Que exista autonomía laboral y presupuestal del Tribunal de Justicia Administrativa, la creación de un sistema de evaluación del desempeño y la posibilidad de frenar los actos de inconstitucionalidad de los alcaldes son algunas de las reformas que se realizaron a la iniciativa que presentó el gobernador Miguel Barbosa Huerta para fortalecer al Poder Judicial.
La propuesta del mandatario fue presentada el 22 de septiembre en el Congreso de Puebla y se espera que el dictamen final sea votado en la próxima sesión del pleno, es decir, el 6 de octubre.
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Luego de una discusión de más de tres horas, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y la de Procuración y Administración de Justicia aprobaron por mayoría de votos más de 10 cambios al documento original. Estos se definieron previamente en dos mesas de trabajo.
En esta sesión se analizaron las propuestas reformatorias que presentaron las coordinaciones de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), así como las observaciones individuales de la diputada panista Mónica Rodríguez Della Vecchia y el morenista José Iván Herrera Villagómez; aunque en días pasados ya se habían incluido otras modificaciones.
¿Qué fue lo que cambió?
Con los cambios realizados por los diputados se dotará de autonomía al Tribunal de Justicia Administrativa, quien podrá realizar sus resoluciones y definir su presupuesto de forma independiente.
Además, la remoción de los magistrados o integrantes del Poder Judicial ya no iniciará por una denuncia ciudadana, como instruyó el mandatario, sino que los proceso de sustanciación de cualquier investigación iniciará en el Consejo de la Judicatura.
Asimismo, se garantizará que la conformación de los diferentes órganos del Poder Judicial (Consejo de la Judicatura, Tribunal de Justicia Administrativa, el pleno del Tribunal Superior de Justicia y la Sala Constitucional) respete la paridad de género.
El mecanismo de control de constitucionalidad también podrá controvertir los actos anticonstitucionales de los Ayuntamientos, y la revisión será a solicitud del alcalde o una tercera parte de los integrantes del Cabildo.
Otra es que el titular del Ejecutivo ya no integrará el Comité de Seguimiento para revisar que se implementen las nuevas reformas, y será el Consejo de la Judicatura quien revisará el trabajo de cada órgano y remitirá informes mensuales al Congreso del estado sobre sus avances o pendientes.
Algunas proposiciones fueron desechadas
Durante la sesión se aprobó una contrapropuesta del morenista Roberto Solís Valles para que en caso de que las designaciones de magistrados no cuenten con el apoyo del pleno, la persona titular del Poder Ejecutivo tenga 30 días para hacer el nombramiento, a pesar de que el diputado Iván Herrera Villagómez pidió que el plazo fuera de cinco días.
En su intervención, la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia adelantó que su voto por las reformas que se analizaron en esta sesión sería en abstención, toda vez que sus compañeros de bancada presentarán más cambios cuando se discuta en el pleno.
En respuesta, el diputado Eduardo Castillo López dijo que se hizo un calendario para presentar cambios, por lo que confió en que no haya más al momento de llegar al pleno, porque los diputados tuvieron tiempo para presentar sus inconformidades, postura que fue apoyada por el priista Néstor Camarillo Medina.
Cabe destacar que a esta y a las sesiones anteriores de las Comisiones Unidas de Gobernación y la de Procuración y Administración de Justicia no acudió la diputada Mónica Silva Ruiz, quien ha sido señalada por incurrir en conflicto de interés por su parentesco con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez.
Foto: Agencia Enfoque