Organizaciones sociales y de DDHH repudian espionaje y persecución política revelados tras hackeo al Estado Mayor Conjunto

Un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos, junto a personas de distintos ámbitos de la sociedad, emitieron una declaración repudiando el espionaje y la persecución política revelados tras el masivo hackeo al Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas.

Entre los firmantes del texto se encuentran la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos – AFEP, la Comisión Ética Contra la Tortura, la Asamblea de familiares de presos políticos, el Grupo Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta, la Comisión Nacional de DDHH Chile-Suecia, la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial, la Red Internacional de Apoyo a los Presos Políticos en Chile, el Observatorio de DD.HH. y Violencia Policial, y la Fundación por la Memoria de San Antonio.

«La filtración del hackeo masivo a los correos institucionales del Estado Mayor Conjunto no sólo develó hechos aberrantes como la colecta organizada por el Vicealmirante de la Armada Ramiro Navajas para financiar la defensa de violadores de DD.HH., sino también situaciones en extremo preocupantes de persecución y seguimiento político a organizaciones políticas de izquierda y a movimientos sociales de diversa índole», afirma la declaración.

Para los firmantes, «el hackeo a los correos del Estado Mayor Conjunto (EMCO) puso sobre la palestra la inoperancia de los mandamases de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, pero a la vez reveló la persecución y seguimiento a una amplia gama de organizaciones sociales y políticas».

Por ello, agregaron, «las y los abajo firmantes denunciamos firmemente los casos de clara persecución, espionaje y seguimiento político realizados por las Fuerzas Armadas y policiales reflejados en los correos hackeados que se realizaron a organizaciones de izquierda, populares, de DD.HH. y sociales. Este es un ejemplo claro de cómo estos organismos sostienen la tesis del enemigo interno y cómo utilizan recursos públicos para perseguir a las disidencias y frenar las luchas populares, de la juventud, de las mujeres o de los trabajadores».

En este punto, recordaron que «el escándalo previo a esta situación que significó el llamado ‘PacoLeaks’ que reveló en plena rebelión del 2019, cómo carabineros y especialmente su departamento de Inteligencia realizaba seguimientos a organizaciones sociales, sindicatos, dirigentes medioambientales y políticos. Los propios correos hackeados del Estado Mayor Conjunto revelan que posterior a este escándalo dichos seguimientos se mantuvieron impunemente en los meses y años posteriores».

«Vemos con preocupación esta situación en un marco de medidas represivas que no han frenado sino que lo contrario, han seguido desarrollándose y profundizando bajo el gobierno de Gabriel Boric, con la militarización en el territorio mapuche y la inaceptable represión a manifestaciones y asambleas estudiantiles, mientras los responsables políticos y materiales de las violaciones a los DD.HH. ocurridas durante el estallido social siguen impunes», señala el texto.

Lee y firma la declaración ACÁ

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