La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, anunció que el gobierno presentará un proyecto de ley para facilitar las expulsiones de extranjeros condenados por tráfico de drogas.
La medida apunta a revertir un controvertido aspecto de la Ley de Migraciones promulgada durante la administración de Sebastián Piñera. Dicha legislación hoy prohíbe a los extranjeros condenados por infracción a la Ley 20.000 acceder a la pena sustitutiva de expulsión del país.
De esta forma, el proyecto presentado por el gobierno busca que los presidiarios que tengan una pena menor a cinco años y un día puedan ser expulsados del territorio nacional. La persona a la que se le aplique la expulsión no podrá regresar al país en un plazo de 10 años bajo riesgo de ser forzado a cumplir la totalidad de su pena privativa de libertad.
Según informó la ministra Ríos, la iniciativa busca desarticular las bandas de crimen organizado que operan al interior de las cárceles además de descongestionar los recintos, esto para velar por la seguridad tanto de internos como de gendarmes.
La secretaria de Estado añadió que el Ministerio de Justicia ha venido trabajando este proyecto de ley en conjunto con parlamentarios y delegados presidenciales del norte del país, una de las zonas más afectadas por la sobrepoblación de reos extranjeros en los centros penitenciarios.
Según cifras de Gendarmería, la población migrante recluida en Chile «se ha incrementado y se concentra en el norte del país«. Las estadísticas muestran que si el año 2013 representaba un 3,7 por ciento del total, en abril de este año ya alcanza al 10,3 por ciento del total de la población penal, con un total de 4.298 reclusos extranjeros.
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