Este jueves, familiares de presos políticos del estallido social manifestaron en las afueras del canal Mega, ubicado en la Región Metropolitana, con el objetivo de dar a conocer la situación penal de todos los detenidos.
De igual forma, para «exigir la anulación de las causas, el retiro de las querellas por parte del actual Gobierno, la inmediata implementación del indulto presidencial y un pronunciamiento de la administración de Gabriel Boric que termine con su silencio en esta materia”, refiere La Voz de los Que Sobran.
La movilización se registra días después de que Chile fuese elegido como miembro del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas (ONU).
Por esta razón, los familiares de los presos políticos señalan que este hecho ocurre, “mientras en Chile continúa la prisión política y se vulneran precisamente los Derechos Humanos no solo de los presos, sino también de quienes hoy ejercen su legítimo derecho a la protesta, existiendo incluso estudiantes secundarios que en los últimos meses han sido enviados a prisión preventiva o se les ha impuesto la medida cautelar de arresto domiciliario”.
Aseguran que, actualmente, muchos jóvenes se encuentran esperando un juicio oral, mientras que otros se encuentran encarcelando, alegando «supuesto peligro de fuga».
“Es importante señalar que existen presos políticos de la revuelta que fueron condenados -en muchos casos solo con el testimonio de la PDI y Carabineros- sin considerarse pruebas y sin un debido proceso, recibiendo penas de hasta 15 años. Es el caso de Cristian Cayupán, quien mantiene abierta una causa contra la PDI, Fiscalía y jueces por obstrucción a la investigación, que permitirá demostrar con pruebas concluyentes que la condena recibida no corresponde y para que se sancione al responsable, lo que resulta tedioso y lento, cumpliéndose ya 3 años desde su encarcelamiento”, profundizan los familiares de los presos políticos.
Por otra parte, instaron al presidente Gabriel Boric a cumplir con lo prometido durante la campaña y acelerar el proyecto de indulto presidencial.
Debido a que la situación se encuentran paralizada, los familiares acusan al “no cumplimiento de la palabra empeñada por las actuales autoridades ante los familiares de presos políticos realizadas durante la última campaña presidencial”.
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En esa misma línea, los familiares convocantes hacen hincapié en el hecho de que el anuncio y lanzamiento de la llamada Mesa de Reparación Integral por parte del actual gobierno “invisibilizó a los presos políticos y todas sus demandas que representan claramente una grave violación a los Derechos Humanos”.
Por otra parte, criticaron la situación de los presos políticos que se encuentran en cárceles comunes.
“Se vulnera no solo el derecho humano del preso político, sino que también los de sus familias, las que han sido sometidas a los procedimientos y reglas que tiene Gendarmería, sumado esto a un triste empobrecimiento económico, moral y físico”, puntualizan.
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