A casi 50 años del golpe de estado y más de 30 desde el regreso de la democracia, muchas de las familias de los detenidos desaparecidos en dictadura aún no han visto aplicar la justicia a los genocidas que les arrebataron a sus seres queridos de sus vidas, como tampoco han podido encontrar a los cientos de personas detenidas por el régimen cívico militar de Pinochet.
Sin embargo, algunos lugares de Chile han sido apuntados como espacios donde se ejecutó, torturó e inhumó a muchas de estas personas, sin ser estos considerados oficialmente como tal.
Este es el caso del terreno que alberga a la ex discoteque Luxor, la que, con su llamativa infraestructura con forma de pirámides egipcias, esfinges y sus masivas fiestas, llamaron a miles de capitalinos a pasar noches de juerga en los años 90 y 2000.
Durante años, este espacio de distención ubicado en Av. Departamental 4400 Macul, también era conocido por los vecinos que vivieron en la época de dictadura, como un lugar donde decenas de personas encontraron la muerte al ser ejecutados con metralletas y enterrados bajo metros de árida tierra con ayuda de bulldozers que intentaron ocultar los crímenes ocurridos en el lugar.
Décadas después, con el cierre de este lugar y del restorán Parrillada Donde la Cuca, ubicado en el mismo terreno, un grupo de vecinos de Lomas de Macul, compilaron una serie de declaraciones que denunciaban que “habrían visto en distintas ocasiones la muerte y el ocultamiento de los cuerpos de personas fallecidas a manos de militares, situación que los llevó a unirse y buscar en esta dependencia oídos a sus denuncias”.
La denuncia se efectuó legalmente, siendo presentada al Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, ya que se enteraron de que este predio sería vendido por su propietaria original, la empresaria Gladys González y otros privados, en una operación que superó los US$56 millones, según informa CIPER, a la inmobiliaria Departamental, que pretende construir un proyecto inmobiliario que podría destruir cualquier evidencia de restos de detenidos desaparecidos y pruebas de que las ejecuciones se realizaron en este lugar.
La comisión de DDHH del Ministerio de Justicia informó a la ministra en visita Paola Plaza haber recibido estos testimonios de vecinos. La magistrada Plaza confirmó a CIPER que ya se inició una investigación penal. Si se detectan evidencias, la indagatoria podría afectar el proyecto inmobiliario aledaño, en el que se planifica la construcción de nueve edificios de departamentos.
Ante a decisión penal de indagar en los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el terreno, Carlos Reyes, gerente técnico de Inmobiliaria Departamental, empresa que planifica construir los nueve edificios, dijo a CIPER que se enteraron de la investigación penal a principios de agosto. Agregó que se reunieron con la ministra Plaza durante una visita que ella realizó en terreno el 22 de agosto.
Respecto a la disponibilidad de la empresa para hacer excavaciones destinadas a confirmar o descartar los testimonios de vecinos, Reyes señaló: “Tenemos la intención de iniciar las faenas de excavación de nuestro proyecto el primer semestre del 2023 y, en esa instancia, no habría inconveniente de que se efectúen inspecciones visuales, si fuese necesario”.
La ministra Plaza explicó al medio de investigación CIPER que los primeros pasos de la investigación serán hacer concordar los relatos que nos hicieron llegar con las declaraciones de los testigos empadronados por la PDI, más el registro fotográfico de la zona que, antes de ser este centro de entretenimiento y ahora posible proyecto inmobiliario, eran terrenos agrícolas. La ministra plaza también explico que este proceso implica una reconstrucción histórica del espacio “para ver qué es lo que había”.
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