyware maliciosos para acciones claramente ilegales. Utilizados por gobiernos de países con antecedentes de vigilar a sus ciudadanos y a gobiernos y sociedades fuera de sus fronteras, mediante hackeos y ataques cibernéticos. Una querella que ya se había hecho pública en febrero del año 2019, pero que en julio del 2021 estalló en toda su magnitud (7).

Es el Ministerio de Guerra sionista, quien ha concedido a NSO Group la licencia para exportar el software Pegasus, como también a otras empresas dedicadas a este negocio calificado como un área opaca, donde se genera una enorme magnitud de violaciones de derechos humanos perpetradas a través de sistemas de cibervigilancia, que ha desatado, según señala Amnistía Internacional (AI) una crisis global en materia de derechos humanos. La secretaria general de AI, Agnés Callarmard, señaló frente a lo denunciado respecto a NSO Group que “en los últimos días, el mundo se ha sentido indignado, con razón, por los ataques sistemáticos a activistas de derechos humanos, profesionales del derecho y periodistas que el Proyecto Pegasus ha puesto al descubierto. Pegasus no sólo es un riesgo y daña a las personas atacadas ilegítimamente, sino también desestabiliza los derechos humanos a nivel mundial y en la seguridad del entorno digital en general”.

¿A que nos llama El Líbero cuando afirma que el gesto del presidente Boric puso en peligro “la estratégica relación entre Chile e Israel”? Seguramente a hacer la vista gorda, a una peculiar teoría de las cuerdas separadas en el ámbito del periodismo: no importa las violaciones a los derechos humanos y los crímenes que comete el sionismo, mientras los negocios marchen bien. El que este medio informativo como El Líbero no hable de las facturas duplicadas, los riesgos que la entidad israelí tenga acceso a información satelital sensible a través de sus empresas, que haga caso omiso a la participación de Israel en el cibercrimen mundial, son la muestra evidente de la hasbará periodística de este medio, tratando de lavar la cara sucia del régimen israelí. Eso debe ser denunciado con fuerza y sobre todo detener la violación de la privacidad de miles de personas, gobiernos, entidades públicas y privadas y el uso de esa información, cuyo objetivo es seguir fortaleciendo una política de espionaje global. ¿Eso queremos para Chile, sobre todo aquellos que son parte del grupo de accionista de El Líbero y que suelen vestirse de ropajes de nacionalistas y defensores de la patria, como el empresario Juan Sutil, Gabriel Ruiz Tagle, Juan Antonio Guzmán, Carlos Kubick, Eduardo Chadwick, entre otros?

¿De verdad creen los expertos económicos de El Líbero, considerar estratégica una relación comercial que no sobrepasa los us$224 millones de dólares anuales –en realidad las cifras del año 2021 señalan us$121 millones de importaciones y us$73 de exportaciones- direccionada en diamantes, piezas de aviones, medicinas, frutas y salmones? (8) Ello en un comercio exterior chileno que supera los 120 mil millones de dólares anuales. La cifra con el régimen israelí es ínfima y no afecta en modo alguno la política comercial del país si llega la necesidad de suspender todo vínculo con ese régimen. De todo lo escrito por El Líbero y su “Unidad de Investigación» lo único certero es que “de las numerosas áreas de colaboración israelí, quizás Defensa sea de las más profundas, emblemáticas e integrales”. Pero es un área tan oscura, con tantos hechos de corrupción, que obliga a revisar esas relaciones en el marco de una entidad que ha generado un sistema de apartheid contra el pueblo palestino y una política de crímenes de lesa humanidad. Un régimen que ha violado todas las resoluciones de la ONU respecto a su proceso de ocupación y colonización de Palestina, que se ha convertido en la punta de lanza de los intereses estadounidenses, no sólo en Asia occidental, sino también en Latinoamérica. Fuente de influjo negativo en la soberanía de nuestros países y de tensiones con nuestros vecinos. Un Israel que se beneficia de las guerras y la enemistad de los pueblos.

El Líbero, además, nos dice que la colaboración en el tema hídrico con Israel es beneficiosa para este Chile con dificultades en esta área. El régimen sionista tiene, entre sus prioridades políticas externas, la compra de conciencias y voluntades, para llevar a cabo, no sólo el lavado de imagen que requiere para ocultar los crímenes cometidos contra el pueblo palestino y su política desestabilizadora en Asia occidental, sino también la búsqueda de mercados para una economía que ofrece aquello que le es negado al pueblo al que ocupa y coloniza. Israel ofrece un espejismo, ofrece lo que roba y asienta un desarrollo sobre los huesos y la sangre del pueblo palestino. Cada año, los informes de organismos no gubernamentales, las autoridades y agencias palestinas o los emitidos por las Naciones Unidas, dan cuenta que entre 650 y 800 millones de metros cúbicos anuales es la cantidad de agua robada por la entidad sionista de los territorios palestinos.

Mekorot, la empresa israelí que maneja el agua de la Palestina histórica y los territorios ocupados a partir del año 1967 y la Franja de Gaza, bloqueada desde el año 2006, bombea esa agua de la napa freática de Cisjordania o de los pozos que existen en otras zonas de Palestina, sin pagar absolutamente nada. El año 2015 el ente sionista declaró “tierra estatal” una de las zonas más ricas de Cisjordania en reservas acuíferas, en el área de Wadi Fuquin, que se encuentra en el departamento de Belén, al sur de Al Quds. Una medida que disminuyó drásticamente el uso del agua por parte del campesinado palestino. Todo ello, evidentemente, violando las leyes internacionales, pues se apropia de los bienes del pueblo ocupado y después, la misma empresa, vende el agua robada a la población de Cisjordania. Negocio redondo del “prodigio israelí”(9).

Un informe elaborado por la ONG israelí BTselem (10) del año 2016, y que no ha variado un ápice, señala que “el 90% del líquido al que tienen acceso los habitantes de la Franja no es potable y no es apta ni para el consumo ni para cocinar ni para ducharse ni para lavarse los dientes: está demasiado salada y sucia, además de contener un alto porcentaje de nitratos cancerígenos. Los cólicos y las enfermedades de la piel, entre otras, son moneda corriente”. Al robo del agua debemos sumar el uso desigual que se hace del líquido elemento. El Organismo Central Palestino de Estadísticas ha señalado que el promedio de la parte reservada al ciudadano palestino es de 100 litros diarios para el uso general: aseo, alimentación, irrigación… a diferencia de los 375 litros por cada israelí. A la hora del pago, el descaro es aún mayor, ya que los palestinos pagan 3,6 veces más que los israelíes el litro de agua. Un recurso vital que además es utilizado por la ocupación israelí en forma indiscriminada para hacer florecer las granjas de colonos asentados en territorio palestinos, sus parques acuáticos, generar verdor en el desierto para después mostrar al mundo el “milagro sionista”. Una supuesta maravilla, que se usa como parte de la hasbará, la explicación, el esclarecimiento que no es más que una palabra hebrea para describir la labor de propaganda de un régimen que basa sus éxitos en la explotación y el crimen del pueblo palestino.

Elementos básicos, que la Unidad de Investigación de El Líbero debería, por un mínimo de respeto al lector, mencionar. Tal vez es pedirle peras al olmo y constatar que la influencia sionista en los medios de desinformación y manipulación tiene un desarrollo al cual debemos temer. Un Israel, que a través de una diplomacia activa y dinámica, apoyada por grupos parlamentarios, que suelen recibir generosas donaciones para su campañas políticas y viajes de ensueño a los territorios de la Palestina ocupada, para ver en terreno el “milagro israelí”. A lo señalado debemos sumar el silencio cortesano de las supuestas unidades de investigación, que poseen algunos medios como pantalla para no decir lo que debería ser una exigencia ética.

Lo claro es, estimados amigos y amigas, que tras el trabajo investigativo de El Líbero queda en evidencia, que en temas de defensa, satélites, agua y salud, la estratégica relación con Israel que Boric puso supuestamente en riesgo, es simplemente una falacia. La verdadera conclusión es que el vínculo entre los gobiernos de Chile y la entidad sionista, en todos los planos en que suelen destacarla como si tuviéramos que agradecerle a Jehová esta bendición de acuerdos, debe ser urgentemente revisada.